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Niños de 3 a 12 años pasan hambre en Tamaraceite y Jinámar por la supresión de comedores escolares de verano

Niños en un comedor escolar.

Teresa Cárdenes

Las Palmas de Gran Canaria —

Decenas de menores de entre 3 y 12 años pasan hambre este mes de julio en los barrios de Tamaraceite y Jinámar, en Las Palmas de Gran Canaria, tras la suspensión del servicio de comedores escolares de verano por parte del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria) y la inacción del Ayuntamiento capitalino, donde cogobiernan el PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Al menos 45 familias con niños en situación económica crítica se han visto forzadas a acudir en amparo a organizaciones no gubernamentales en busca de comedores alternativos o paquetes de alimentos.

“La situación es muy dura”, confirmaron miembros de las comunidades educativas de colegios situados en ambos barrios, con altos niveles de población en situación de desempleo o pobreza severa. Ante la total desidia institucional, la situación sería aún más dramática de no ser por iniciativas privadas como Caixa Proinfancia, que incluye desayuno y almuerzo en sus colonias de verano para escolares sin recursos, o la movilización de organizaciones solidarias como Avesar, que reparten estos días leche, cacao, cereales y batidos entre familias cuyos niños han quedado sin comedores de verano para garantizar al menos el desayuno.

El impacto del hambre se está dejando notar entre los niños de la llamada cuota cero. Se trata de escolares que durante el curso tienen acceso gratuito a desayuno y almuerzo en los comedores de los colegios públicos de Canarias. Muchos de estos niños pertenecen a familias que atraviesan graves dificultades económicas. Lo habitual es que lleguen al colegio en ayunas porque en sus casas no hay literalmente nada que comer. Para ellos, durante el curso, la primera comida del día es el desayuno escolar de media mañana (un bocadillo con un zumo o un batido y una pieza de fruta). La segunda, el almuerzo del servicio de comedor. Y la tercera, la fruta sobrante de los servicios de catering que se reparte en algunos colegios a estos niños para que no se queden sin merendar, “porque sabemos que en casa no tienen nada de nada”, explica gráficamente un docente. Solo la fruta, porque la comida, aunque sobre, va directamente a la basura debido a la prohibición de Sanidad de que pueda distribuirse entre familias sin recursos.

Para este perfil de escolares, el Gobierno de Canarias lanzó en 2013 la red de comedores escolares de verano, una iniciativa puesta en marcha por el entonces responsable de Educación, el socialista José Miguel Pérez. Pero este 2019, el Gobierno de Coalición Canaria decidió suspender los comedores y traspasar la gestión a los ayuntamientos, lo que notificó en mayo de este año. Con las elecciones y las negociaciones de pactos de por medio, la gran mayoría de los municipios no se ocuparon del problema o no llegaron a tiempo de organizar comedores alternativos. Solo 28 de los 88 municipios canarios se adaptaron al nuevo sistema. Pero de él quedaron excluidas las grandes ciudades de Canarias, precisamente donde están las áreas urbanas con mayores concentraciones de población desempleada o en riesgo de exclusión.

Ya constituidas las nuevas corporaciones locales, los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, Patricia Hernández y Luis Yeray Gutiérrez, ambos del PSOE, dictaron medidas de emergencia en sus municipios e incluso se coordinaron entre ellos para atender la grave situación de los menores en riesgo de padecer hambre durante el verano.

En contraste, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el también socialista Augusto Hidalgo, se limitó a criticar al Gobierno de Canarias a través de su concejala de Educación por endosarles los comedores, pero no dispuso ninguna medida especial de alivio para las familias en riesgo. Esta web contactó este viernes con al menos ocho colegios de la capital situados en barrios con altos niveles de pobreza y marginalidad. En todos los casos, la situación es la misma: la Consejería de Educación se ha desentendido del problema tras cambiar el sistema y el Ayuntamiento capitalino ni siquiera se ha interesado por saber cuántos niños de cuota cero hay en cada colegio y cuántos de ellos necesitaban comedor de verano.

La situación varía mucho en función de los barrios y el nivel económico de su población. Pero, como reconocieron en su relato parte de las personas consultadas, adquiere tintes dramáticos en zonas económicamente muy deprimidas, como Tamaraceite. Puede tomarse como ejemplo el colegio Alfredo Kraus, que desde 2013 ha tenido comedor escolar de verano e incluso recibía alumnos de otros centros donde el problema era numéricamente menor.

El Alfredo Kraus tiene 200 alumnos de entre 3 y 12 años. De ellos, la gran mayoría, 140, estaban adscritos a la llamada cuota cero y 45 de ellos tenían necesidad de ser acogidos este año en los comedores de verano. La suspensión del comedor decidida por el Gobierno y no corregida por el Ayuntamiento ha dejado expuestos al hambre a estos 45 niños. Quince de ellos se han salvado porque tenían plaza en una de las colonias de verano de Caixa Proinfancia. Los otros 30 se han quedado en casa expuestos a la pobreza severa. Según el relato de un docente, sus padres, madres o tutores confiaban en poder encontrar algún alivio pidiendo ayuda a otros familiares o directamente a las ONG que, como Avesar, reparten víveres del Banco de Alimentos.

Las fuentes consultadas relataron que una situación muy similar se da en colegios de  Jinámar, con territorio compartido entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En Jinámar, la gran mayoría de los escolares son de cuota cero. “Muchísimos”, confirmaron desde un colegio situado en suelo capitalino. Todos ellos han quedado igualmente en el limbo del hambre potencial ante la total y absoluta desidia institucional.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria oferta este verano 1.200 plazas de campus escolares en el área de Educación y 7.656 en actividades y campamentos de deporte. En los primeros, 150 plazas se reservan para familias con dificultades, pero estos campus no tienen servicio de comedor. Algunos de los campamentos deportivos sí incluyen comedor, pero a un precio medio de 56 euros por semana, totalmente inalcanzable para familias sin recursos. 

Desde que explotó el problema de los comedores escolares, la portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Pepa Luzardo, ha demandado sin éxito al grupo de gobierno que articule medidas de emergencia social, como ya hicieron la alcaldesa de la capital tinerfeña y su homólogo de La Laguna. Por su parte, el grupo de gobierno se limita a excusarse con el argumento de que el Gobierno les endosó demasiado tarde la competencia autonómica de los comedores escolares y que el Ayuntamiento ya realiza sus propios campus de verano.

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