Una empresa pública canaria embarga la casa a una extrabajadora que tuvo que readmitir

María Dolores Marrero recuerda que su calvario comenzó en 2005, cuando decidió recurrir su despido en Canarias Cultura en Red, empresa dependiente del Gobierno de Canarias y en la que, a lo largo de los años, había llegado a ocupar el asiento de coordinadora del departamento audiovisual.

Dos años más tarde, comenta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró nulo su despido y la empresa se vio obligada a restituirla, abonando los salarios que había dejado de percibir. Apenas duró tres años más en la entidad, una etapa que le produjo bajas por ansiedad y en la que se sintió ninguneada. “Me trataron de loca”, asegura.

“Hoy lo pienso y creo que no lo volvería a hacer”, señala, en referencia al recurso y a su intento por permanecer en la empresa. Sin embargo, puntualiza que el momento en que “me jodieron la vida”, fue cuando Canarias Cultura en Red pidió el embargo de sus bienes, justo después de que ella decidiera ceder y retirar su caso del Tribunal Supremo.

Según su versión, el motivo se centra en un acoso y derribo contra su persona por parte de la dirección de la empresa, que en ningún momento quiso negociar su reincorporación en 2007. Época en la que asegura haber abonado al Instituto Nacional de Empleo (INEM) más de 1.000 euros por su vuelta a la empresa, tras lo cual “me quedé tranquila” hasta que llegaron las retenciones de Hacienda.

“Me pusieron toda la cantidad que debía de haber cobrado de los dos o tres años que estuve fuera pendiente de sentencia, como si lo hubiera cobrado todo en un año”. Haber cambiado dos veces de abogado no favoreció a Marrero. El último no la avisó del decreto emitido por el Juzgado de lo Social Número Cuatro el 10 de enero de 2014 por el que se le exige que cubra la cantidad total de 18.369,39 euros, razón por la que no se enteró del embargo de su casa hasta el pasado agosto.

La afectada afirma que la empresa le requirió esa cifra por todos los salarios que recibió del INEM durante los años que estuvo en paro, sin embargo, ella insiste en haber contratado a una asesora fiscal y haber ingresado al organismo lo que le correspondía. Al mismo tiempo, al dudar de que el letrado se presentara en la sala para defenderla, decidió acudir el pasado septiembre al Juzgado. En dicha comparencia afirma que “en ningún momento se ha negado al pago de nada de lo que le pueda corresponder, una vez liquidado por parte de la empresa lo que a ella le corresponde como responsable del departamento de Audiovisuales y no como técnico hasta el despido de 2010”.

Por otro lado, dada situación económica en la que se encuentra, “propone, no obstante por su parte, ofrecer la suma de 50 euros mensuales”.

El director ejecutivo de Canarias Cultura en Red, José Luís Cudós, que figura como denunciante del caso en el decreto emitido por el Juzgado de lo Social Cuatro, rechaza la versión de Marrero y asegura que ésta mantiene una deuda con la empresa, al haber cobrado el dinero indebidamente.

Al respecto, precisa que “cuando se la despidió se la indemnizó y luego se la readmitió y cobró el paro…etcétera, es un dinero que ha cobrado dos veces”. Cudós asegura que la entidad ha mostrado intención de negociar “siempre” y, sin embargo, “se ha llegado a esta historia porque ella no ha querido sentarse”. Sobre el nuevo despido de Marrero, manifiesta que “eso son cosas de la empresa, razones hay”.

Marrero dice vivir con un subsidio de 400 euros al mes y en la actualidad estudia interponer una querella por la vía de lo Penal contra la empresa.