El Tribunal de Cuentas reprocha la gestión de los fondos europeos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado los fondos europeos entregados a los ayuntamientos para la transformación digital de la administración, alerta de que muchos destinaron numerosos recursos a objetivos no prioritarios, como comprar equipos para teletrabajar, y que se perdieron ayudas por una planificación y gestión deficiente. Entre los señalados están el de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Talavera de la Reina (Toledo) -en uno de los proyectos- y Utrera (Sevilla), por ejemplo, al perder ayudas porque los importes ejecutados fueron inferiores a la cuantía de la subvención concedida.

Según el informe, difundido este jueves, 145 ayuntamientos fueron beneficiarios de las ayudas convocadas en 2021 para digitalización y obtuvieron 89,4 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).

Una parte significativa (37,8 millones) se destinó a infraestructuras y equipos para favorecer el teletrabajo, que no eran considerados prioritarios en la convocatoria; y 29,7 millones fueron para ciberseguridad, que eran de solicitud obligatoria.

Mientras, los programas prioritarios para automatizar la prestación de servicios públicos y facilitar su acceso a la ciudadanía se quedaron en unos 20 millones.

El Tribunal advierte también de “deficiencias en la definición, planificación y seguimiento de los proyectos” que provocaron modificaciones de sus contenidos, ampliaciones de plazos y desviaciones en la ejecución, lo que llevó a que varios ayuntamientos perdieran parte o la totalidad de la financiación obtenida o que incluso tuvieran que devolverla.

La gran mayoría de los ayuntamientos no logró ejecutar sus proyectos en los plazos inicialmente previstos.

A pesar de varias ampliaciones, Aranjuez (Madrid) y Vélez-Málaga (Málaga) no llegaron a iniciar los proyectos subvencionados y tuvieron que devolver los anticipos recibidos con los intereses de demora.

Arrecife (Lanzaerote) renunció a la subvención y devolvió el anticipo, pero luego ejecutó con sus propios medios uno de los proyectos; y al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, se le han reclamado casi 146.000 euros que tenía que haber devuelto.