Las fisuras que complican la detección de víctimas de explotación sexual en Canarias

“Mi tío me vendió en un piso de prostitución en Tenerife, y al poco tiempo se compró un coche nuevo. Yo sentía que después de que me trajo a España se arrepintió y no sabía qué hacer conmigo”. Es la historia de Mariana, uno de los relatos que se recoge en un estudio encargado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) sobre la trata con fines de explotación sexual. El informe incorporó un total de 22 historias. Sin embargo, apenas se consigue llegar a estos testimonios, pues la detección de mujeres y menores víctimas está llena de carencias debido a las fisuras del propio sistema, de las que han alertado desde el Consejo de Europa al Defensor del Pueblo y distintos estudios y voces expertas. El Archipiélago es punto de tránsito migratorio, donde llegan personas desde la ruta más mortal (la que atraviesan las personas africanas) hasta de América Latina, Europa y Asia. La asistencia jurídica es deficiente y la perspectiva de género aún queda diluida en los protocolos. 

La Ley de Extranjería sigue estando en la base de todo un sistema de explotación que encuentra un resquicio para lucrarse con el cuerpo de las mujeres más vulnerables y con menores. “Una mujer no se vería abocada a poner en riesgo su vida, a salir de su país y ser explotada si pudiera salir con una autorización de residencia o un visado” recuerda la abogada experta en Derechos Humanos y extranjería Louelia Mint El Mami. Señala que ya el Consejo de Europa alertó este verano de que España no está detectando a las posibles víctimas de trata o de tráfico ilícito de personas y tampoco a quienes puedan ser solicitantes de protección internacional. 

Las personas que atraviesan la ruta migratoria canaria, y en especial las mujeres y niños, realizan un duro camino donde sus derechos son pisoteados. Después de sufrir violencia en el tránsito y de jugarse la vida, una vez que llegan a Canarias “¿a quién se lo van a contar?” se pregunta Louelia Mint El Mami. Subraya las carencias que aún existen en la asistencia jurídica, pues se realizan de manera colectiva, lo que supone relatar su historia ante otras personas a la vez y con un intérprete que normalmente realiza su función de forma telefónica. “¿A quién se lo van a contar, al abogado o abogada del turno de oficio que está en situación precaria y que no tiene formación sobre perspectiva de género y donde resulta muy complejo porque les pedimos, igual que a las víctimas de violencia de género, que se expongan? ¿Ante quién se van a exponer si han sufrido tanto por el camino que las hemos dejado atrás?, se cuestiona  la abogada. 

¿Ante quién se van a exponer si han sufrido tanto por el camino que las hemos dejado atrás?

El informe del Instituto Canario de Igualdad, coordinado por la profesora de la Universidad de La Laguna Esther Torrado, se especificaba que los fallos en los protocolos, la escasa formación en la materia y a las políticas migratorias “contribuyen a la invisibilidad de las víctimas”. Esos 22 relatos que recoge el estudio, sumado al número elevado de atenciones que realizan las ONG con estas mujeres contrasta luego con el recuento de mujeres y menores identificados como víctimas de trata por el Ministerio de Interior. El programa Daniela Oblatas, por ejemplo, atendió el pasado año 5.972 mujeres (que solicitaron distintos tipos de asistencia para cubrir necesidades básicas y también formaron parte de talleres, formación y proyectos de emprendimiento). Esos datos contrastan con los oficiales, pues el Ministerio de Interior pasó de registrar 13 víctimas en 2018 a cuatro en 2021. Las inspecciones administrativas vinculadas a la Trata sexual también han disminuido, pues pasaron de 186 en el año 2017 a 81 en 2021. “No es fácil detectarlas mientras no haya una cobertura jurídica que permita intervenir ante estos casos”, agrega Torrado. 

La ley que las aboca a permanecer en el sistema

Centro Lugo, el proyecto de Cáritas para acompañar a mujeres en contexto de explotación sexual, también ha incrementado el número de asistencias tras la pandemia. En su mayoría, son mujeres en situación administrativa irregular que proceden de Colombia, Venezuela y Nigeria, y es la ley lo que imposibilita regularizar su situación. “Encuentran dificultades al no poder inscribirse en el Registro Central de Extranjeros por no tener los medios económicos (ya sea a través de un empleo o demostrando recursos suficientes) ni el seguro de enfermedad requerido para mantener su residencia en España”, afirma la Memoria Institucional de Cáritas, que añade que la normativa no solo impide regularizar su residencia y permiso de trabajo sino la homologación de sus titulaciones, dejándolas desprovistas de opciones laborales y condenadas a permanecer en la prostitución al menos los tres años necesarios hasta que puedan solicitar la autorización de residencia temporal. 

Idaira Alemán, responsable del Centro Lugo, destaca que la dificultad para acceder a estos testimonios tiene mucho que ver con la “propia invisibilidad de la prostitución”. Recuerda que Canarias es un lugar de tránsito y que este no suele ser el destino final. Además, insiste en el hecho de que el sistema prostitucional se traslade a pisos privados, muchas veces viviendas vacacionales, donde permanecen un tiempo limitado y luego se cambian. “No están en lugares estables y entonces es cada vez más difícil ese control”, resume. También alude a la coyuntura actual, con el incremento de precios y la emergencia habitacional que complica la vida a estas mujeres si quisieran dar el paso de dejar estos pisos, pues la consecuencia es quedarse en la calle. Solicitar prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también es una odisea para ellas. 

Esther Torrado hace hincapié en que las mujeres que llegan a Canarias vienen huyendo de violencias machistas y de normas patriarcales, pero tienen mucho miedo de contar su situación, de denunciar y ser repatriadas. Louelia Mint El Mamy apunta que “la propia norma las atrapa” porque “¿a quién denuncias?”. Explica que lo ideal sería que las asistencias jurídicas no se realizaran de manera colectiva y que la abogada tuviera formación y sensibilización para facilitar a estas personas toda la información y que pueda elegir.  También darle su contacto para cuando tenga dudas o quiera contar su situación, pues esa jurista pueda ser su punto de apoyo, una muleta que no esté impregnada de paternalismo y que pueda asesorarla para que camine sola. “No podemos gobernar por ellas ni por nadie, pero sí prestarles un acompañamiento”, remarca. 

Aumentan las jóvenes captadas

El pasado año aumentó en un 54% el número de jóvenes atendidas, muchas de ellas con redes de protección frágiles, de entre 19 y 24 años, y en gran medida de origen canario. Son mujeres captadas por el sistema prostitucional a través de sus perfiles en redes sociales. Idaira Alemán remarca que muchas veces se las capta con una imagen “idílica” de la prostitución que luego no se corresponde con la realidad. Del mismo modo, asegura que, cada vez, más chicos jóvenes son demandantes de prostitución y que lo hacen “con prácticas de mayor riesgo”, algo que vincula, como ya han hecho otros expertos, con la exposición a la pornografía sin haber recibido educación sexual previamente. 

Para la autora del informe El dato y el relato en la explotación sexual de mujeres y niñas, las tecnologías están siendo un arma de doble filo, pues es un portal de captación de mujeres. “Las redes criminales han encontrado un verdadero filón”, apunta. Torrado  menciona el reto que supone el uso de la inteligencia artificial (con los casos que se han dado en las últimas semanas sobre montaje de fotografías de menores) y cómo se utilizan como herramienta de extorsión a las mujeres y menores. A su juicio, es necesaria una mayor educación sexual reglada pero también una Ley de Trata que penalice el proxenetismo. También incide en una cuestión: las crisis económicas no hacen disminuir la demanda, lo que hacen es “precarizar las condiciones de vida de las mujeres” y “ante una crisis hay más reclutamiento de víctimas porque la vulnerabilidad es un factor”. 

El Ministerio de Igualdad ha aprobado en los últimos años un Plan de Acción Urgente contra la Trata y la Explotación Sexual y para la Especial Protección de todas sus Víctimas, junto con el Plan de Inserción Social y Laboral para víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. También ha sacado adeñante el conocido como “Plan Camino”, con un paquete de medidas pionero para garantizar vivienda, educación, sanidad, formación y empleo, a todas las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. La ley propiamente se encuentra en manos del Ministerio de Justicia, que finalmente no ha visto la luz esta legislatura.