Demócratas para el Cambio afirma que “la pelota de la reforma electoral sigue en el campo de Coalición Canaria”

El vicepresidente de DPC, José Marrero, el presidente del colectivo, Vicente Mujica, y el responsable de comunicación, Luis Roca, durante la rueda de presa.

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

“Que nadie lo dude, la pelota de la reforma electoral sigue en el campo de Coalición Canaria”. Así ha evaluado Demócratas para el Cambio (DPC) en rueda de prensa el rechazo de Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) a la reforma electoral pactada por PSOE, Partido Popular (PP), Podemos y Nueva Canarias (NC).

El colectivo cree que la ciudadanía “no debe frustrarse” por “una minoría política aferrada a sus privilegios y por ello ha anunciado que incitarán a la movilización.

Esa minoría “no puede seguir aplastando los derechos democráticos de la mayoría” de la población del archipiélago. CC y ASG son las únicas que “no han cedido” en sus pretensiones iniciales respecto a cómo ha de ser la norma que rija las votaciones en las islas en el marco del debate sobre un nuevo modelo que mejore el sistema vigente, que “no es una posición de nadie en concreto” porque quienes la respaldan han aceptado cambios, ha subrayado Vicente Mujica, presidente de DPC.

De hecho, “nosotros mismos habíamos hecho una propuesta mucho más ambiciosa”, ha destacado a ese respecto, añadiendo que, sin embargo, el colectivo optó por renunciar a parte de sus deseos a fin de contribuir al consenso que ha logrado alcanzar junto a los cuatro grupos parlamentarios que han presentado la iniciativa en la Cámara.

Grupos que, sumando sus apoyos, “representan conjuntamente casi el 80% de los votos canarios en las elecciones de 2015”, recuerda DPC en un comunicado que ha distribuido exponiendo su parecer frente al modelo de nuevo sistema electoral de PP, PSOE, Podemos y NC, que lo llevaron al Parlamento el pasado día 16.

Ello implica que ya existe un “consenso muy mayoritario” entre los partidos con diputados en la Cámara, concluye el texto, que apostilla que a ese acuerdo “están llamados ahora ASG y CC, para transformarlo en unánime”.

Porque “la propuesta presentada, siendo moderada” en comparación con los propósitos de partida del colectivo incluso, “es, sin embargo, necesaria e impostergable”, argumenta.

Y sale al paso de la demanda de CC de que los grupos que respaldan el proyecto lo modifiquen para ajustarlo a sus criterios y vuelvan a presentarlo, algo que rechaza.

“Esperar que se le plantee otra propuesta es negar la voluntad de llegar a cualquier reforma”, considera DPC, que, en consecuencia, sentencia: “Coalición es quien debe presentar una propuesta que mejore la de los cuatro grupos que lideran la reforma electoral”.

Propuesta que Vicente Mujica ha insistido en que introduce mejoras como un aumento de la representación de los habitantes de las islas más pobladas, Gran Canaria y Tenerife, o una ampliación del número de diputados regionales de 60 a 70, que “están justificadas”.

Ya que, en lo referente a las islas capitalinas, “corresponde a estas poblaciones una presencia en escaños en el Parlamento muy superior incluso a la acordada”, que se ha aceptado, en todo caso, “en aras de consenso”, y el incremento de parlamentarios supone que el archipiélago “alcanzará 10 diputados por circunscripción de promedio, que es la cifra mínima recomendada”, ha afirmado.

Además, ha agregado que también se puede justificar el crecimiento de la cantidad de diputados “en términos comparativos” con otros lugares de España.

“Baste mencionar los ejemplos de Extremadura, que, con la mitad de población que Canarias, tiene cinco diputados más, o del País Vasco, que, con población similar a la nuestra, tiene 15 escaños más en su Parlamento”, se detalla al respecto en el escrito que ha facilitado.

Mujica se ha opuesto, al tiempo, a quienes se han posicionado contra la subida de parlamentarios aduciendo que incrementaría el gasto público, un aspecto de la cuestión en el que ha pedido “no centrar el debate” por entender que lo aleja del asunto central, que “es mejorar ahora la democracia en Canarias o no hacerlo”, y que es puede solucionar reorganizando el presupuesto actual. 

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