Pensiones: alarmismo y realidad

La política, una vez más, ha ido por detrás de la calle. Nuestros gobernantes saben perfectamente la importancia que tiene el sistema de pensiones en un estado social y de derecho. Y conocen, también, lo que señala la Constitución en su artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Pero los hombres y mujeres pensionistas han tenido que movilizarse masivamente en la calle para que el Gobierno central reaccionara. Primero, insultando a los pensionistas, luego reculando (entre otras cosas porque el grupo de edad 65 y más años ha sido, según los estudios sociológicos, el principal caladero de votos de los conservadores; la chulesca actitud inicial era un auténtico suicidio político que algunos estudios ya comienzan a percibir) y reconociendo el problema.

Ahora aseguran que su voluntad es tomar medidas correctoras en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, unas medidas que serán, si se aprueban las cuentas públicas, un incremento de las pensiones de jubilación más bajas, así como de las de viudedad y las no contributivas. Que están bien, por favorecer a los que peor lo tienen, pero que es claramente insuficiente. El problema es de calado más profundo y no se trata de aplicar medidas puntuales o parches.

Por supuesto que el tema trasciende a este Gobierno y que nos encontramos ante un asunto de Estado en el que deben comprometerse la totalidad de las fuerzas parlamentarias, así como las organizaciones empresariales y los sindicatos. La situación de las personas jubiladas no puede estar al albur de la mayor o menor sensibilidad del Ejecutivo de turno, sino que debe estar formulada con reglas claras y con garantías de que la última etapa de la vida pueda desarrollarse con normalidad y sin estar sumido en la miseria. La sostenibilidad es el reto.

Algunas de las fórmulas que se plantean me parecen terriblemente injustas. Como las que apuntan a elevar la edad de jubilación por encima de los 67 años (preocupados, sobre todo, por el alargamiento en los años en que se cobra la pensión) o a que los pensionistas combinen jubilación y trabajo parcial que, además, se lo estarían quitando a personas de otras generaciones. O a reducir su cuantía hasta que suponga un 50 o un 40% (frente al casi 80% actual) de lo que se percibía en la última etapa de vida laboral.

Hay elementos centrales. Por ejemplo los que atañen a las diferencias en las pensiones entre hombres y mujeres, en grave perjuicio de estas últimas. En el caso de las de jubilación, la pensión media de una mujer en España es de 799,51 euros, unos 450 euros por debajo de la de los hombres (1.249,14); hay que realizar un esfuerzo para igualarlas. O, también, la necesidad de elevar aquellas pensiones más bajas que llevan directamente a situaciones de pobreza. Y, sobre todo, los que se refieren a su sostenibilidad futura.

Amenazas

Las amenazas son reales. Hoy entra mucho menos dinero en la hucha de las pensiones porque el empleo se ha degradado y son muy bajos los salarios de una parte significativa de la población. Además se va desequilibrando la relación entre activos y pensionistas por el cada vez mayor número de personas mayores. Con los actuales datos estas son, con seguridad, insostenibles. Lo que no significa que puedan cambiar en un futuro de mayor empleo no necesariamente sustentado en la natalidad (que no se improvisa) sino en movimientos migratorios, como hace Alemania.

Además, como señala el profesor Vicenç Navarro, el Estado puede incrementar su aportación a las pensiones tal como lo llevan a cabo otros países: vía impuestos. “No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas”.

Por cierto, todavía hay mucha gente que cree que la Sanidad se sostiene con cotizaciones, situación superada hace ya varias décadas: lo hace con aportaciones vía cuentas públicas estatales.

Creo que hay que afrontar el tema con rigor y sin demagogias. Y sin datos erróneos. No es verdad que tengamos las peores pensiones de Europa, ni mucho menos. La pensión media de jubilación española supera los 1.079 euros, muy por encima de la británica o italiana y similar a la francesa o la alemana. Es cierto que en muchos estados de la UE tienen una función complementaria las pensiones privadas, muy extendidas.

Diferencias entre comunidades autónomas

Por otra parte, dentro del Estado español se producen profundas diferencias por comunidades, vinculadas a sus respectivos modelos económicos -mayor o menor peso de la industria o de los servicios- y, por tanto, a sus muy distintas estructuras salariales. Siete comunidades se encuentran por encima de la media: Cataluña, Aragón, Cantabria, Navarra, Madrid, Asturias y País Vasco.

En la cola se sitúan Extremadura (889,65 euros de pensión de jubilación media), Galicia (899,51) y Murcia (953,13). En lo alto del ranking se colocan País Vasco (1.333,81) -y es Bilbao, curiosamente, el lugar en que se producen las manifestaciones de protesta más concurridas-, Asturias (1.310,62), Madrid (1.272,28) y la Comunidad Foral de Navarra (1.223,17).

Canarias aparece en marzo con 1.012,70 euros, ligeramente por debajo de la media estatal. Respecto a nuestra Comunidad, en el global del sistema son ligeramente mayores las cuantías de las pensiones de jubilación en las islas orientales. En marzo, la media era de 1.027,23 euros/mes en Las Palmas por los 996,12 de Santa Cruz de Tenerife.

No es cierto que su sostenibilidad se arregle fácilmente. Hablamos de cifras muy elevadas y que van creciendo y consolidándose año a año. En el Estado español, el pago del conjunto de las pensiones (de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, etcétera) supuso solo en el pasado mes de marzo un desembolso de más 8.946 millones de euros. Hace diez años, en 2008, era de 6.138 millones, experimentando por tanto un crecimiento desde entonces, en un período de solo diez años, de un 45,74%.

En el caso canario, en torno a 269 millones de euros en marzo, es decir, que sin contar las pagas extras supera los 3.228 millones de euros anuales. Por realizar un ejercicio comparativo, más que el actual presupuesto de la Consejería de Sanidad (unos 2.930 millones).

9,5 millones

En el Archipiélago tenemos algo más de 870.000 personas ocupadas, unas 246.000 en situación de desempleo y otras 313.000 percibiendo algún tipo de pensión. En España 19 millones de ocupados, 3,7 millones de desempleados en la última EPA y 9,5 millones de pensionistas, de los cuales 5.895.603 son de jubilación; 2.357.725 corresponden a viudedad; 949.714 a incapacidad permanente; 339.379 a orfandad y 41.196 a favor de familiares.

En una entrevista reciente https://www.eldiario.es/economia/sistema-pensiones-perfectamente-sostenible-dentro_0_753125650.html Borja Suárez, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que en España tenemos “un nivel de ingresos fiscales que está en el 34,6% cuando la media europea en el 41,5%”. Y apunta que el refuerzo puede ir en el tratamiento de las rentas de capital. “En una economía en la que el peso del capital es cada vez mayor, como consecuencia de ese proceso de digitalización, es razonable equilibrar de alguna manera: no gravar más las rentas del trabajo, que ya están sufriendo, y poner un mayor énfasis en las rentas de capital.”

No hay una maldición que determine que las pensiones no tengan futuro. La situación actual puede tener arreglo con más y mejor empleo (y, por tanto, más elevadas cotizaciones), así como con una fiscalidad progresiva y justa. Es una decisión política estratégica sobre el modelo que queremos tener para nosotros y para las generaciones futuras: uno de equidad y solidaridad intergeneracional o, por el contrario, otro, bien distinto, de desprotección y exclusión social. El avance del neoliberalismo en España y en Europa me hace temer lo peor.