La declaración contra Maduro en el Congreso pone en riesgo a 58.000 canarios en Venezuela

La declaración aprobada este miércoles en el Congreso con los votos de PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria (CC) para pedir a España que reconozca como presidente de Venezuela al opositor Edmundo González ha abierto una crisis diplomática que puede conducir a la ruptura de las relaciones entre ambos países y al cierre de las oficinas consulares. “Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia”, decía el presidente de la Asamblea Nacional del país suramericano, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de la moción presentada por los populares y apoyada por la única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido.

La canaria es la comunidad española con mayor presencia en Venezuela. El Gobierno regional informa de que 58.000 canarios y descendientes de canarios viven en ese país. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2023 más de 136.000 ciudadanos españoles residían en Venezuela.

La proposición no de ley aprobada en el Congreso no tiene, en sí misma, efectos prácticos. Es una mera declaración que insta al Gobierno de España a reconocer a Edmundo González como “legítimo ganador” de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al igual que el resto de países de la Unión Europea (UE), ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro que se exhiban las actas de todas las mesas electorales antes de reconocer la victoria de cualquier candidato.

Sin embargo, la declaración promovida por el PP en el Congreso ha generado la inmediata respuesta del presidente de la Asamblea Nacional venezolana y la amenaza de ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales. De momento, el Gobierno de Canarias, conformado por CC y PP, evita pronunciarse sobre las consecuencias que esa decisión podría acarrear para los miles de residentes isleños en el país suramericano. “Estamos ante unas declaraciones en la Asamblea Nacional de Venezuela sobre las que el Gobierno de Venezuela no se ha pronunciado y tampoco lo ha hecho el Gobierno de España”, señalan fuentes de Presidencia. “Seguimos con atención los acontecimientos y continuamos con nuestra tarea, que es la de apoyar y atender a los canarios y descendientes que viven en aquel país”, añaden.

Sobre los posibles efectos del cierre consular, un exconsejero de la Embajada de Venezuela en España consultado por este periódico advierte de las dificultades que tendrían los isleños para abandonar el país. “El único país por el que podrían salir es Colombia y los pasajes han pasado de 300 a 1.200 dólares”, afirma. “Si las tres compañías que operan (Iberia, Plus Ultra y Air Europa) dicen que se van, no hay manera de salir”, añade.

La misma fuente recuerda, a modo de ejemplo, que el embargo de EEUU obligó a buscar entidades financieras que no operaran en el país norteamericano para que los españoles mayores de 65 años residentes en Venezuela pudieran cobrar sus pensiones. “Familias enteras viven de eso, de unos 400 y pico euros al mes”, explica. Los pensionistas españoles en Venezuela tienen que acudir cada año a las oficinas consulares a firmar la fe de vida.

“La embajada tiene medio millón de euros para ayudas extraordinarias, intervenciones quirúrgicas, partos. ¿Adónde van a ir los españoles a pedir ayuda?”, se pregunta la fuente diplomática, que recuerda que ya hay antecedentes de iniciativas parlamentarias contra el Gobierno de Venezuela que han tenido “consecuencias directas” en la vida de los españoles residentes en este país.

Cuatro millones en ayudas

La Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias resolvió el pasado mes de junio, con la colaboración del comité de ayuda a Venezuela, la convocatoria para la concesión de ayudas asistenciales por un importe de cuatro millones de euros para activar prestaciones sanitarias y tarjetas de alimentos y medicamentos.

De las 1.529 solicitudes para la cobertura sanitaria se pudieron beneficiar 1.260 personas; de las 5.289 para tarjetas de medicamentos, 3.548; y de las tarjetas de alimentos, resultaron 5.806 beneficiarios de 7.656 solicitudes.

Según información facilitada por el Gobierno de Canarias, la cobertura sanitaria se ofrece en Venezuela a través de la Fundación España Salud, con la que mantiene un convenio para atención primaria, especializada, tratamiento oncológico e intervenciones quirúrgicas. 

El Ejecutivo regional también destinó 75.398 euros para conceder 51 ayudas de emergencia de carácter humanitario. Estas ayudas van destinadas “a productos de primera necesidad o a suministrar recursos para procesos de intervenciones quirúrgicas”. Por otra parte, la Dirección General de Emigración gastó 201.252 euros para gastos de funcionamiento y material sanitario de los consultorios médicos que funcionan gracias a las entidades canarias en el exterior y otros 155.000 euros para contribuir al funcionamiento de tres centros de acogida residencial para mayores canarios que residen en Venezuela y que no tienen recursos ni apoyo familiar.

El Gobierno de Canarias también colabora con 140.000 euros en el funcionamiento de varios centros de día y con 120.000 euros en asistencia domiciliaria a personas con discapacidad o situación de dependencia y ha financiado cuatro proyectos de ONG de cooperación al desarrollo y una subvención nominada para un comedor social en Morán. En Caracas hay una delegación permanente del Gobierno de Canarias.