El Fdcan le complica la vida a San Mateo

El nuevo edificio de aparcamientos de la Vega de San Mateo (Gran Canaria), un proyecto que debía haber estado finalizado a principios de este año, camina a pasos muy lentos. La obra con la que el Gobierno de Fernando Clavijo premió al municipio con 7 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), al decidir desmarcarse del Cabildo de Gran Canaria y optar a estos fondos regionales en solitario (como lo hicieron Mogán y Firgas), ha estado envuelta en polémica desde que se iniciaran los trámites para la adjudicación de su construcción.

La empresa adjudicataria resultó ser OHL, que se comprometía a ejecutar las obras en menor tiempo y a mejor presupuesto que sus competidoras. Sin embargo, el pliego ya contenía ciertas anomalías, por lo que otra de las empresas que concursó, pero que quedó segunda, Lopesan, presentó una queja ante la Asociación de Empresarios de la Construcción en 2017. La patronal redactó a su vez un escrito que remitió al Ayuntamiento al apreciar que en el pliego se hacía mención a una serie de mejoras que nada tenían que ver con la obra en sí y que puntuaban de una forma no objetiva. El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega (Avesan), ahora en la órbita de Coalición Canaria, señala que en aquel momento “en lo que tenían razón se corrigió y en lo que no, pues no se modificó”.

El concurso, sin embargo, siguió adelante. Se formalizó el contrato el 13 de noviembre de 2017 y el acta de replanteo el 23 de enero de 2018, pero OHL anunció al poco tiempo, el 5 de febrero de ese año, que le era imposible iniciar los trabajos y que se veía obligada a solicitar la paralización temporal de la obra. En ese momento consideró que era necesario “realizar un estudio y una valoración de los servicios afectados que se encuentran en todo el perímetro del futuro edificio, los cuales no están contemplados en el proyecto adjudicado”. En la solicitud de paralización se advertía de que si no se resolvía esa incidencia no sería posible comenzar los muros de sostenimiento ni la excavación. Además, se anunciaba que los anclajes que sujetan la pantalla de micropilotes, situada en la Avenida del Mercado, penetraban en los sótanos de los edificios de esa calle. Se concluía señalando que no era posible contratar y comprar ya que se “originará un incremento de precios por el desfase temporal en la contratación, por causas no imputables a OHL”.

Se refleja así la necesidad de modificar el proyecto para solventar “el error manifiesto” en él “al haber obviado u omitido la existencia de sótanos en las edificaciones colindantes de las calles aledañas”, a lo que los redactores del proyecto contestan que no se trata de un “error manifiesto”, sino de una circunstancia que debe resolver la dirección facultativa de la obra y que estas dificultades “no constituyen una imposibilidad técnica para su ejecución”.

El informe técnico, por su parte, destacaba que modificar el sistema de anclajes supondría un importante encarecimiento de la obra, “circunstancia que sería un problema, porque habría que parar la obra para resolver la financiación antes de aprobar el proyecto modificado”. Por ello, suscribe la decisión de la dirección facultativa de la obra que señala que la mejor opción es alejarse de las edificaciones colindantes y construir una planta más para no modificar el objeto del proyecto.

La obra, con los cambios, no volvió a sacarse a concurso. Como resultado de la modificación que finalmente se acordó, el edificio de aparcamientos, situado en pleno centro de la Vega, contará ahora con una planta más, pero no será el único cambio: el número de plazas pasará de las 384 inicialmente previstas a 408 en total. Esta circunstancia ha generado dudas jurídicas, ya que según el artículo 107 del Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos Públicos, las modificaciones no previstas en los pliegos no podrán “alterar las condiciones esenciales en la licitación” y tampoco podrá variar sustancialmente la función y características de la prestación inicialmente contratada. En este caso, la dimensión del aparcamiento cambia al ganar en profundidad, pero los técnicos estimaron que no se alteran las condiciones urbanísticas y precisaron que la modificación del mismo es sólo “geométrica”.

Otra de las puntualizaciones que hace la Ley de Contratos Públicos es que a la hora de realizar una modificación en un proyecto, se entiende que se alteran las condiciones de licitación cuando se iguale o exceda en un 10% el precio de adjudicación del contrato. En este caso, el alcalde veguero ha explicado a este diario que no espera que se incrementen los costes: “En principio la modificación que se hizo es sin coste alguno”, asegura. Además, añade que la decisión de no volver a sacar el proyecto a concurso con las modificaciones se fundamenta en que supondría aún un mayor costo para las arcas públicas, ya que habría que indemnizar a la empresa contratista.

Los problemas para construir la obra según lo previsto inicialmente no es lo único que ha generado polémica en el municipio. Esta construcción también ha generado numerosas críticas al alcalde ya que el pasado mes de noviembre se taló un árbol histórico en la superficie donde se están edificando las plazas de aparcamiento. Antonio Ortega destacó entonces que el trasplante del pino era descartado por los especialistas y que la tala se motivaba en razones de seguridad.

Las obras volvieron a tratarse el pasado mes de diciembre en el pleno municipal de San Mateo. El plazo de ejecución del contrato para este proyecto finalizaba el 13 de enero pasado, pero el contratista pidió una prórroga al haberse paralizado la construcción por causas que no considera que le sean imputables. El Ayuntamiento decidió entonces conceder siete meses más de prórroga y otros dos más para acometer “las mejoras 1, referente al equipamiento de la estación transformadora y la 2, que se refiere a la mejora de las instalaciones de la Avenida Tinamar”, cuyo proyecto de modificación aún no se había redactado en ese momento.

La obra, cuyo interés para el municipio se fundamenta en los problemas de tráfico que se generan especialmente los fines de semana por la actividad comercial vinculada al mercado agrícola, no estará lista antes de las elecciones del mes de mayo. La prórroga se espera que sea suficiente, al menos si no surgen nuevos problemas.