Jueces para la Democracia ve un uso “partidista de la Justicia” contra Victoria Rosell
Jueces para la Democracia (JpD) considera que su exportavoz nacional, Victoria Rosell, está siendo víctima de una “utilización partidista de la Administración de Justicia” y recuerda a la Fiscalía que no tiene competencia alguna en materia disciplinaria sobre los magistrados.
La delegación en Canarias de JpD se pronuncia en estos términos sobre la investigación disciplinaria que la Fiscalía de Las Palmas ha abierto sobre Rosell, ahora candidata de Podemos, para averiguar si incumplió su deber de abstenerse en un procedimiento de fraude fiscal que instruía contra el presidente de la UD Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, por haber cerrado este una operación comercial con la empresa de la pareja de la juez, el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa.
En un comunicado, esta asociación judicial denuncia que esa investigación de la Fiscalía se ha llevado a cabo “negando a los interesados el acceso al expediente, vulnerando con ello sus derechos y al margen del proceso legalmente establecido”.
“Desde Jueces para la Democracia denunciamos esta situación de utilización partidista de la Administración de Justicia, que en este caso afecta gravemente a la independencia judicial, siendo imperativo que se adopten medidas necesarias para evitar que se siga comprometiendo a instituciones llamadas a realizar una función fundamental en un Estado de Derecho”, advierte este colectivo.
JpD recuerda a la Fiscalía que la competencia disciplinaria sobre los jueces y magistrados “la ostenta el Consejo General del Poder Judicial, sin que exista ninguna atribución específica del Ministerio Fiscal por la que este pueda iniciar unas actuaciones como las que ha tramitado”.
Este colectivo también se queja de que se hayan filtrado a algunos medios contenidos de ese expediente, cuando tiene “carácter reservado” y no se ha puesto a disposición de las partes.
A su juicio, lo ocurrido constituye una “filtración interesada de datos e informaciones que violenta los derechos de los afectados y deteriora la imagen de los órganos de Justicia”.
