Caso Siliuto, el último rescoldo judicial del 'zerolismo'
La Casa Siliuto se construyó en el año 1900. Fue diseñada para residencia familiar por el arquitecto catalán Federico Solé y su promotor fue Manuel Lázaro. De ahí que también se la conozca como Casa Lázaro. Está situada en el barrio más tradicional de Santa Cruz de Tenerife, El Toscal, que en el siglo pasado fue el centro de la ciudad, cerca del puerto y en la actualidad es Bien de Interés Cultural.
Con más de un siglo a sus espaldas, esta casona de tres plantas y algo más de 300 metros cuadrados estuvo en su momento rodeada de jardines. Tiene, o tenía, un amplio patio que fue centro de reunión de intelectuales a mediados del siglo XX y mucha historia entre sus paredes: fue la residencia familiar de los Siliuto, inmigrantes italianos que llegaron a Tenerife en 1924. Allí nació en 1936 el primogénito de seis hijos, Francisco Siliuto, cuyos hijos Francisco Alonso y Carmen Alonso Siliuto hicieron un negocio redondo al vender en 2002 el inmueble al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por casi el doble de lo tasado por los arquitectos municipales.
Durante cien años, este edificio que se califica de emblemático pero que en la actualidad presenta más deterioro que antes de su compra por el Ayuntamiento, pasó de ser casa familiar a hotel en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Luego fue almacén y la sede de las Gráficas Alonso, empresa de los Siliuto.
Cuando Francisco Siliuto padre falleció en 1962, los hijos alquilaron la casa para convertirla en el colegio del Niño Jesús de Praga, pero dejó de tener utilidad a finales de los años ochenta. Sin habitar ni posibilidad de ser realquilada, el declive del inmueble ya era notorio apenas una década después. La casona, del mismo “aire” señorial que las que flanquean La Rambla, perdió poco a poco parte de su belleza, incluida la cubierta a teja de dos aguas. En la actualidad plantea un estado aún más ruinoso que antes de formar parte del Patrimonio Histórico de la ciudad.
Una venta pendiente desde 1986
En 1998 los hermanos Siliuto ofrecieron al Ayuntamiento la venta del edificio, pero no hubo respuesta porque el Consistorio contaba, entre otras, con la posibilidad de que el inmueble pasase al patrimonio municipal por cesión gratuita. Además, iba a quedar afectado por el Plan Especial de El Toscal que se aprobó dos años después y eso lo sabían en Urbanismo y también los propietarios (el nuevo Plan sigue pendiente).
No solo eso, sino que la Casa se había levantado sobre terreno urbano no consolidado, lo que suponía que los propietarios quedaban obligados a ceder al Ayuntamiento el suelo necesario para el desarrollo del Plan urbanístico, incluidos espacios públicos como parques y jardines.
En 1999, los Siliuto encargaron una tasación según la cual la casa valdría 101.957.643 pesetas (612.777,78 euros). Se trataba de una tasación privada, sin visado y sin tener en cuenta las limitaciones urbanísticas que afectarían al edificio por el Plan Especial.
El asunto es que la Casa Siliuto, o Casa Lázaro (como figura en los archivos municipales) fue ofrecida como futura sede de la Casa de la Juventud desde el primer momento en que se propuso la venta. Más que un ofrecimiento fue un recordatorio. No era algo que los propietarios se acabasen de inventar: la Casa Siliuto Futura Casa de la Juventud de El Toscal lo es desde 1986, y así aparece en un escrito de alegaciones que en 2012 presentó la Asociación Toscal Tribulaciones, cuyo presidente, el profesor de Filología Hispánica de la Universidad de La Laguna José Antonio Ramos Arteaga, que además es portavoz de la Comisión Defensa del Toscal, es una de las personas que más sabe del barrio.
En paralelo con el caso Las Teresitas
Entre 1998 y 2002, año en que se culminó la compraventa (la escritura se elevó a pública en febrero de 2003), el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estuvo sumergido en otra compraventa de mayor calado, la del frente de la playa de Las Teresitas. El alcalde, Miguel Zerolo delegó parte de esa operación en su entonces primer teniente de alcalde y consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo, Manuel Parejo. Y algo parecido ocurrió con la Casa Siliuto, aunque aquí el grueso del remate final recayó en Norberto Plasencia, que en 2002 ya era concejal de Infraestructuras, Servicios y Obras Públicas y heredó de Parejo las maneras zerolistas de hacer las cosas en la Coalición Canaria de aquellos años.
En 2002, la compraventa de la Casa Siliuto volvió a estar sobre la mesa de la Gerencia de Urbanismo, esta vez con mejor suerte. Norberto Plasencia encargó una tasación a los arquitectos municipales, que la cifraron en 332.469,69 euros.
Como ocurrió con Las Teresitas, el trabajo de los técnicos no se tuvo en cuenta y el concejal nacionalista encargó una tercera tasación, esta vez a la empresa Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA), la misma que unos años antes había llevado a cabo la tasación del frente de la playa sin tener en cuenta ni servidumbres ni otros condicionamientos, lo que arrojó un precio muy superior al real. Por el frente de la playa se pagaron 52,2 millones de euros, frente a los 32 millones tasados por la arquitecta municipal Pía Oramas.
El esquema se repitió con la casona toscalera. TINSA la tasó en 705.966,11 euros. En diciembre de 2002 se firmó la compraventa por el precio que habían fijado los vendedores, 612.777,78 euros En este punto encontramos otro paralelismo con el caso Las Teresitas, ya que el precio de la playa también fue el fijado desde el primer minuto por los principales interesados, sus propietarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
La gran diferencia entre Las Teresitas y Siliuto es que en el último caso Miguel Zerolo nunca ha sido sospechoso, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo. No aparece su nombre ni su firma en ningún momento de la operación.
La diferencia entre la tasación de los arquitectos municipales y lo que finalmente se pagó por la Casa Siliuto fue de 280.308 euros. Una cantidad que la acusación popular representada por Izquierda Unida y la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife consideran malversación de caudales públicos y un delito de prevaricación administrativa.
No solo eso, sino que en la escritura de compraventa se especificó que el Ayuntamiento asumía el impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que popularmente se llama la plusvalía, que ascendió a 10.946 euros, un dinero que también se dejó de ingresar en las arcas municipales.
El juicio
Tanta era la similitud y tan aparentes las irregularidades entre la compra de la eterna futura Casa de la Juventud y la operación de Las Teresitas que aparecen en ambas denuncias los mismos denunciantes y como denunciados, muchos de los encausados en ambos procesos.
En 2011 los abogados José Pérez Ventura (en representación de Izquierda Unida) y Felipe Campos interpusieron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posible malversación y prevaricación. Pedro Fernández Arcila, también abogado y concejal por Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hizo lo mismo por su cuenta. La Fiscalía admitió ambas y en junio de 2011 presentó la suya propia.
Poco faltó para que esta causa prescribiera. Al filo de los 10 años desde que se firmó la compra, la juez del juzgado de Primera Instrucción 1, que entonces era Nuria Navarro, inició la instrucción y llamó a declarar como investigados a todos los integrantes del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, entre los que incluía al que era su secretario general, Víctor Reyes Delgado.
En ese Consejo, en 2002, se sentaban el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca; el exgerente de Urbanismo, Tomás Martín, José Luis Martín (portavoz del PSOE); y los ex concejales de CC Basilio Franco, que luego pasó a ser un alto mando en la Policía Nacional; Juan Antonio Rodríguez; Antonio Covas (fallecido), Dámaso Arteaga (sigue en la brecha. Hoy es concejal de Obras Públicas); María José Gutiérrez Pajarón (PP) y David Sanz (grupo mixto). También participaban en el Consejo los funcionarios Epifanio Gómez (jefe de Planeamiento Municipal), Loreto Ariz (condenada por el caso Mamotreto, secuela de Las Teresitas) y Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo. Y con ellos, el concejal de Obas Públicas y consejero delegado de la Gerencia, Norberto Plasencia. La lista de los imputados incluyó asimismo a Manuel Parejo.
Los consejeros fueron encausados por votar a favor del expediente de la compraventa pero negaron tener conocimiento de cualquier irregularidad por no haber sido informados de posibles reparos de legalidad, lo mismo que negaron conocer la tasación de los arquitectos municipales.
Finalmente, la sustituta de Nuria Navarro, la magistrada Ángeles Zabala, redujo las acusaciones a dos investigados: Norberto Plasencia y Víctor Reyes. La acusación popular incluyó a Manuel Parejo. En un auto del 10 de junio de 2015, la magistrada dictó el auto judicial que daba por cerrada la instrucción y con el que solicitaba la apertura de juicio oral.
La Fiscalía cree que Norberto Plasencia contó con la cooperación necesaria de Reyes para llevar a cabo la compraventa de la casa Siliuto en beneficio de unos particulares y en detrimento del interés general y que si encargó una tasación a Tinsa fue para “dar apariencia de legalidad”. Manuel Parejo habría sido corresponsable de la exención de la plusvalía al apoyar que fuese asumida por el Ayuntamiento.
Para Norberto Plasencia y Víctor Reyes se solicitan 10 años y 7 años de prisión, respectivamente, más 18 y 12 de inhablitación. El primero está acusado de malversación y prevaricación y el segundo, solo de prevaricación. Manuel Parejo no está acusado por el fiscal pero sí por la acción popular que ejerce Izquierda Unida, que pide para él 8 años de prisión por malversar y 30 de inhabilitación por malversar y prevaricar. Reyes y Plasencia deberán asimismo indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 260.261 euros.
La vista oral se inició el pasado 3 de julio en la sección sexta de la Audiencia Provincial pero fue suspendida hasta el 11 de julio. Los abogados de la defensa de Parejo y Reyes insistieron en la posible prescripción de los hechos y en la ausencia de legitimación de Izquierda Unida para acusar. El tribunal aclaró que los delitos no habían prescrito, tal y como zanjó en su momento la propia Audiencia, pero quedaba un trámite pendiente y subsanable, como es que IU pague una fianza de 2.000 euros para poder sentarse en el estrado.
De esa acción popular únicamente queda un representante, el abogado José Montserrat Pérez Ventura. El antes mediático Felipe Campos y Pedro Fernández Arcila renunciaron a su personación.
Un contrato ruinoso con acciona
Han pasado 14 años y medio desde que el Ayuntamiento adquirió el inmueble. Treinta años desde que se acordó que sería la Casa de la Juventud. El 9 de marzo de 2015, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hacía publico el contrato con Acciona para iniciar las obras de remodelación, por un precio inferior al de licitación, 708.719,88 euros más 49.610,39 euros de IGIC frente a los 950.000 proyectados. Las obras durarían 18 meses y el Cabildo de Tenerife asumía el 60% del gasto. El estudio de arquitectura Escobedo de la Riva obtuvo la dirección de la obra.
“La empresa Acciona Infraestructuras será la encargada de la reforma y transformación de este inmueble en un espacio multifuncional. La Casa de la Juventud tendrá espacios en los que los jóvenes de la ciudad podrán estudiar, reunirse, interpretar música o representar obras teatrales. El objetivo es crear un centro completamente accesible, conjugado con una rehabilitación fiel al proyecto original”, se lee aún en la web municipal. “Los técnicos de Urbanismo han sido capaces de crear un proyecto que hace tres años no existía, ya que desde que el Ayuntamiento adquiriese el edificio no se había realizado ningún proyecto”.
El 1 de junio de 2015, el nuevo concejal de Urbanismo Carlos Garciñuno (PP), aseguraba a la prensa que la Casa de la Juventud abriría sus puertas en septiembre de 2016, pero nada más lejos de la realidad. En octubre de 2015 las obras quedaron paralizadas porque habían surgido “problemas técnicos” tan previsibles como la necesidad de una nueva instalación eléctrica.
“Eso lo encareció todo” dijo el que ya es exconcejal, por lo que resolvió el contrato con Acciona, con una indemnización de 55.000 euros. No fue el único motivo. Pese a tratarse de un proyecto de rehabilitación integral, Acciona había dejado fuera de su presupuesto la demolición y reconstrucción del forjado del techo, por lo que pedía una partida extra.
Es decir, que aparte de lo pagado de más por la adquisición de la casona, se abonó a Acciona parte de las obras (no se sabe la cuantía) más 55.000 euros de indemnización y ello porque el proyecto elaborado por Urbanismo para el concurso público no contemplaba elementos esenciales como el techado y la instalación eléctrica.
En marzo de 2015, el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo anunció que retomaría el proyecto, esta vez sin dejar “agujeros” en el contrato, para lo que antes es necesario sacar de nuevo las obras a concurso público. Mientras, el dinero gastado se ha ido con las lluvias, el viento y el sol y hoy, la Casa Siliuto presenta un aspecto de lo más lamentable en un marco también lamentable.
El 5 de febrero de 2013, el presidente de la asociación Tribulaciones de El Toscal, Ramos Arteaga, dirigió un escrito a Planificación Territorial y Urbanismo del Ayuntamiento para dejar patente la preocupación de los vecinos por el deterioro del inmueble: “Al histórico estado de abandono a que ha sido sometido por parte de las distintas corporaciones gobernantes desde su adquisición urgente, se une ahora el posible atascamiento de una tubería de desagüe que provoca el estancamiento del agua de lluvia en la azotea y la aparición de humedades en pared trasera, según se aprecia desde la calle”.
Y se añadía que “suponemos que no es necesario recordar la exhaustiva normativa urbanística vigente sobre el deber de conservación de la edificación exigible a los propietarios de inmuebles, incluida la recientemente aprobada Ordenanza del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre Conservación, Restauración, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones”.
De poco ha servido. Hoy, no solo la Casa sino el barrio entero se cae a pedazos sin que el Plan Especial definitivo termine de ser aprobado.
