El cese del comisario de Arrecife: una historia de grabaciones, insultos y denuncias

Poco más de un año y medio. Eso es lo que ha durado en su puesto el comisario de la Policía Nacional de Arrecife, Luis Mayandía, que se incorporó a finales de febrero de 2016 y fue cesado y trasladado a Madrid el pasado 19 de octubre. El cese fue tan inesperado para los ajenos a la Comisaría como previsible para quien estuviera al tanto de su día a día. La Policía Nacional no ha explicado los motivos del cese aunque hay abierta una información reservada sobre Mayandía. Junto a su cese, también se conocía la suspensión provisional de empleo y sueldo al inspector jefe de Seguridad Ciudadana, Pedro Álvarez. El enfrentamiento entre ambos, casi desde la llegada de Mayandía, ha ido creciendo y ha acabado con la salida de los dos, aunque todo indica que la suspensión de Álvarez finalizará en breve.

Mayandía era un comisario en apariencia cercano y accesible para la prensa. Los abogados salidos de la Escuela de Práctica Jurídica, donde era profesor de Extranjería, quisieron mostrarle su apoyo en una carta pública, al igual que otros abogados y que el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que calificó el cese como desproporcionado. En cuanto a sus desencuentros, en este tiempo tan sólo trascendió un inicio de polémica con el jefe de la Policía Local de Arrecife, por falta de colaboración, y algunas manifestaciones quejándose de que algunos delincuentes habituales eran detenidos una y otra vez sin que se decretase su entrada en prisión.

Los hechos que han acabado con la destitución del comisario se precipitan a partir de este verano. En junio, el inspector jefe presenta una denuncia en la propia Comisaría contra el comisario por infracciones muy graves. Pocos días después, el comisario impide el acceso de Álvarez a las reuniones que se llevan a cabo tres veces por semana con los jefes de departamento porque se niega a mostrar si lleva o no teléfono con el que pueda grabar esas reuniones. En ese punto, el comisario ya sabe que el inspector ha estado grabando esas reuniones, al menos desde el mes de agosto de 2016, para tener pruebas de las presuntas irregularidades o arbitrariedades del comisario. Y lo sabe porque es el propio inspector jefe quien revela el contenido de esas reuniones en su denuncia.

A partir de ahí, la situación se complica. El pasado mes de septiembre el comisario envía al inspector a que pase un reconocimiento psicológico, después le destituye como responsable directo de la Unidad de motos y del Grupo operativo de respuesta, “sin soporte legal alguno”, según el propio inspector, y asume él mismo el mando. También elimina el servicio de prevención de robos sin proponer una alternativa. En la denuncia, el inspector dice que no hay ninguna norma que permita a los comisarios quitar el mando de esas unidades a los jefes.

Álvarez alega en su denuncia que desde la llegada del comisario, éste no le da una sola orden y lo mantiene apartado de las decisiones de la Comisaría pero que después de su denuncia sí le da órdenes, que considera que se convierten en hostigamiento y acoso.

El comisario comienza a no dejarle entrar en las reuniones y entonces el inspector alega que no tiene conocimiento de los hechos policiales necesarios para ejercer su trabajo y que no puede programar la actividad de la Brigada. El 12 de septiembre, el inspector denuncia al comisario por acoso laboral y por infringir la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que obliga a “actuar con integridad y dignidad”. Dos días más tarde le suspenden de empleo y sueldo por haber grabado esas reuniones de trabajo. El comisario sostiene que podrían tener un carácter confidencial o reservado, o vulnerar la jerarquía. El comisario había alegado que el inspector se negó a retirar una orden de servicio no autorizada, y de tener una actitud poco colaboradora “cuestionando sus órdenes de manera continuada”.

El SPP, al que está afiliado el comisario, señaló sobre las conversaciones grabadas, que “se suelen realizar de forma distendida” y en las que “se suelen utilizar expresiones coloquiales”. En la denuncia del inspector se asegura que Mayandía hacía comentarios ajenos a la función policial y que hace críticas a jueces, fiscales, denunciantes, cargos públicos... En la transcripción de las conversaciones que aporta el inspector aparecen mensajes ofensivos, con un lenguaje poco replicable en prensa, hacia compañeros de la Policía, hacia tres jueces, al menos, hacia las fiscales, hacia el director insular e incluso hacia el ex presidente Zapatero, de quien se mofa porque, dice, se perdió entre el hoyo 2 y el hoyo 3 del campo de golf de Costa Teguise cuando estaba de vacaciones en la Isla.

Las conversaciones

Del denunciante de unos hechos dice, según la transcripción de las conversaciones, que “a lo mejor hay que acojonarle un poquito” y de un ciudadano italiano, que si se porta mal “se le dan cuatro hostias y la policía es tu amiga”. De las “fiscales redentísimas de los cojones” dice que no hacen nada después de que ellos hagan el trabajo en seguridad ciudadana. Sobre los jueces: a una la insulta directamente, de otro dice que “debe ser maricón” y de un tercero, que pone a todo el mundo en libertad. En uno de esos casos, en el que se aborda el posible ingreso en prisión de un detenido, le dice a un subordinado que vaya al Juzgado, hable con el juez, le diga que su jefe (él mismo) está muy loco y que como no lo meta en prisión, organiza una rueda de prensa.

Según la transcripción de las conversaciones, también se niega a dar órdenes para que se encuentre a personas que los Juzgados reclaman a la Policía que deben ser citadas. Dice que eso es competencia del secretario judicial y que contesten que no se les encuentra “porque no se les busca”. El jefe de la Policía judicial le dice que eso contradice muchas leyes, y él contesta que le da igual las leyes que contradiga. En otra conversación, asegura sobre el reparto de turnos, que beneficiará al que le rasque la “espalda”. En otra afirma que él defiende “la Constitución española y de las Jons”. Abundan los comentarios hacia algunas cargos públicos y critica una manifestación feminista con el argumento de que no puede haber manifestaciones machistas.

Este reportaje fue publicado en la edición impresa de Diario de Lanzarote.