Las abogadas denuncian trato vejatorio al tener que quitarse el sujetador en la prisión Las Palmas II
Por supuestas razones de seguridad, las letradas tienen que quitarse el sujetador en la prisión de Las Palmas II, para pasar el detector de metales. Este hecho no se repite con otras trabajadoras judiciales, y, por ello, las abogadas lo han puesto en conocimiento al Colegio de Abogados, por medio de múltiples denuncias verbales, sin que se hayan tomado medidas al respecto.
“Abogados por el Cambio” asegura que la institución colegial no ha actuado en este tiempo ante la discriminación de magistradas, pero valora que el Colegio haya anunciado recientemente que van a tratar el tema, a pesar de que se produzca tras la presentación de candidaturas a las elecciones por parte de las letradas Rosa de León e Isabel Saavedra.
Las abogadas señalan que, además de tener que quitarse el sujetador, los zapatos y otros complementos de metal, también sufren un trato humillante frente a otras trabajadoras judiciales. Este hecho, lleva ocurriendo un año, desde que una empresa de seguridad sustituyó a la Guardia Civil en sus funciones de control de acceso.
El protocolo de seguridad de la prisión, establece en su punto 3.1.1 que “todas las personas que tengan autorizado el acceso al interior del Establecimiento serán invitadas, con la mayor corrección, a pasar el control del arco detector de metales, excepto los Magistrados, Jueces y Funcionarios del Ministerio Fiscal que visiten el Centro en el ejercicio de sus funciones, así como los funcionarios y personal laboral adscritos al Centro y aquellas autoridades que vayan acompañadas por algún mando del Establecimiento”.
Además, el reglamento recoge que la entrevista con el interno se debe realizar bajo la supervisión de un funcionario en locutorios acristalados, por tanto, no entran en contacto, así que la medida, “además de humillante es absurda”, asegura la letrada Rosa de León, que denunció los hechos el año pasado ante el Colegio de Abogados.
“Esto es totalmente inaudito e inadmisible, tratan al colectivo de abogados como delincuentes, como personas sospechosas de introducir teléfonos móviles y armas blancas o de fuego en el interior de la prisión, mientras el resto de profesionales judiciales está excluido de esa sospecha, igual que los propios empleados de la cárcel y otros trabajadores”, siendo que los abogados ni siquiera entran en contacto con los internos y el resto de personal, judicial o no, sí tienen contacto directo, añade la letrada.
“No podemos permitir que la institución colegial que nos representa no haya hecho nada por impedir esta situación totalmente denigrante”, agrega Rosa de León, que junto a la abogada Isabel Saavedra, han decidido presentarse a las elecciones del Colegio de abogados del próximo día 18 de diciembre.
