El Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha desvelado ante la opinión pública la precarización en la que viven los trabajadores sanitarios en las Islas, aunque bien es cierto que éste no es un mal endémico solo atribuible al Archipiélago. La condena al Servicio Canario de Salud (SCS) por encadenar contratos temporales en fraude de ley a una fisioterapeuta de Lanzarote desde un hace un cuarto de siglo puede parecer una anécdota pero, lamentablemente, no lo es.
Ya es sabido, por reiterado padecimiento de los usuarios y repetitivo debate político, que la Sanidad canaria está apuntada a varias listas de espera: falta de personal sanitario y de camas y descoordinación en la gestión política del SCS.
En estos meses, el cíclico debate sobre la privatización del sistema sanitario y la mala gestión política del SCS se ha agudizado con el cambio de titular al frente de la Consejería como resultado de que el 23 de diciembre de 2015 el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, decidiera cesar a los consejeros socialistas y manejar el timón del gabinete en minoría parlamentaria.
Desde que José Manuel Baltar sustituyera al socialista Jesús Morera al frente de la Consejería de Sanidad hace ocho meses, la opinión pública ha desayunado, comido y cenado suculentos y encendidos debates entre el PSOE y el Gobierno sobre el mal camino por el que el Gobierno está llevando al sistema sanitario.
Sin embargo, en ninguno de esos debates (que se resumen en el consabido que bien lo hacen los nuestros y que mal lo hacen los de enfrente) se aborda la situación laboral que padecen miles de trabajadores sanitarios en Canarias, que solo aparecen en la boca de los políticos para agradecerles su trabajo, pues sin él todo el entramado se vendría abajo.
Un agradecimiento que, tras la sentencia del Juzgado de los Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, hace pensar si no encerrará un punto de sadismo en vista de que los trabajadores (bien sean eventuales estructurales o interinos) cumplen sus jornadas laborales bajo la losa de la precariedad.
Manuel Martos, el abogado de la fisioterapeuta a la que el SCS lleva desde 1993 contratando fraudulentamente, asegura que solo su despacho está tramitando entre 60 y 70 pleitos judiciales que afectan a médicos, enfermeros, auxiliares y celadores, que, como su cliente, ven sus vidas laborales afectadas por contratos de días, de meses, o, en el mejor de los casos, por un año.
Y siempre con la espada de Damocles de la posible no renovación del mismo sobre la cabeza de los profesionales que atienden a los canarios y las canarias en las situaciones de más vulnerabilidad en la que puede encontrarse un ser humano: la falta de salud.
Ya el 30 de junio, las gerencias de la mayoría de los hospitales del Archipiélago fueron simultáneamente ocupadas por representantes de los trabajadores pertenecientes a Intersindical Canaria, con el objetivo de “reclamar recursos para la sanidad pública canaria y acabar con el esclavismo laboral”.
Este caso, con todo, nos recuerda que la precarización laboral en la sanidad canaria viene de lejos. Hay que recordar que el 11 de marzo de 1994 el Consejo de Ministros aprobó el traspaso a Canarias de las competencias del entonces Instituto Nacional de la Salud (Insalud), naciendo así la autonomía sanitaria de las Islas. Por tanto, la fisioterapeuta lanzaroteña ha estado contratada en fraude de Ley desde antes de que las Islas tuviesen competencias exclusivas en Sanidad, que se dice pronto.
El subterfugio de la crisis
La sanidad es uno de los aspectos fundamentales en la evolución de las economías regionales y las sociedades que las desarrollan. Por ello, se le otorga gran importancia dentro de los Presupuestos Generales de la Administración Pública, siendo junto a Educación la partida más relevante de las cuentas regionales, precisamente por el número de profesionales a los que hay que pagar las nóminas.
Desde 2011, el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos por la Unión Europea (UE) obligaban a reducir gasto público convirtió a la Sanidad en una de las más damnificadas.
De 2010 a 2011, los recortes más abultados se los llevaron las partidas de Investigación Sanitaria (-49,78%) y Atención Primaria (-21,48%), que es, según los expertos, la puerta al sistema por parte de la población.
El primer Presupuesto del Pacto CC-PSOE en 2011 centró su mayor incremento en la Atención Primaria (11,09%), mostrando así en Sanidad una tendencia similar a la que hubo desde 1999 a 2003, años en los que los conservadores, aún cogobernando con CC, no estaban al frente de los designios de la Consejería de Sanidad.
En esa legislatura, en la que casualmente un médico, Román Rodríguez, presidía el Ejecutivo, el gasto sanitario total de Canarias creció un 47,41%, hasta superar los 1.600 millones de euros.
De Rodríguez a Rivero
El primer año de Rodríguez al frente del Gobierno, con José Carlos Francisco como consejero de Sanidad, el presupuesto sanitario por persona protegida en Canarias era de 721 euros (la media estatal era de 770), y concluyó la legislatura, ya con Rafael Díaz como sustituto de Francisco, con 754 euros por persona (46 euros menos que la media del Estado).
Tan solo ocho años después, en 2012, el presupuesto sanitario por persona protegida en Canarias fue de 1.282,59 euros, cifra que se vio ligeramente incrementada con respecto al último año del PP en la Consejería en 38,73 euros.
No obstante, quienes usaron el cambio de signo político en la Consejería en 2011 para demostrar que sin el PP el presupuesto crecía se llevaron un chasco: en 2013, las segundas cuentas del Pacto CC-PSC bajaron un 1,07%, si bien el mayor tajo se lo llevó el programa de Gestión de Servicios Económicos del SCS, al que se le rebajó un 62,97%.
Desde el Gobierno se hizo entonces hincapié en que todas las medidas venían dadas por los brutales ajustes y recortes con los que, siguiendo la ortodoxia económica neoliberal, se gestionó la crisis en España desde que Mariano Rajoy se sentó en La Moncloa.
Lo cierto es que la Consejería de Sanidad durante la crisis ha bajado sueldos, ampliado la jornada laboral, prescindido de más de mil trabajadores eventuales, cerrado plantas hospitalarias y quirófanos en verano y reducido al mínimo el gasto farmacéutico.
Y ya con los socialistas al frente de Sanidad, el propio Morera reconocía en el Parlamento de Canarias que poco se podía hacer con un presupuesto par 2016 que solo crecÍa unos “escasos” 25 millones de euros respecto al año 2015, es decir, un incremento del 0,96%, lo que impidió reducir las listas de espera y la saturación de las urgencias, la mejora de las infraestructuras y equipamientos y la planificación eficiente de los recursos humanos y materiales.
El conflicto de 2001
La conflictividad laboral en la Sanidad canaria no es nueva pues ya en 2001 el Gobierno de Rodríguez tuvo que afrontar el conflicto laboral planteado por los especialistas adscritos a los centros sanitarios del SCS, que colapsó el sistema de tal manera que limitó considerablemente la atención dispensada en los hospitales canarios, sobre todo en la provincia de Las Palmas.
Una huelga de esas características supuso, para muchos analistas, la creación de esa gran bolsa de listas de espera que aún continúa 16 años después, pues se produjeron retrasos en las intervenciones quirúrgicas y un progresivo deterioro de la sanidad pública que incluso reconocieron los propios huelguistas, aunque insistiendo en que sus reivindicaciones eran justas.
Un conflicto que afectaba a la remuneración de 1.900 profesionales y que, al contrario que el actual, no estuvo respaldado por el conjunto de la ciudadanía, pues consideraron varias asociaciones de vecinos que el bloqueo de las urgencias y las altas hospitalarias vulneraban los derechos fundamentales de los pacientes.
Incluso la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que tan beligerante es ahora contra los Ejecutivos central y autonómico, se manifestó en contra de los profesionales sanitarios al considerar falso que sus sueldos eran reducidos y que no podían librar tras las guardias.
Y es que en el fondo, aunque los especialistas querían regular la jornada laboral, las guardias e implantar la carrera profesional, lo que se hablaba era de aumento de sueldo. Aún no había estallado la crisis pero, como sucede con el colectivo de pilotos y controladores aéreos, la sociedad percibe que ciertas reivindicaciones salariales no son de recibo frente al común de los mortales.
Por ello, los representantes ciudadanos exigieron una y otra vez al Ejecutivo regional que no incrementara la oferta económica ofrecida a los profesionales sanitarios, y que fue rechazada por éstos, porque sus reivindicaciones estaban más que satisfechas.
Sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo fijó que a partir de la tercera guardia, ésta debía ser voluntaria, y en base a ello, los especialistas sanitarios lograron que el Ejecutivo regional desembolsara 14 millones de euros en tres años para incrementar las percepciones de las guardias y se acordó implantar la carrera profesional y otros incentivos.
Sin embargo, no todos los centros sanitarios aceptaron el acuerdo y la conflictividad se prolongó durante todo aquel largo año 2001.
Llamamiento a movilizaciones
Dieciséis años después, y antes de conocerse la sentencia de la fisioterapeuta, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) vuelve a apelar a movilizaciones para lograr una mayor presión al Gobierno canario, con el fin de que resuelva los “graves problemas” que afectan a la sanidad pública en las islas.
Según su presidente, Guillermo de la Barreda, el consejero Baltar lleva meses “sin hacer nada” para dar una solución al problema sanitario y apeló recientemente a sindicatos, ciudadanos y personal sanitario para que se movilicen para reclamar soluciones urgentes.
Los datos que maneja ADSPC confirman que el área sanitaria cuenta con 200 millones de euros menos en su presupuesto respecto a 2009, y que con esos mimbres es difícil que en la Mesa Sectorial de Sanidad haya avances “para los trabajadores y pacientes”.
Para De la Barreda, es un “tremendo error seguir alargando la situación actual, la política de la sonrisa y el buen rollo, mientras pasa el tiempo y prosigue el deterioro”, por lo que depende de los sindicatos “poner fin a esta tomadura de pelo” y conseguir la recuperación de puestos de trabajo y la dotación de recursos materiales.
Al respecto, Intersindical reclama “la contratación y reincorporación de los entre 3.000 y 4.000 trabajadores” que el Gobierno ha dejado de contratar por la aplicación de los “salvajes recortes” y que ha llevado a que al personal sanitario “se le adeude unas cien mil horas trabajadas de más y por encima de su jornada laboral, sin que se les haya compensado”.
“Junto a los trabajadores, los cerca de 200.000 pacientes en espera quirúrgica, consulta o pruebas diagnósticas demandas soluciones inmediatas”, culminaba el comunicado leído durante la ocupación de las gerencias hospitalarias el pasado 30 de junio.