La Fiscalía acorrala al histórico dirigente de CC Ricardo Melchior por presunta malversación de fondos, prevaricación y acoso laboral
Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife y de la Autoridad Portuaria, tiene por delante un complicado panorama judicial. La Fiscalía Provincial acorrala al histórico dirigente de Coalición Canaria en varias causas que impulsa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y acoso laboral. Las actuaciones, que lleva directamente la fiscala María Farnés Martínez, se dividen en tres procedimientos penales abiertos en los juzgados, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com.
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife acordó el pasado 19 de marzo, mediante una providencia, la apertura de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, relacionados con la gestión de Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria. Las nuevas actuaciones son consecuencia de la ampliación de una denuncia presentada por el exdirector general de Puertos de Tenerife, José Rafael Díaz, el 25 de abril de 2018, día en que fue destituido por negarse a firmar contrataciones que consideraba irregulares.
La denuncia incial del también empleado público de la administración estatal dio pie a un primer procedimiento por presunto acoso laboral, en el que, además de Ricardo Melchior, se encuentran imputadas otras dos trabajadoras de la entidad, la exsecretaria del expresidente y la máxima responsable de Recursos Humanos.
El exdirector general de Puertos de Tenerife declaró por primera vez el 24 de julio de 2018, pero su testimonio fue suspendido tras aportar numerosa documentación sobre presuntas actuaciones delictivas cometidas por Ricardo Melchior durante el período en el que estuvo al frente de la administración portuaria. La jueza responsable había señalado para el pasado 19 de marzo la continuación del interrogatorio, pero fue aplazado de nuevo a petición de la Fiscalía, que el 13 de febrero presentó un escrito para solicitar la apertura de nuevas diligencias por posible malversación de caudales públicos y prevaricación. En la comunicación, Farnés Martínez también pidió la declaración de complejidad del procedimiento para aumentar los plazos de la instrucción.
Los acontecimientos que han engordado la causa también han provocado que se aplace sine die la declaración de los tres personas imputadas en el procedimiento por acoso laboral: Ricardo Melchior, su secretaria en Puertos de Tenerife y la directora de Recursos Humanos. Los tres fueron citados en calidad de investigados mediante un auto emitido por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife el 11 de junio de 2018.
A los dos procedimientos en marcha por la denuncia del exdirector general hay que sumar una tercera causa que afecta al expresidente de la Autoridad Portuaria. Fuentes oficiales confirmaron que la Fiscalía Provincial también ha concluido las diligencias preliminares de investigación por la contratación ilegal de dos asesoras de Ricardo Melchior. Los indicios delictivos detectados durante la investigación previa, dirigida de oficio por María Farnés Martínez, han dado pie a la apertura de otra causa en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife.
La investigación que llevó a cabo la Fiscalía Provincial por la contratación de dos trabajadoras de la máxima confianza de Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria, a dedo y sin procedimiento administrativo, se inició de oficio a raíz del juicio por la demanda que presentó una de las asesoras tras ser despedida, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón por considerar que su incorporación se produjo en fraude de ley. Para justificar su relación laboral con Puertos de Tenerife, ambas empleadas presentaron durante más de un año facturas, por servicios de asesoramiento y comunicación, que eran abonadas mensualmente sin ser fiscalizadas por los servicios jurídicos de la entidad.
Complejidad
En el escrito presentado el pasado 19 de marzo, aceptado por la jueza que lleva la instrucción, la sustituta María Cristina González Padrón, la fiscala Farnés Martínez explica que “al no guardar relación alguna el delito de acoso que es objeto de investigación en estas diligencias previas con los indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos que se desprenden de la documentación aportada (...) interesa se incoen nuevas diligencias previas para la investigación de los mismos”.
Además de pedir la suspensión de la declaración del denunciante, la fiscala también entiende que “la causa es compleja en atención a la cantidad de documentación administrativa que debe ser objeto de análisis”, por lo que pide que las actuaciones “se declaren complejas y se establezca el plazo de 18 meses para la instrucción de las mismas, tal como establece la ley”. La solicitud del Ministerio Público conlleva, tras la providencia de la jueza de instrucción, que “se desglose toda la documentación aportada” por el exdirector general de Puertos de Tenerife.
Entre los documentos entregados por José Rafael Díaz figuran diferentes contrataciones irregulares llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife durante la presidencia de Ricardo Melchior y de las que ya advirtió la Intervención del Estado en una auditoría. También aparecen pagos por servicios que, presuntamente, no se llegaron a prestar o no concuerdan con las cantidades abonadas. Más de 500 folios sobre supuestas anomalías en la gestión de los que, en esta primera fase de la instrucción, se desprenden indicios de malversación y prevaricación.
El exdirector de Puertos de Tenerife fue destituido después de enfrentarse a Ricardo Melchior tras negarse a autorizar algunas de las contrataciones irregulares, lo que produjo una fractura en la relación entre ambos. Aunque José Rafael Díaz comunicó sus sospechas a varios miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, además de al propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el órgano adoptó su cese.
Algunos de los componentes del Consejo de Administración no acudieron a la sesión que acordó la destitución de José Rafael Díaz. Entre los que sí estuvieron destacan importantes altos cargos de CC, como Carlos Alonso, José Manuel Bermúdez, José Alberto Díaz o Francisco Linares. El único que se abstuvo fue el expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, José Luis García. Ricardo Melchior fue relevado de su cargo dos meses después, a finales de julio de 2018, lo que permitió ocupar la presidencia a Pedro Suárez (PP). El movimiento siempre se vinculó a una estrategia de los nacionalistas para desactivar una posible moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna.
Demanda laboral
José Rafael Díaz, de baja en la actualidad después de haber sido trasladado a una plaza de jefe de unidad pese a tener asignado un puesto de jefe de departamento, está pendiente de que se dicte la sentencia por su demanda en la jurisdicción social, en la que solicita que se declare la nulidad del acuerdo del Consejo de Administración de Puertos de Tenerife que aprobó su destitución. El exdirector general defiende que su cese se produjo como una represalia de Ricardo Melchior por haber advertido de irregularidades.
La figura del también miembro de Coalición Canaria ha sido clave en el desarrollo de las investigaciones penales que acorralan al expresidente de la Autoridad Portuaria. Junto a la documentación aportada en el juzgado y que ha dado pie a la apertura de diligencias por presunta malversación, prevaricación y acoso laboral; el testimonio de José Rafael Díaz, durante el juicio de la asesora contratada a dedo que ha ganado su plaza por sentencia, también fue decisivo para que la Fiscalía abriese de oficio una investigación penal por la contratación ilegal de dos trabajadoras cercanas a la figura de Ricardo Melchior.
Antes de su destitución, y en el marco de las diligencias abiertas de oficio, el propio José Rafael Díaz fue interrogado por María Farnés Martínez, al igual que otras personas vinculadas con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por lo que ya era conocido que la Fiscalía tenía bajo lupa las sospechas por presuntos delitos vinculados con la figura de Ricardo Melchior.
A pesar de que las tres diligencias abiertas en los juzgados no están directamente vinculadas con la delegación de Anticorrupción de la que es jefa en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez está al frente de las causas en las que se encuentra imputado Ricardo Melchior desde la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La representante del Ministerio Público también es responsable de otras actuaciones importantes, como el caso Grúas, por el que se investiga a Fernando Clavijo, o el caso Las Teresitas, por el que ha sido condenado en primera instancia otro histórico de CC, Miguel Zerolo.
