Casi 40.000 hogares canarios no tienen ingresos: el cese de la economía sumergida acrecienta el drama y dispara la ayuda social

Cuidar de ancianos o niños, limpiar una casa, hacer pequeñas reformas… son algunos de los trabajos que no cotizan en la Seguridad Social pero con los que una parte de las familias canarias se han garantizado un mínimo de ingresos en los últimos tiempos. Unidades familiares que se quedan fuera de las ayudas por distintos motivos: porque ya han agotado la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y no pueden volver a cobrarla, porque no están informadas de las ayudas a las que pueden optar, porque no tienen su situación regularizada… En total, al menos 38.000 hogares en las Islas no cuentan con ningún ingreso, es decir, integrados por personas que ni tienen trabajo, ni son autónomos, y tampoco perciben una ayuda económica del Gobierno de Canarias como la PCI. De ese total, que puede haberse incrementado en este último mes, un 27,8% tiene hijos a su cargo. Son datos que maneja la Consejería de Derechos Sociales, que ha realizado esta estimación con cifras del ISTAC y que trabaja por garantizar un ingreso mínimo. Una medida que el Gobierno estatal ya ha anunciado que será real en mayo, aunque aún se desconocen los detalles y cuál será el importe. 

El área que dirige Noemí Santana (Podemos) empezó a hacer cálculos sobre cómo se podría financiar esta renta mínima antes de que el Gobierno estatal anunciara el acuerdo alcanzado esta semana. En principio, se trataría de una renta inferior a la Prestación Canaria de Inserción, que se sitúa actualmente entre los 489 euros si existe una única persona en el hogar, y que va hasta los 637 al mes dependiendo del número de personas de la unidad familiar. Con la nueva ayuda económica, que tiene el objetivo de llegar a al menos 38.000 hogares, se podría destinar el 85% de la PCI, es decir, desde 415 euros a los 541 si hay cuatro o más personas en ese hogar. Para esta cuantía sería necesaria una dotación de 18 millones de euros al mes. También se baraja implantarla sobre el 65% de la PCI, es decir, cuantías que irían desde los 318 euros al mes a 414. El coste mensual en este caso sería de 14 millones de euros. 

De los 38.000 hogares que se constata que no disponen de ingresos, 10.642 se corresponden con una pareja con hijos (27,8%) y 5.703 están encabezados por una madre que se encuentra sola con menores a cargo (14,4%). Los hogares sin ingresos compuestos por una sola persona representan el 28,5%, es decir 10.746. Sin embargo, en este rango hay un dato llamativo y es que 3.904 de ellos están compuestos por una persona que vive sola y tiene más de 65 años, perfil más vulnerable porque está jubilado o próximo a la jubilación. Se trata de una estimación que se ha realizado con datos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios en 2018-2019. 

Se dispara la petición de ayuda

En este limbo se encuentra una pareja que llegó a finales de noviembre a Fuerteventura desde Eslovenia en busca de trabajo y que ya está empadronada. Él encontró un empleo como peón agrícola, pero debido a la crisis fue despedido de forma improcedente e indemnizado con 200 euros de liquidación. Su pareja, ganaba un poco de dinero hasta ahora gracias a la economía sumergida cuidando de una persona mayor. Al no disponer de ingresos, actualmente son demandantes de la ayuda de alimentos del Cabildo, que se retrasó unos días, pero con la que ya cuentan. No obstante, se trata de una ayuda para alimentarse pero no permite pagar otras facturas. Por situaciones semejantes pasan otras familias en las Islas, que sí pueden recibir ayudas de alimentos de los ayuntamientos pero no disponen de este ingreso mínimo por el que se está trabajando. 

Cáritas es una de las organizaciones que constata el incremento de solicitudes de ayudas. En un solo día han recibido 169 más de lo habitual. Caya Suárez, secretaria general de esta ONG en Canarias subraya que esta organización también llega a las personas que no pueden recibir ayudas de ayuntamientos, muchas veces porque se encuentran en situación administrativa irregular. Destaca que en general se está trabajando de forma muy coordinada con el área de Servicios Sociales de los municipios y que además de reparto de comidas, los miembros de esta organización se encuentran volcados en seguir prestando apoyo en materia de orientación, acompañamiento psicológico, asesoramiento… También presta ayuda presencial a través de los alojamientos alternativos o un servicio de duchas para personas sin hogar, que se pondrá en marcha la semana que viene, entre otros.

Y es que el 36,4% de la población canaria se halla en riesgo de pobreza y exclusión, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.. Si hay un dato que preocupa en especial es el de personas que sufren pobreza severa; un 9,2%, solo por detrás de Andalucía (9,9%). Caya Suárez recuerda que este tipo de pobreza se va acrecentar y como consecuencia de ello pueden venir problemas de salud mental, por lo que el apoyo psicológico será fundamental. Cáritas está de acuerdo con el planteamiento de que exista una renta mínima. No obstante, la secretaria general en Las Palmas considera que hay que tomar otras medidas como realizar un trabajo socio educativo para esas familias “para que también tengan capacidades y fortalezas ocupacionales y formativas, ya que una gran parte no ha superado la Secundaria y esto dificulta el acceso al mercado laboral. Lo que hace crecer a una persona es la autonomía de una empleabilidad”. 

El actual director de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Jonás González, defiende que del mismo modo que es impensable negar la sanidad a una persona enferma, no se puede negar a las personas que están en situación de exclusión, el derecho a un mínimo de ingresos para comer o para el acceso a la vivienda, entre otras necesidades básicas. Por ello, insiste en la necesidad de garantizar una renta mínima para hacer frente a estos gastos. Recuerda que en estos momentos hay recursos que se han dejado de prestar por la crisis del coronavirus, como algunos comedores que ya no funcionan. En el caso de los comedores escolares indica que se ha suplido en Canarias por una compra de 120 euros, pero los alumnos y alumnas de instituto no tienen derecho a la misma. Le preocupa todas las consecuencias que esta merma de ingresos pueda tener en las personas que ya partían de una situación difícil y cómo se agravará su situación en los próximos meses si no se actúa ya. Por ello,  insiste en que no solo hay que frenar la curva sanitaria, sino la social.