Exdirectivos de la Televisión Canaria reclaman en los juzgados pasar al ente público RTVC

Cinco exdirectivos de la Televisión Canaria llevarán este martes a los juzgados al ente público tras ser despedidos el pasado mes de junio. Los demandantes reclaman que deben ser subrogados, como ya se hizo con más de 200 trabajadores este verano. A pesar de que, según la carta de despido de la última concesionaria de los informativos (Videoreport), estas personas se encontraban en el listado propuesto por la empresa para que fueran subrogadas, el ente no lo consideró así, por lo que al cesar el contrato entre ambas partes fueron despedidas.

El abogado José Luis Arias Machuca defiende en su demanda que estos exdirectivos llevan trabajando desde hace más de diez años para el ente a través de las diferentes productoras que han tenido la cesión de los informativos. Además, recuerda que ya se han dictado otras sentencias que avalan su tesis. El Tribunal Supremo determinó que “no basta con el hecho de que los trabajadores de una entidad empresarial pasen a prestar servicio a otra compañía diferente, pues es necesario además que se haya producido la transmisión al cesionario de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización empresarial básica de la explotación”.

Los demandantes sostienen que la transmisión de activos “es un hecho innegable” y que “la subrogación total de la plantilla es un hecho probado”. El abogado alude además a que, según el Tribunal Supremo, “el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad, sino que se hace cargo de una parte esencial; del personal que su antecesor destinaba a esta tarea”. Según explica, estos directivos eran una pieza importante para la organización de la plantilla de los informativos, que ahora estaría “descabezada”.

Por tanto, consideran probado que se ha entregado a la Televisión Pública Canaria S.A la infraestructura y organización básica empresarial para la explotación de servicios, lo que “necesariamente lleva a la obligación de subrogar a todos los trabajadores que componen la plantilla cedente”. Así mismo, señalan que la mayoría de los trabajadores devienen de otras empresas que se subrogaron en la prestación de servicios y los asumieron como plantilla.

También destacan que ninguno de los demandantes es miembro de la Gerencia del ente público, ni se da una relación de confianza entre empleador y empleado. Es decir, no pertenecen a los máximos órganos de gestión y dirección ya que no eran altos directivos, razón que consideran de peso para que sí sean subrogados.

Otro de los motivos que se refleja en el escrito es que la subrogación se ha producido con “total falta de pericia” ya que fue la propia empresa concesionaria, Videoreport, la que ofreció información de los empleados subrogados y del coste patronal ante la “pasividad” del ente público, que no pidió esta información. Por ello, acusan de “despropósito y falta de acción” a la Televisión Canaria al asumir la prestación de servicios “con total desidia en sus incorrectas decisiones”.

Los trabajadores también alegan que, desde el inicio de su actividad, han trabajado “codo con codo con personal de la Televisión Canaria” y han estado vinculados a ella por prestación de servicios que en algunos casos supera los diez años. Además, “siempre con contratos temporales por obra o servicio determinado, celebrados en fraude de ley, mediando incluso varias contratas que a su vez se subrogaron”.

Por otro lado, a expensas de determinar la subrogación de estos trabajadores por el ente público, los trabajadores también han demandado a Videoreport al considerar que su despido no debería haber sido objetivo sino improcedente. En este sentido, el abogado alude a que en ningún momento se ha justificado que los despidos fuesen a mejorar la productividad de la empresa, “máxime cuando se ha procedido a la subrogación de más de 200 trabajadores” y añade que se ha continuado la relación laboral con alguno de los integrantes del equipo que administraba la Televisión Canaria. Videoreport dejó de ocuparse de los servicios informativos y de la continuidad de TVC al expirar el contrato sin prórroga. Los trabajadores pasaron al ente público por decisión de este, mientras que estos directivos, que no fueron subrogados, quedaron sin ocupación laboral y fueron despedidos.

El Juzgado de lo social número cinco de Santa Cruz de Tenerife tendrá que decidir este martes si se subroga a estos trabajadores y, en caso de que no estime esta opción, dilucidar si el despido fue improcedente y se debió indemnizar en lugar de con 20 días por año trabajado, con 33, de acuerdo con la reforma laboral. La tercera opción que puede contemplarse este martes es que se desestime la demanda.

Hacia unos informativos 100% públicos

La subrogación de más de 200 trabajadores el pasado mes de junio fue una decisión del administrador único de RTVC, Naranjo Sintes, para evitar que la tele se fuera a negro tras la polémica gestión de su antecesor, Santiago Negín. La medida generó revuelo en tanto que se realizó sin convocar un proceso selectivo y sin resolver la situación de otros 90 trabajadores que prestan sus servicios a través de subcontratas y cuyo futuro es incierto.

De momento, la nueva Ley de RTVC se sigue tramitando en el Parlamento de Canarias y en la última ponencia se logró un empate a 30 entre los grupos que componen la Cámara Regional para avanzar hacia la desprivatización de los informativos. Solo Coalición Canaria y PP mantienen que habría que esperar a decidir esta cuestión en el mandato marco, una vez que se apruebe la nueva ley de RTVC. La idea de estos partidos es sacar adelante la nueva norma sin que se recoja esta cuestión de los informativos y que se decida más adelante.

La enmienda inicial de Podemos pretende que independientemente de quien gobierne, se establezcan una serie de medidas que garanticen la independencia del ente y que la RTVC, como servicio público, sea de toda la ciudadanía. La iniciativa busca evitar la censura y la manipulación y que prime el interés público por encima de cualquier otro económico y privado. No obstante, la formación morada está dispuesta a retirar este texto y presentar otro de manera conjunta con el PSOE.