Una ley eléctrica envuelta en la polémica
El pasado jueves 17 de octubre, el Congreso de los Diputados daba finalmente luz verde a la ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, un texto que según Gobierno busca “garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad al menor coste posible así como una mayor competencia y transparencia” en los sistemas eléctricos de Baleares, Ceuta, Melilla y, sobre todo, Canarias, pero que, como casi todas las iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, ha nacido envuelto en una gran polémica.
Todos los grupos políticos, las distintas administraciones y los operadores y empresas del sector eléctrico coinciden en señalar desde hace varios años los muchos problemas que sufren los sistemas eléctricos del archipiélago y la necesidad de su urgente reforma. Sin embargo, una política errática del anterior Gobierno socialista y las discutidas decisiones del Ejecutivo de Rajoy, con la decisión de suprimir las ayudas a la instalación de fuentes de energía renovables a la cabeza, habían ido posponiendo una y otra vez la puesta en marcha de medidas concretas que permitieran solucionar esa preocupante situación.
La nueva ley plantea una única regulación aplicable a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando sus necesidades son diferentes
Al menos, hasta el pasado 15 de marzo, cuando el Consejo de Ministros presentó un proyecto de ley que pretendía regular los sistemas energéticos insulares y extrapeninsulares, cuyas singularidades los convierten en mucho más vulnerables que el peninsular. La propuesta, que fue remitida al Congreso de los Diputados el día 20 de ese mismo mes, pretendía según su propia exposición de motivos garantizar “una mayor eficiencia técnica y económica del conjunto” de esos sistemas “que redunde simultáneamente en una mejora de la seguridad del suministro”. Sin embargo, una de las primeras críticas que cosechó el texto fue que plantease una única regulación aplicable a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando las necesidades de todos ellos son completamente diferentes.
Un sistema al límite
En el caso concreto del Archipiélago, desde hace varios años se alerta de que los seis sistemas eléctricos de las islas ?cada isla posee su propio sistema independiente, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que están interconectadas? trabajan al límite de su capacidad, con la amenaza de sufrir un apagón total o “cero energético” en cualquier momento, tal y como ocurrió por tercera vez en cuatro años el pasado 3 de septiembre en la isla de La Palma. Tan solo la caída de la demanda de energía derivada de la crisis ha evitado que esta situación se haya producido con mayor frecuencia, pero una eventual recuperación económica pondría nuevamente el problema sobre la mesa.
A esta precaria situación se une una escasa penetración de las energías alternativas, a pesar de que todo el mundo coincide en señalar que las islas poseen unas condiciones inmejorables para estar a la vanguardia mundial de la implantación de este tipo de energías. Sin embargo, la no adjudicación de nuevos parques de aerogeneradores que incrementen la potencia de este tipo de energía, a consecuencia de las irregularidades detectadas en el concurso eólico de 2005 y la paralización del iniciado en 2007, unidas a la supresión de las primas a este tipo de energías decretada a comienzos del pasado año, han tenido como consecuencia que las renovables apenas satisficieran el 8% de la demanda energética del archipiélago en 2012, frente al 32% cubierto por este tipo de energías en el sistema peninsular.
Además, la enorme dependencia de las islas con respecto a los combustibles fósiles -principalmente fuel-oil-, que experimentan un constante aumento de precio, hace que la producción de electricidad en el archipiélago resulte mucho más cara que en el resto del país, lo que eleva los costes de producción, aumentando el llamado déficit tarifario -la diferencia entre lo que cuesta producir la energía y el precio que realmente paga el consumidor- y frenando la entrada de competidores en un sector teóricamente liberalizado desde hace alrededor de una década.
Una forma de acabar con esta situación de sobrecoste, que es asumido por la totalidad del sistema eléctrico español, es aumentar la competitividad y la eficiencia de los sistemas insulares. En la forma de llevar esto a cabo es donde empiezan los desacuerdos con el proyecto inicialmente presentado por el Gobierno. Quizá por ello, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al frente del que se encuentra el canario José Manuel Soria, aseguraron desde un primer momento estar abiertos al diálogo con el Gobierno de las islas.
Fruto de estas negociaciones, que según la consejera de Industria del Ejecutivo canario se tradujeron en varios compromisos como el desbloqueo a la instalación de nuevos parques eólicos, el establecimiento de primas a instalación de energías renovables, o la inclusión de una excepción a la prohibición de que las empresas que posean más del 40% de la capacidad de generación pudieran optar a nuevas instalaciones de generación de energía en el articulado de la ley, que se plasmaron en una serie de enmiendas al texto legal presentadas por el propio Partido Popular durante la tramitación parlamentaria.
Sin embargo, estas concesiones no bastaron para que desde la oposición se haya seguido criticando duramente un texto que según el ministro de Industria establece un marco regulador positivo desde el punto de vista del incentivo a la generación de energías renovables en los sistemas insulares, para las que crea un nuevo régimen retributivo diferenciado, y además favorece al conjunto del sistema eléctrico español al propiciar una disminución de costes y posibilitar la reducción del déficit tarifario.
Medidas básicas
Para lograr sus objetivos de garantizar el suministro eléctrico e incrementar la competitividad de los sistemas, la ley aprobada el pasado 17 de octubre incluye ocho medidas básicas.
La nueva norma considera en Canarias un subsistema de gas natural dentro del sistema gasista español puesto que, a diferencia de Baleares, no se encuentra conectada con la Península a través de un gasoducto
La primera de ellas es conseguir unos parques de generación más eficientes. Para ello, la norma prevé posibilitar la introducción paulatina de nuevos sistemas de generación que sustituyan a los más ineficientes, de manera que se logre el abaratamiento del coste de generación. Del mismo modo, se pretende favorecer la entrada de nuevos operadores en estos sistemas, de forma que se incremente la competencia.
Por ello, la ley establece que no se podrán otorgar primas a nuevas instalaciones que sean titularidad de una empresa o grupo empresarial que posea un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40% en ese sistema insular. Sin embargo, esta norma no se aplicará a las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no supongan aumento de capacidad siempre que se realicen en una central en explotación ni, de forma excepcional, al establecimiento de cualquier mecanismo de asignación de nueva capacidad de producción, cuando no hubiera otra empresa interesada en construir y explotar esas instalaciones.
En tercer lugar, la ley permite al Gobierno establecer mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción, con la finalidad de disminuir el coste de generación, previsión que, en la práctica, abre la puerta a la reintroducción de las primas a la instalación de energías renovables. Para poder acceder a estas retribuciones, la norma señala que será necesario obtener la aprobación de la Dirección General de Política Energética y Minas.
La ley establece también varias medidas para determinar el coste del combustible de generación de forma más transparente y objetiva, otorga funciones de control de la producción al Ministerio de Industria Energía y Turismo y al operador del sistema eléctrico, así como capacidad de actuación del Gobierno en casos de riesgo para garantizar el suministro de energía eléctrica, mediante la adopción de diferentes medidas.
Junto a ello, esta nueva normativa regula el funcionamiento y la finalidad de las estaciones de bombeo -como la central hidroeléctrica de Gorona del Viento en El Hierro- y la integración de la energía producida por las mismas en el sistema, así como diversos aspectos del funcionamiento de las plantas de regasificación en Canarias, comunidad a la que considera un subsistema de gas natural dentro del sistema gasista español puesto que, a diferencia de Baleares no se encuentra conectada con la Península a través de un gasoducto.
Finalmente, incluye una Disposición Final que modifica la ley General de Hidrocarburos, incluyendo en la misma la posibilidad de emplear tecnologías de fracturación hidraúlica o fracking para la extracción de petróleo y gas. Precisamente esta disposición, introducida en una enmienda durante el paso de la norma por el Senado, ha sido una de las mayores críticas a esta ley, ya que los posibles efectos negativos de este sistema de extracción de hidrocarburos, consistente en la rotura del subsuelo mediante la inyección de agua a alta presión, no han sido convenientemente estudiados. En concreto, tanto la oposición como numerosas organizaciones ecologistas han acusado al Gobierno de haber aprobado esta práctica “por la puerta de atrás”, al incluirla en una norma que poco tiene que ver con ella y hurtando así a la sociedad un debate acerca de la conveniencia de autorizar esta práctica.
Críticas a la regulación
La inclusión del fracking no es la única crítica que se hace a esta ley a la que muchos califican de “parche” y “oportunidad perdida” y que al regular de forma homogénea tres sistemas diferentes no parece contentar a nadie.
Así, durante el debate parlamentario, el diputado socialista Pablo Martín Peré aseguró que se había perdido la oportunidad de convertir a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en “ejemplos de sostenibilidad energética” y lamentó que el Gobierno “condene” al archipiélago a “continuar por la senda de las energías fósiles” al “impedir una verdadera implantación de un sistema de generación de renovables”.
Interpretación con la que coincidió el nacionalista Pedro Quevedo, que calificó la norma de “disparate conceptual” al “legislar sobre territorios que nada tienen que ver unos con otros” y “cuestionar el futuro” y el desarrollo de las energías renovables en las islas.
Tanto la oposición como numerosas organizaciones ecologistas han acusado al Gobierno de haber aprobado el uso del fracking “por la puerta de atrás”
La patronal eólica tampoco está de acuerdo con la visión popular de que la nueva normativa favorece la implantación de las energías alternativas en las islas, a pesar de que aseguran que en el archipiélago el coste de generación eólico es en la actualidad inferior al del resto de tecnologías.
Quizá esto llevó al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a defender ante José Manuel Soria que las energías fósiles son “el pasado” y que Canarias debe mirar “al futuro” con el desarrollo de las renovables, con el objetivo de que las islas puedan abastecerse solo de este tipo de energías. Rivero hizo estas declaraciones durante la inauguración del primer aerogenerador marino de España, desarrollado por la empresa Gamesa e instalado en el grancanario puerto de Arinaga. Este prototipo cuenta con un rotor de 128 metros de diámetro, una altura total de 154 metros y unas palas de 62,5 metros y su turbina es capaz de generar la energía necesaria para abastecer a 7.500 familias al año.
Apuesta por los saltos hidráulicos
La energía hidráulica sería otro de los puntos claves en este plan. Así, a la central ya construida en El Hierro y cuya demorada entrada en funcionamiento convertirá próximamente a la Isla del Meridiano en la primera del archipiélago en generar toda su electricidad de forma limpia, se suma la prevista construcción de la estación de bombeo entre las presas de Chira y Soria, a la que podría unirse otra ubicada entre las presas de Las Niñas y Soria y una tercera en La Aldea de San Nicolás, que se instalaría entre los embalses de La Candelaria, El Parralillo y El Caidero de La Niña, según recoge el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica (PTE 31), aprobado de forma definitiva el pasado mes de septiembre por el Cabildo de Gran Canaria.
En cualquier caso, este documento se limita a establecer la posibilidad de la instalación de dichas infraestructuras, sin fijar la necesidad de su construcción o su potencia, aunque los técnicos insulares estiman que las estaciones de Chira-Soria y Las Niñas podrían rondar los 200 megawatios, mientras que la central hidroeléctrica de La Aldea, cuya concreción dependería de la existencia de una demanda suficiente, podría alcanzar los 100 o 150 megawatios.
A pesar de estos avances, las centrales de Jinámar y Juan Grande, con 900 megawatios de potencia, seguirán siendo durante muchos años las encargadas de generar la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en Gran Canaria, situación que se repetirá en el resto de las islas, que, con la única y honrosa excepción de El Hierro, parecen condenadas a seguir dependiendo de los combustibles fósiles al menos en el medio plazo, pese a que cuentan con condiciones idóneas para la rápida implantación de toda clase de fuentes de energía limpias.
