El Gobierno canario frena el decreto de viviendas vacacionales
El Gobierno de Canarias ha decidido paralizar el decreto que regula las viviendas vacacionales aprobado hace cuatro meses tras las críticas surgidas en el seno de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y depués de que este viernes la Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia (CNMC) reclamara a la Administración regional que “suprimiera o modificara” distintos artículos del reglamento.
El pleno del Parlamento aprobará la próxima semana una Proposición no de Ley para suspender el texto y que el nuevo Gobierno conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista (PSOE) pueda dar una vuelta al mismo, lo que dejará al sector sin normativa hasta que las modificaciones entren en vigor, según informa La Provincia.
Según el análisis de la nueva regulación canaria, y conforme a la normativa de competencia y a los principios de regulación económica eficiente, la Comisión ha puesto de manifiesto “numerosos obstáculos” al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado.
Entre estas trabas está que se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento aquellas viviendas situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, que por su propia naturaleza, son zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la entrada en vigor de la normativa.
“De este modo se privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que tienden a concentrarse en esas zonas, sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios. Asimismo, la norma exige innecesariamente al arrendador habitualidad en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario”, insistió la CNMC.
También rechazó que se prohíba el alquiler por estancias o habitaciones, lo cual consideró contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas; y que se establezca un catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas, lo que “constituye una carga innecesaria para los operadores que incrementa los costes y limita su libertad de autorganización”.
Entre los aspectos que pide que se cambien se encuentra que se sujeta el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable que tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique en términos de necesidad y proporcionalidad tal intensidad de intervención administrativa con el consiguiente coste de recursos públicos.
Finalmente, solicitó que se modifique la exigencia de exhibición, en el exterior de la vivienda, de una placa distintiva de la actividad y, en el interior de la misma, de un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas en el Reglamento, en español y en inglés y que se obligue también a la suscripción de un contrato escrito en español y en inglés.
Nueva regulación
Para la CNMC, “todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes. Se reduce así el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios”.
Asimismo, comentó que la reglamentación impugnada obstaculiza las posibilidades de innovación por parte de los operadores, impidiendo que los consumidores, con distintos gustos, preferencias y capacidad de gasto, se beneficien de ofertas también diversas, basadas en distintas combinaciones de calidad y precio.
La CNMC entiende, por tanto, que, dentro del plazo legal establecido, las disposiciones afectadas deben suprimirse o modificarse para favorecer en mayor medida al interés general, en tanto que suponen un obstáculo al desarrollo de una competencia efectiva.
La ASCAV mostró su satisfacción por que, tras su denuncia, interpuesta en junio, la Comisión “lave la cara” al Gobierno regional por su reglamento de viviendas vacacionales. Según señala la asociación, el comunicado de la CNMC constituye un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el caso de que el Gobierno de Canarias no modifique o anule las restricciones.
Ante la virtual expropiación del uso de sus inmuebles turísticos en el sur de Gran Canaria a través del Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana y la normativa, un grupo de afectados decidió crear recientemente la Plataforma de Afectados de la Ley Turística (PALT), que aspiraba a representar a los 40.000 titulares de inmuebles turísticos.
