El Gobierno regional enfanga en retrasos y burocracia las ayudas al alquiler en Canarias
6 de agosto de 2018. Ésa es la fecha en la que el Gobierno de Canarias publicaba dos convocatorias de ayudas al alquiler, financiadas con fondos estatales. Una genérica, para familias con una renta igual o tres veces inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y otra para jóvenes menores de 35 años con un alquiler inferior a 500 euros. En los 15 días que se facilitaron en pleno verano para entregar las solicitudes se contabilizan más de 17.000 (6.200 de la ayuda joven y 12.004 de la genérica). Demandantes que un año después siguen sin saber si son o no beneficiarios y si van a recibir este dinero con el que poder paliar la intensa crisis de la vivienda que afecta a Canarias.
Desde que, en febrero de este año, la hasta ahora consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), diera explicaciones por el retraso en estas ayudas al ser requerida en el Parlamento de Canarias, no se había vuelto a saber nada del asunto hasta esta semana. El miércoles 12 de junio el BOC publicaba un listado de personas que deben subsanar errores o añadir documentación en la convocatoria joven. Sin embargo, diez meses después de la primera entrega de documentos ¿cuántos de estos jóvenes habrán tenido que abandonar sus pisos por no poder hacer frente a los pagos?
Del total de 6.200 personas menores de 35 años que presentaron la solicitud en agosto del año pasado deben subsanar errores o completar documentación 3.638. Para ello, tienen un plazo de diez días. Se trata de demandantes que, si resultan ser beneficiarios, tendrán durante dos años la mitad del alquiler cubierto con esta ayuda del Estado, pero gestionada por el Gobierno de Canarias. Se cuenta para ello con una partida de 3'7 millones de euros, 1,8 por ejercicio.
La convocatoria general, en el limbo
La incertidumbre se acentúa también entre los demandantes de la convocatoria general. El Gobierno de Canarias asegura que en las próximas semanas se publicará la subsanación de errores de expedientes para este cupo y cuando las resoluciones sean definitivas el monto total de ayudas al alquiler otorgadas rondará los 17 millones de euros.
Sin embargo, desde hace unos meses, el Ejecutivo había advertido de que no iba a poder hacer frente a las demandas del total de solicitantes y, ni siquiera a la mitad. Los beneficiarios rondarán los 5.000, una cifra que contrasta con las más de 17.000 personas demandantes. Este año, las ayudas han tenido carácter bianual, con lo cual, quienes no resulten beneficiarios no podrán volver a optar a ellas hasta pasados dos años, cuando se publique una nueva convocatoria.
Precisamente, el área de vivienda es una de la que más quejas ha acumulado en la Diputación del Común. El informe de 2018 contabiliza 147 quejas, un 12.79% más con respecto al año 2017. El aumento de las quejas se produce por reclamaciones motivadas sobre los desahucios en Canarias, mala gestión por parte del Gobierno de Canarias en las ayudas al pago del alquiler, procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial, situaciones de ocupación irregular y fundamentalmente, desahucios de viviendas.
De hecho, según diferentes estudios, el alquiler en las dos provincias canarias es muchas veces superior al Salario Mínimo Interprofesional. La paralización de la construcción de vivienda pública también ha acrecentado el problema, unido a la falta de plan de vivienda, un documento que ha sido aprobado hace apenas un mes, después de 7 años de ausencia.
