El Gobierno CC-PP elimina el área de Desarrollo Sostenible, que impulsó los avances más notables de la Agenda 2030

El Informe de Progreso de 2023 sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 de España, recientemente publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no deja lugar a dudas: Canarias se ha puesto las pilas estos últimos cuatro años (en el periodo legislativo 2019-23) y ha logrado, casi desde la nada, relevantes avances (centrados en bases metodológicas, herramientas de trabajo, sistemas de gobernanza y mecanismos de medición, con Canarias entre las tres comunidades autónomas con más progresos) relacionados con el progreso en la implantación de metas y objetivos de desarrollo sostenible (17 ODS) de la Agenda 2030; en el caso isleño, de la Agenda Canaria 2030, cuyo marco estratégico se aprobó en diciembre de 2021, con amplísimo consenso de las administraciones públicas y del resto de agentes públicos y privados con representatividad en el archipiélago, después de un extenso y complejo trabajo técnico apoyado en la participación con el fin inicial de localizar en Canarias los 17 ODS.

Tras esos cuatro años de gestión pública desde la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, centro directivo de acción horizontal dirigido por el profesor de la ULL y economista David Padrón y adscrito a Presidencia del Gobierno, la realidad ha cambiado hoy bastante con la configuración del nuevo Ejecutivo autonómico, el presidido por Fernando Clavijo y fruto del pacto político entre CC y PP. Sí, la situación orgánica del Gobierno canario es bien distinta en esta cuestión: esa área específica ha desaparecido del organigrama gubernamental y las que eran sus atribuciones formales, el impulso, seguimiento y desarrollo de la Agenda 2030 en las islas, no se han traslado a ningún otra dirección general, aunque todo apunta a que quizá éstas se gestionen desde otra de nueva creación: Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, también vinculada a Presidencia del Gobierno y con alto cargo de CC.

Uno de los aspectos más relevantes de esta evolución es que el Gobierno de CC y PP optan por acabar con la dirección general que atendía en exclusiva el desarrollo sostenible en Canarias y con ello la implantación de los 17 ODS de la ONU ya localizados (adaptados) en las islas: la Agenda Canaria 2030. 

Además, este plan se ejecuta tras Canarias conseguir sus logros más notables en el proceso de implantación de metas y objetivos de desarrollo sostenible, como así lo destaca el Informe de Progreso de 2023, un documento nacional que hace balance del camino recorrido hacia la sostenibilidad integral (o sea, el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España -y luego sus adaptaciones territoriales-, aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2018, tres años antes por Naciones Unidas, en 2015), también con el detalle de los avances por comunidades autónomas, entre otras entidades públicas. 

El primer Gobierno de Clavijo no dejó nada

Este hito se produce tras concluirse el cuatrienio de gobierno (el previo al actual liderado por Clavijo) que tuvo como punto de partida el Informe de Progreso de 2019, el primero publicado y el que debía contener el resumen de lo hecho por el primer Ejecutivo de Fernando Clavijo, entonces, por lo que se ve, sin nada que aportar. 

En ese informe, de 2019, Canarias no mostró balance alguno de progreso porque no hubo progreso y además fue la única comunidad autónoma, junto con Asturias, que no detalló avances. El resto sí cumplió (15 regiones), con más o menos progresos, pero algo habían hecho.

Después de ese 2019 (con relevo gubernamental en julio), en el que no hubo nada, salvo el trabajo sobre Agenda 2030 que había desarrollado a iniciativa propia el Parlamento de Canarias, hoy, en el verano de 2023, el archipiélago tiene un balance reconocido institucionalmente, siempre según lo publicado en el citado Informe de Progreso de 2023, publicado por el Ministerio correspondiente, y tras cuatro años, con covid y crisis respectivas de por medio, de empeño de la entonces Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible.

Aplausos en gestión pública de la pobreza y la desigualdad

Según muestra el Informe de Progreso de 2023 (el cuarto realizado y el que corresponde al ecuador del horizonte 2030 -plazo de 15 años-), el “Gobierno de Canarias ha avanzado en distintas actuaciones destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad”, entre otros tantos ámbitos de actuación. 

Esas intervenciones sociales “comprenden el desarrollo de un catálogo de servicios sociales, la puesta en marcha de una Renta Canaria de Ciudadanía y medidas para garantizar el acceso a la vivienda. La promoción de la inclusión social y la protección a la infancia y la adolescencia, así como la mejora de las infraestructuras sociosanitarias, han sido otros ámbitos prioritarios. Entre todos esos avances, destacan -según refleja el Informe- la Renta Canaria de Ciudadanía y el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 por su impacto en la reducción de la pobreza y de la desigualdad” en las islas.

La Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía, “marca un hito al reconocer una prestación pública como derecho para aquellos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión. Este cambio de modelo supone un aumento en los recursos destinados a tal fin, al unificar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el IMV. Este Ingreso Mínimo ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la pobreza y ya beneficia a más de 26.000 familias canarias. Ello significa que aproximadamente 38.000 hogares cuentan ya con un respaldo económico que dignifica la calidad de vida. Nunca antes tantas familias habían estado protegidas por un escudo social, al que se ha destinado en 2023 una partida presupuestaria de 100 millones de euros”.

A su vez, “el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 presenta relevantes avances al incluir por primera vez un listado de municipios donde se construirán viviendas públicas y de protección oficial (VPO). Con este Plan, se pretende proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades habitacionales de aquellas personas con mayores dificultades. Para ello, se ha asignado un presupuesto de 664 millones de euros distribuidos en cinco años”. 

En cuanto a las ayudas otorgadas y las principales actuaciones implementadas, destacan los siguientes logros en el ámbito de derechos sociales: 

-32.030 canarios han recibido ayudas para el alquiler y la adquisición de vivienda, incluyendo 21.996 perceptores de ayudas al alquiler desembolsadas desde 2020, 3.591 personas beneficiarias del Bono de Alquiler Joven, y 4.969 perceptores de la ayuda al alquiler por la covid, creada para compensar los efectos de la pandemia.

-1.476 personas han sido beneficiarias de ayudas para la adquisición de la primera vivienda para jóvenes, y se han realizado 13.936 actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en áreas tanto urbanas como rurales. Asimismo, se han construido 695 viviendas en colaboración con los ayuntamientos y se han evitado 523 desahucios a través del Programa Canarias Prohogar, el cual tiene como objetivo detener los desalojos y ofrecer una alternativa habitacional a las personas en dicha situación.

Prioridades de actuación, según el Informe de Progreso de 2023

-Desarrollo de la Ley de Servicios Sociales.

-Ley de Renta Canaria de Ciudadanía.

-Estrategia Canaria de Inclusión 2019-21.

-Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-23.

-Plan de Vivienda de Canarias 2020-25.

-II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2018-23.

Actuaciones desarrolladas recogidas en el mismo documento

-Entrada en vigor de la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía (29 de marzo de 2023).

-Decreto 57/2023, de 27 de abril, que aprueba el Catálogo de Servicios y Prestaciones de Servicios Sociales, integrado por un total de 99 servicios de atención primaria, dependencia y discapacidad, prestaciones económicas, servicios de atención a la violencia de género, servicios de infancia y familia.

-Aprobación del Decreto 50/2023, de 20 de abril, que regula la prestación económica por acogimiento familiar de personas menores de edad tuteladas por la entidad pública con competencia en materia de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

-Reorganización del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, con un modelo más cercano al territorio, y además se ha culminado el proceso de sectorización.

-Aumento del presupuesto asignado a la convocatoria de la Ayuda al Alquiler de Vivienda 2022-2023, con un importe final de 34.460.699 euros, flexibilizándose el criterio del IPREM para que pudieran acceder más solicitantes.

-Desde la aprobación del Plan de Vivienda (2020) se encuentran 2.101 viviendas públicas en obra nueva y fase de ejecución.

-Avance en el porcentaje de menores en acogimiento familiar (61%) respecto al residencial (49%).

-Se mantienen abiertos 39 centros para la Acogida Inmediata de Menores Migrantes no Acompañados, ya que han llegado a las islas en los últimos tres años más de 8.000 menores.

Junto con estos logros, los incluidos en el apartado Reto país 1: acabar con la pobreza y la desigualdad, el Informe de Progreso de 2023 detalla otros tantos en los ámbitos del Reto país 2 (emergencia climática…) al Reto país 8 (medio rural…), acciones todas que se sirven de la misma manera que las expuestas en ese campo social.

Estos son los ámbitos con mejoras considerables, cuyos avances, concretados oficialmente en el Informe de Progreso de 2023, se pueden conocer al detalle a para las distintas comunidades autónomas través de este enlace web.