Profesionales, vecinos y oposición de LPGC dan la espalda al reglamento del taxi del PP
Diferentes colectivos del sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, representantes vecinales y miembros de los partidos políticos que conforman la oposición en el Ayuntamiento capitalino han mostrado este lunes su rechazo frontal a la nueva Ordenanza del Servicio Urbano de Taxi aprobada recientemente por la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General.
El representante de la Asociación Profesional Teletaxi Gorky Betancourth definió a su organización, que incluye a asalariados y autónomos entre sus socios, como “una de las minorías silenciadas del sector”. Por otro lado, afirmó que todas las asociaciones reunidas durante la mañana frente a las oficinas municipales congregan a “la gran mayoría” de taxistas en activo de la ciudad capitalina.
“Es verdad que hay otros colectivos muy numerosos” dijo, en referencia la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) o las Cooperativas capitalinas, precintadas a mediados de 2013 por una operación que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mantiene abierta contra los denominados floteros, cuyos representantes no acudieron a la cita celebrada durante la presente jornada. Sin embargo, manifestó que la mayoría de los socios que componen estas organizaciones son jubilados, viudas o herederos de licencias “muchos de ellos, hasta sin carnet de conducir”.
El presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlac), Expedito Suárez, presente en el encuentro, estudia llevar el reglamento ante la Justicia en base a lo que la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, consideró como una serie de “fraudes de ley” que quedan reflejados en el texto.
“Este reglamento se ha puesto como castigo por haber denunciado la corrupción en la ciudad, nosotros investigamos a espaldas de nuestro Ayuntamiento, porque nos lo dijeron los investigadores”, apostilló Suárez.
Al respecto, denunció que el documento “se salta a la torera” el derecho de tanteo que tienen los asalariados y deja en manos de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera del Gobierno de Canarias la posibilidad de que una única persona pueda acumular hasta cinco licencias en el municipio. Algo que, explicó, obvia el artículo 10 de la norma, que estipula que “en caso de que se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos mínimos sobre población municipal y número de licencias, se aplicará el régimen general [...] si bien no podrá otorgarse ni podrá ser adquirida otra licencia por quien ya fuera titular de una”. Un incumplimiento que, añade, se produce en Las Palmas de Gran Canaria.
García consideró que el Ayuntamiento incumple su misión de abrir expedientes de transmisión de las licencias en caso de viudedad, lo que a su juicio favorece la actividad de los floteros y lamentó que “si no acabamos con esto, terminaremos los asalariados que trabajamos para personas que no tienen carnet de conducir, muertos, pero con el uniforme puesto”.
El uniforme, a cargo del titular
El presidente de la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi (AUT), Cristo García, lamentó la oportunidad que el Ayuntamiento ha perdido para regular el sector mediante la estipulación del día libre, que a su juicio supondría un escollo para la actividad de los floteros y rechazó medidas como el distintivo de calidad que permitirá que determinados taxis puedan trabajar en las zonas turísticas de la capital y la capacidad de que un cliente pueda escoger entre el primer y segundo vehículo en el orden de las paradas, que calificó de “clasistas”.
Asimismo preguntó a la Administración municipal si subvencionará los uniformes, porque “si lo impone tendrá que pagarlo” y puso de relieve el temor de los asalariados a sufrir atracos durante la noche tras ser identificados por su vestimenta.
Preguntado al respecto, desde el Ayuntamiento señalan a Canarias Ahora que el tipo de uniforme que lleven los trabajadores se pactará con el sector y afirman que el coste del mismo correrá a cargo de titulares o asalariados, pero en ningún caso será abonado por el Consistorio.
García se posicionó en la línea de la vicepresidenta de la asociación vecinal El Real de Las Palmas, María de los Ángeles Sánchez, al afirmar que el Partido Popular (PP) no ha contado con la opinión de los ciudadanos y las diferentes asociaciones integradas en el sector “y han pedido opinión a asociaciones cuyos miembros no salen de un patético y triste local, mientras que nosotros estamos todo el día en la calle”.
Sánchez reivindicó que “se nos ha dejado fuera de las mesas de negociaciones” y exigió que el límite tarifario del transporte público sea el mismo para todo el municipio, y no exista una franja artificial que aleje a los barrios periféricos.
El Consistorio, por su parte, insiste en que la elaboración del reglamento se ha llevado a cabo mediante un proceso participativo, que ha contado con una ronda previa de consultas y en el que se han aceptado la mitad de las alegaciones presentadas.
Una licencia por autónomo
La portavoz del Partido Socialista (PSC) en el Ayuntamiento, Isabel Mena, aseguró que la nueva Ordenanza se centra en cuestiones anecdóticas, como si los taxistas deben hablar inglés y llevar uniforme, mientras que deja de regular “lo importante”, en referencia a la necesidad de acabar con los floteros. Mena recuerda el rechazo a las enmiendas planteadas por el partido y los expedientes que el grupo de gobierno “guarda en un cajón”.
La presidenta de Compromiso por Gran Canaria, Nardy Barrios, denunció que el PP “ha buscado una excusa” para continuar con la figura del flotero en lugar de fijar un autónomo por licencia. “Algo podría haber hecho”, sentenció.
El concejal de Nueva Canarias (NC) en el Consistorio, Pedro Quevedo, dijo ser consciente de las presiones que ha recibido el sector por denunciar a los floteros y pidió al gobierno popular que modifique su propuesta, porque “todo lo que están haciendo por ahora, infunde sospechas de que están molestos con la investigación y la organización de la gente”.
Quevedo aseguró que en este punto la oposición “poco puede hacer” para modificar el reglamento y animó a Expedito a acudir a los tribunales, aunque no precisó si su partido acompañará al presidente de la Atlac en su demanda.
