La nueva presidenta del Parlamento canario vive en un chalet con orden de demolición y no quiere migrantes en su ciudad

Han pasado solo diez días desde que Astrid Pérez tomó posesión como alcaldesa de Arrecife, en Lanzarote. Gracias a un pacto con Coalición Canaria, la presidenta del Partido Popular en la isla arrebató la Alcaldía al PSOE, que fue el partido más votado en la ciudad en las pasadas elecciones locales del 28 de mayo. Sin embargo, este martes abandonará el Ayuntamiento para convertirse en presidenta del Parlamento de Canarias. Lo hará envuelta en una polémica por el chalet en el que vive, sobre el que pesa una orden de derribo incumplida por haber sido construido en suelo rústico. 

En agosto de 2000, Astrid Pérez comenzó a vivir en la urbanización de La Bufona. Este año se ha celebrado el juicio del caso que investiga la construcción de estos chalés sobre suelo rústico y en unos terrenos propiedad de una familia de la isla y no de la promotora que los edificó. En concreto, la vivienda de la popular cuenta con una orden de demolición parcial desde hace diez años. En 2013, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun) exigió tumbar la piscina de 36,9 metros cuadrados hecha por Pérez y diferentes ampliaciones de la vivienda. 

Entre las obras están la colocación de suelo en la terraza, de una pérgola y la elevación de un muro que cierra la parcela al norte. Así lo declaró el exmarido de Pérez en la vista oral celebrada el 12 de junio. Los propietarios de las viviendas de la urbanización tenían la opción de declarar como responsables civiles subsidiarios, pero la nueva presidenta del Parlamento de Canarias decidió no presentarse. La orden de derribo es firme, ya que no fue recurrida por la política. A pesar de ello, la casa permanece intacta.

Astrid Pérez, licenciada en Derecho, lleva dos décadas inmersa en la política de Lanzarote. Entre 2003 y 2005 fue consejera de Hacienda del Cabildo. Estuvo al frente de la Consejería de Turismo de la corporación entre 2009 y 2012 y fue también vicepresidenta del Cabildo durante un año. En 2011 dejó de ejercer la abogacía. Desde entonces, ha sido diputada en el Parlamento regional y en 2019 consiguió ser alcaldesa de Arrecife tras un pacto con el PSOE que rompió dos años después.

La popular recibió con alegría la oferta de Manuel Domínguez, presidente del PP en Canarias, para asumir la Presidencia de la Cámara. En una entrevista radiofónica, Pérez celebró poder ser la primera política de Lanzarote en asumir este cargo. “Es un gran puesto y estoy agradecida a mi presidente por habérmelo ofrecido”, dijo. Según ella, que sea la nueva presidenta del Parlamento de Canarias es “importante” para la isla. 

Atrás deja uno de los municipios más golpeados por el abandono, lastrado por la pobreza, la exclusión, la inseguridad y la corrupción de algunos de los alcaldes y concejales que precedieron a Pérez. Dentro de las paredes del Ayuntamiento de Arrecife se gestó una de las tramas de corrupción más importantes de la isla y de Canarias: la operación Unión. Otras están aún pendientes de juzgar, como los casos Jable y Montecarlo.

La sesión constitutiva de la XI legislatura del Parlamento canario que presidirá Pérez comienza este martes a las 11.00 horas, tras el acuerdo de gobierno suscrito entre Coalición Canaria, PP, ASG y AHI, que suman 38 de los 70 escaños.

Choques con el Ministerio del Interior

Los últimos cuatro años de Astrid Pérez como alcaldesa de Arrecife han estado marcados por sus continuos desafíos al Ministerio del Interior en relación a la inmigración. En varias ocasiones, su gobierno exigió al departamento de Fernando Grande-Marlaska que retirara de la capital el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). El PP pidió al ministro que reubicara las carpas en “otro emplazamiento más adecuado de la isla”. “Está instalado en pleno centro de la ciudad, algo ilógico que no ocurre en otras grandes ciudades”. 

El CATE de Arrecife fue la solución que Interior encontró a la nave industrial sin camas y sin duchas que fue utilizado por la Policía Nacional durante meses para filiar a los migrantes durante las 72 horas posteriores a su llegada a tierra. El Defensor del Pueblo, después de una visita, exigió el cierre de esta nave por no reunir las condiciones necesarias para su habitabilidad y por la insalubridad del espacio. 

La construcción del CATE se hizo con 2 millones de euros y permaneció cerrado durante meses por los bloqueos del Ayuntamiento. “No permitiré que Arrecife se convierta en otro Arguineguín”, dijo Pérez, que llegó a tildar de ilegal la instalación. El Consejo de Ministros del Gobierno de España puso fin a esta paralización declarando de interés general la obra. De este modo, el centro, situado junto a uno de los puertos de llegada de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo, pudo comenzar a funcionar sin necesidad de los permisos municipales ordinarios. 

En sus intervenciones como diputada en el Parlamento canario, Pérez también ha difundido algunos bulos en relación a la inmigración y la pandemia de COVID-19. La líder del PP insinuó en la Cámara que las personas llegadas en patera eran responsables de varios contagios en la isla. ''Llegan pateras y cuando llega la Guardia Civil ya han huido“. ”¿A esos les hace usted la prueba del PCR? No me llame alarmista por decirle la verdad a nuestro pueblo canario“.

Sus afirmaciones tuvieron que ser desmentidas por el entonces consejero de Seguridad, Julio Pérez: “No hay nadie en Canarias que haya sido contagiado de COVID-19 por un migrante que llegue en patera. Tampoco hay ningún inmigrante positivo en la enfermedad escondiéndose de la Guardia Civil en una cueva o en una carretera”.

Además, Astrid Pérez ha llegado a poner la valla de Melilla como ejemplo a seguir. La popular defendió el “control férreo que hace Marruecos en la frontera norte de su país” y celebró que haya disminuido la llegada de migrantes por tierra gracias “al aumento de la vigilancia en las vallas y en los pasos fronterizos hasta Ceuta y Melilla”.