El Parlamento canario, salvo Vox, apoya reformar la ley de extranjería para repartir a los menores migrantes entre las comunidades

Todos los grupos representados en el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, han sellado este martes su apoyo al acuerdo de los gobiernos central y canario para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería y así lograr la derivación obligatoria entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados.

Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras reunirse con los siete portavoces del resto de grupos, de quienes ha valorado su “sentido común” y cómo el “modo canario” de hacer las cosas (el lema que acuñó y defendió en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad canaria) acaba en “éxito”.

En esa línea ha indicado que “la lealtad, el apoyo y esa imagen de unidad” de todos los grupos “ha ayudado muchísimo” a que finalmente el Gobierno central se haya avenido a poner una solución sobre la mesa y con un proceso que sea “lo suficientemente ágil y dinámico” para garantizar una atención con dignidad a los menores.

Hasta ahora, la atención a los menores migrantes es competencia de las comunidades autónomas que los reciben, a diferencia de los adultos, cuya atención es competencia del Estado, que los traslada a los centros dedicados a su acogida repartidos por todo el país. La intención del Gobierno canario es que también los menores sean derivados como los adultos.

Clavijo espera que la modificación legal esté finalizada en el mes de abril y ahora se trata de definir los cupos y los criterios de reparto de los menores, paso previo para después empezar a buscar los apoyos políticos en las Cortes.

El presidente ha valorado también que todos los portavoces canarios se hayan mostrado favorables a reunirse con la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados para explicar este proceso y que también se les invite para que visiten las islas “y conozcan la realidad”.

A juicio del presidente autonómico, es de celebrar que la administración central “ponga soluciones sobre la mesa”, y ha explicado que una vez tengan la propuesta se volverán a reunir con los servicios jurídicos y, más adelante, buscarán el apoyo político, “que es total” entre los grupos del Parlamento canario con la excepción de Vox, de modo que, en un principio, tanto PP como PSOE votarían a favor en Congreso y Senado.

Asimismo, el portavoz del PSOE en la Cámara regional, Sebastián Franquis, ha señalado que el asunto está “encauzado” y hay “coincidencias” entre las administraciones que negocian, lo que es, ha dicho, una buena noticia.

Franquis ha destacado que, previo a este paso, el Gobierno de España “ya ha tomado pasos” derivando a adultos a territorio peninsular o firmando acuerdos en origen que, en su opinión, han reducido el flujo de llegadas en las últimas semanas.

“La solidaridad había que convertirla en ley, porque en la realidad no estaba habiendo eficacia. Toca insistir al resto de fuerzas, especialmente al Partido Popular, para que se pronuncien con claridad sobre si van a aprobar la reforma”, ha concluido el portavoz socialista.

Del PP, la portavoz parlamentaria, Luz Reverón, ha señalado que, antes de saber si van a votar a favor en el Congreso, tendrán que ver la redacción que realiza el Gobierno de España de la modificación legislativa y los criterios que se fijan.

“Lo que no podemos hacer es que sea al albur del presidente del Gobierno de España la manera de hacer ese reparto, que tiene que ser con criterios objetivos y también con la dotación económica. Eso es importantísimo porque las comunidades autónomas en estos momentos no tienen ese dinero para poder hacer frente”, ha señalado.

El portavoz de Vox en el Parlamento canario, Nicasio Galván, ha opinado que garantizar el reparto solidario entre comunidades autónomas significa “trasladar el problema a otras regiones para intentar disimularlo”.

A su juicio, debería haber una repatriación inmediata de esos niños para “no favorecer el efecto llamada” ya que, en opinión de Vox, el traslado “forja el último eslabón del paquete vacacional del terror que ofrecen las mafias a los menores”.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, se ha ofrecido a mediar con los portavoces nacionales de los partidos en el Congreso de los Diputados para hacerles entender la realidad de Canarias respecto a los menores tutelados, y se ha mostrado escéptico respecto a la postura de las comunidades autónomas donde el PP gobierne con Vox.

De la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo ha hecho hincapié en la importancia de que la dotación económica sea acorde para llevar a cabo la acogida, y que las comunidades autónomas vean con buenos ojos la propuesta.

El portavoz de la Asamblea Herreña Independiente, Raúl Acosta, ha alertado de la posibilidad de que algunas comunidades autónomas puedan interponer recursos por una cuestión competencial, y que eso derive en la solicitud de medidas cautelares que provoquen dilataciones en el proceso.

Del grupo Nacionalista (CC), José Miguel Barragán ha destacado que las dotaciones económicas son una cuestión básica para que haya acuerdo, así como explicar cuál sería el cupo de distribución y el operativo para que las comunidades autónomas acepten esta nueva tutela.