El presidente de RTVC corta todas las vías de control para adjudicar en solitario el concurso de informativos de la televisión
El informe preceptivo de la junta general de accionistas de Televisión Pública de Canarias, SA (TVPC) ha dejado de ser vinculante en los nuevos pliegos del concurso negociado sin publicidad que el presidente de Radio Televisión Canaria, Santiago Negrín, ha publicado para adjudicar los 144 millones de euros con los que está dotado el contrato para los servicios informativos de la televisión.
Así se desprende de una somera lectura de esas nuevas bases, enviadas a las tres empresas invitadas (Videoreport Canarias, Numtium TV y Liquid Media) el pasado 28 de marzo, en las que se suprime cualquier referencia al carácter “vinculante” que en el anterior concurso -declarado desierto- tenía el refrendo por parte de la junta general de accionistas de TVPC cuyos miembros son los mismos que forman el consejo rector de RTVC.
Es precisamente esa doble condición de vocales de uno y otro órgano el motivo por el que el presidente de RTVC blinda aún más su condición de órgano de contratación unipersonal que él mismo se otorgó en noviembre pasado, cuando convocó un concurso público y abierto que resultó fallido al detectar la mesa de contratación numerosas grietas en sus bases que aconsejaban paralizarlo. Negrín decidió entonces declararlo desierto y convocar de urgencia un negociado sin publicidad con tan solo diez días naturales para la presentación de ofertas a las tres licitadoras que acudieron al anterior.
Someter a la consideración de los mismos vocales del consejo rector tal decisión equivaldría a la emisión de un nuevo informe negativo que iría en consonancia con el emitido en la última reunión del consejo rector, donde su secretaria, la letrada experta en contratación pública Cristina Duce, advirtió a Negrín de que estaba actuando “en fraude de ley”. El acta de esa reunión, que fue grabada, es esperada con mucho interés en el Parlamento, en las empresas concursantes y en los juzgados para comprobar el alcance de tal advertencia y su traslación al ordenamiento jurídico.
Fuentes del ente aseguraron a este periódico que el acta estará disponible para todos los consejeros este mismo martes.
Mientras tanto, a un ritmo mucho menos frenético que el que el equipo de Negrín está imprimiendo a este suculento concurso, caminan los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias. Este lunes la mesa de la Cámara llegó a la conclusión de que el mandato del presidente de RTVC, designado por el Parlamento, expirará el próximo día 22, lo que le obligará a darse mucha prisa en las gestiones de adjudicación del concurso. Porque una vez acabado su mandato, Negrín entrará en funciones, condición que solo le permitiría ocuparse de las gestiones ordinarias del órgano que preside.
El PSOE mantiene el bloqueo a la intención de los demás grupos de la oposición para adelantar la destitución de Negrín como presidente y buscar una fórmula urgente para nombrar un sustituto o sustituta. Mientras que el PP, Nueva Canarias y Podemos intentan resolver en días una situación que viene enquistada desde hace al menos dos años, en la dirección socialista cunde el desconcierto ante las últimas manifestaciones internas de su secretario general, Ángel Víctor Torres. Su decisión es la de acabar con el mandato de Negrín y, por ende, romper cualquier tipo de entendimiento con Coalición Canaria, pero no termina de aplicarla a la espera de encontrar el momento y el encaje en la maraña de pactos cruzados que nacionalistas y socialistas tienen aún en varias corporaciones locales. Otros dirigentes socialistas hablan directamente de impericia del secretario general, elegido en primarias en julio de 2017.
Con la destitución de Negrín no habrán acabado todos los problemas de RTVC, sobre todo porque el actual presidente seguirá siendo consejero. Pero al menos permitirá que el Parlamento complete el consejo rector y, a partir de entonces, se esclarezcan asuntos que en estos momentos solo manejan en el ente Negrín, su directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, y el bufete de abogados que desde hace meses se ha convertido en una suerte de servicios jurídicos públicos externalizados. Sus letrados analizan en estos momentos la grabación de la reunión del consejo rector de la semana pasada para evaluar el alcance de lo dicho allí por la secretaria-letrada y medir en qué medida puede conducir a la nulidad del concurso negociado sin publicidad de los servicios informativos y a las posibles responsabilidades penales que se derivarían.
