Los ayuntamientos canarios podrán seguir prestando el servicio de las Oficinas de Municipales de Información al Consumidor (OMIC) en sus propias dependencias a pesar de que la Ley de Reforma de la Administración local impulsada por el Partido Popular no prevea esta posibilidad.
Así lo anunciaron este miércoles la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo y el director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, ante los responsables de consumo locales en la reunión del Pleno de la Red Canaria de Consumo, en la que se concluyó que la solución para este problema reside en la propia legislación autonómica.
Según las conclusiones del grupo de trabajo creado para analizar la incidencia de esta ley nacional, tanto la Ley de Consumidores y Usuarios de Canarias como la Ley de Cabildos permiten considerar el área de Consumo como una competencia propia de los ayuntamientos, lo cual garantiza que las OMIC puedan seguir prestando servicios en las mismas dependencias y condiciones que lo han hecho hasta ahora.
Luengo destaca que la iniciativa supone un avance “para evitar que los que quedan muchas veces en la indefensión, los consumidores, es decir, los ciudadanos, frente a los abusos empresariales, queden completamente desamparados al no tener ya dónde pedir ayuda”.
Asimismo, califica la presente oportunidad como una manera de resaltar la figura de los ayuntamientos, cuyo papel protagonista “se está viendo comprometido con la reforma local y este Gobierno del que formo parte apuesta decididamente por cabildos y ayuntamientos”.
Matos explica que la medida adoptada este miércoles supone el último paso de un proceso que se inició hace más de medio año, desde que empezó a tramitarse la Ley de reforma de la Administración local. “Un trabajo que hemos realizado en colaboración total con los responsables locales de Consumo y que hoy nos permite garantizar la continuidad de las OMIC”, añade.
Matos precisa que a partir de ahora, cualquier ayuntamiento de Canarias que decida dejar de prestar el servicio de la OMIC en su municipio no puede ampararse en la Ley de Reforma de la Administración Local, ya que “a día de hoy no existe impedimento legal para que este servicio permanezca abierto y en funcionamiento”.
El director general de Comerció afirma que en las reuniones sectoriales de Consumo de ámbito nacional se ha acordado también trabajar por el mantenimiento de las OMIC como servicio que puedan prestar los ayuntamientos.
En ese sentido recuerda que la Ley de Reforma de la Administración Local ha generado “una enorme preocupación entre los ciudadanos, los ayuntamientos y los trabajadores municipales en torno a las consecuencias de su aplicación. Por otro lado, advierte de lo perjudicial que hubiera sido para la ciudadanía el que los ayuntamientos dejaran de prestar el, porque se vacía de contenido sus competencias, obligando a los ciudadanos a tener que desplazarse a la oficinas del Gobierno regional para tramitar sus quejas y reclamaciones, ”sin tener en cuenta el lugar en el que residan ni las dificultades que se ocasiona a los consumidores“.
A su juicio, esto supone “un gran paso atrás, que hace que las personas desistan de ejercer sus derechos de defensa, lo cual añade más indefensión a la que ya sufren los ciudadanos y coloca el trabajo de protección al consumidor en una situación muy delicada”.
Matos insiste en el perjuicio que ocasiona el Gobierno central a los ciudadanos con el desmantelamiento de las OMIC y destaca la labor de información, asesoramiento y orientación a los consumidores que realizan en el ámbito municipal, el más cercano a la ciudadanía.