Hace un año, en julio de 2013, los turistas que habían escogido las Islas para pasar sus vacaciones veraniegas estuvieron a punto de convertirse en los primeros en pagar una tasa por entrar o salir de un aeropuerto canario. Un desembolso que se hace en la gran mayoría de países de Latinoamérica, pero que apenas tiene tradición en Europa. Se libraron porque las cuentas de la Consejería no cuadraban: para recaudar lo necesario habría que cobrar 22 euros. Algo impensable si se quería reactivar el sector que es motor económico.
Sin embargo, una año después este experimento sigue teniendo en Canarias muchos adalides, como Nueva Canarias (NC), recordando que ya se implantó en Cataluña y Baleares. Lo cierto es que la ecotasa del otro archipiélago español acabó en fracaso y en Cataluña parece que la tasa no ha repercutido negativamente en las pernoctaciones durante su primer año de vigencia.
Y es que el partido que lidera Román Rodríguez, sin presentar ninguna operación matemática para respaldar su propuesta, cree que es la única forma de incrementar los ingresos de los presupuestos canarios para 2015, ante el nuevo recorte de más 200 millones de euros que sufrirán las islas.
Sobre el papel, puede que Rodríguez tenga razón, aunque el Govern de la Generalitat recaudó 19 millones de euros entre noviembre de 2012 y junio de 2013, y estimó poder llegar a 42 millones al final del pasado año, cinco veces menos de lo que necesitarían las arcas canarias.
Este gravamen, que ha sido ampliamente contestado por el sector hotelero, lo deben abonar todas las personas mayores de 16 años que se alojen en un establecimiento turístico catalán, excepto las que participen en un programa social que incluya estancia en alojamientos turísticos.
En Barcelona, los hoteles de cinco estrellas y cruceros deben facturar a sus clientes 2,25 euros por noche; los de cuatro, 1,10 euros, y en el resto de establecimientos (turismo rural, apartamentos turísticos y campings), 0,65 euros. En el resto de Cataluña los hoteles de cinco estrellas y cruceros cobran 2,25 euros, los de cuatro estrellas, 0,9 euros y el resto de locales 0,45 euros.
Pero si en Cataluña parece que la tasa ha funcionado, aunque hay que esperar a los datos oficiales de su segundo año de vigencia, no sucedió lo mismo en Baleares , que aprobó una ecotasa turística en 2001 que tuvo que derogar en octubre 2003.
El fracaso balear
Esa tasa tuvo un impacto muy negativo en el sector turístico. Algunas nacionalidades, como el turista alemán, descendieron el 30% el envío de visitantes a Baleares, un destino que se encareció frente a otros internacionales. Pero además, otro punto importante de controversia fue su carácter discriminatorio, al poder evadir la tasa los turistas alojados en viviendas privadas o establecimientos no reglados, produciendo una distorsión en la competencia del mercado, favoreciendo a la oferta ilegal, hasta el punto de que los hoteleros aseguraron que sector turístico balear necesitaría unos tres años para recuperarse de los efectos negativos causados por la ecotasa.
En Canarias se empezó a hablar de la tasa en mayo de 2013, cuando el Ministerio de Hacienda dio el visto bueno al plan de reequilibrio económico-financiero de Canarias para rebajar el déficit al 1,5% este año, siendo la medida más importante la subida del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con el que se preveía recaudar 118 millones de euros.
Una decisión que generó un profundo malestar entre los empresarios turísticos que vieron cómo el incremento impositivo iba a repercutir directa y negativamente en su cuenta de resultados, por lo que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), propuso como alternativa a la subida del IGIC la creación de una tasa turística a imagen y semejanza de la catalana. Una propuesta que fue rechazada (con amplia división interna) por la patronal de Las Palmas y las de Fuerteventura y Lanzarote
Más de 22 euros por turista
Mientras estallaba la lucha empresarial, en los cuarteles de la Consejería de Economía y Hacienda se pusieron a hacer números sobre lo que debería cobrar para alcanzar los 118 millones fijados en el plan de ajuste. Descartada la tasa por pernoctación, el escenario planteado era cobrar por cada entrada. Entre julio y diciembre de 2011, uno de los mejores años del turismo en Canarias, llegaron 5,2 millones de turistas, por lo que, si se repetían las mismas cifrascada visitante debería pagar 22 euros.
Ahora, el recorte de 200 millones de euros obligaría a que esa tasa fuese aún mayor, por lo que no parece que en el Gobierno de Canarias se esté barajando poner en marcha la idea de NC, máxime porque las patronales siguen prefiriendo el menor de los males: mantener la subida del IGIC , ya que que ningún Gobierno ha retirado un gravamen, pero sí ha modificado un tributo.
De hecho, el consejero González Ortiz se ha negado hasta ahora a aplicar una tasa que, según sus propias palabras, “no grava al turismo, sino al turista”. Una mala imagen a la que no puede arriesgarse Canarias cuando los datos turísticos mejoran y, con ellos, las perspectivas de un crecimiento económico superior a la que tendrá el conjunto del Estado.
Además, y pese al nuevo hachazo financiero del Estado, la pasada semana el portavoz del gabinete regional, Martín Marrero, lo dejó claro: “el Gobierno de Canarias no tiene previsto ni revisar su política fiscal ni aplicar más recortes”.
Y es que en Economía y Hacienda insisten, por el momento, en que la tasa encarecería los destinos canarios en un contexto global en el que el precio es un factor competitivo principal, lo que perjudicaría al único motor económico de las islas, pues más del 80% de los puestos de trabajo dependen de este sector.