El ganadero Antonio Pérez, que en el año 2011 secundó una huelga de hambre para evitar ser desahuciado de sus propiedades, asegura que volverá a retomarla en señal de protesta si el Gobierno de Canarias no asume las deudas que ha contraído, después de que en el año 2004 tuviera que comenzar a sacrificar a las vacas que componían su pequeña explotación y quesería, que eran su sustento de vida y el de su familia. Y es que una inspección sanitaria determinó que varias reses de su negocio padecían tuberculosis.
Pérez explica que nunca recibió un informe veterinario que probase que esas reses estaban enfermas, a pesar de que lo ha solicitado, y lucha para que el Ejecutivo “enmiende su error”. Además, en el matadero declararon que las vacas eran aptas para el consumo, a lo que el Gobierno regional ha contestado que esto no significa que las reses no estuviesen infectadas, ya que para conocer si padecían tuberculosis se requiere de una prueba específica que no se efectúa después de que la vaca haya muerto.
Sin embargo, esta no es la única irregularidad que relata el ganadero ya que en dos informes del Gobierno de Canarias se aprecia una contradicción con respecto a las fechas en las que una de las vacas fue inspeccionada y posteriormente sacrificada. En el primero de ellos, fechado en 2008, se puede leer que la res fue analizada el 15 de enero y sacrificada el 24 de ese mismo mes, mientras que en un informe posterior, de 2014, y que contesta a una pregunta realizada por el diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez con respecto a este caso, aparece que fue el 24 de enero cuando se diagnosticó la tuberculosis y que se sacrificó al animal el día 24 del siguiente mes.
“El Gobierno no se aclara ni con las fechas”, subraya Pérez, que insiste en que según el Real Decreto 2611 / 1996 de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, las vacas que resulten dudosas de padecer tuberculosis debe repetirseles la prueba a los 42 días, algo que denuncia que tampoco se efectuó. De hecho, en una inspección dos vacas resultaron dudosas y en el siguiente análisis una de ellas dio negativo.
El hecho de tener que sacrificar a sus reses le abocó poco a poco a una “profunda crisis”, destaca. Por tres de ellas, que fueron llevadas al matadero por técnicos del Ejecutivo regional, recibió la indemnización de 300 euros, “pero una vaca cuesta 1.500 euros, con lo que la pérdida es cuantiosa para un pequeño ganadero”, aclara. El Gobierno alega que otro animal fue llevado por el propio Antonio Pérez al matadero, por lo que no se le indemnizó y otras reses murieron durante la inspección de 2005 y posteriormente por causas no esclarecidas. De un total de 17 vacas de las que disponía en 2004, hoy tan sólo cuenta con tres. “Algunas las tuve que quitar porque ya no me daba para mantenerlas y pagar mi hipoteca” ya que “la inspección del Gobierno fue el comienzo de mi ruina”, puntualiza.
“Luego los políticos dicen que apoyan al sector primario, pero no es cierto”, sentencia Pérez. La situación que comenzó a vivir después de la declaración de tuberculosis en su pequeña granja situada en el barranco de Los Palmitos, le llevó primero a encadenarse en Arucas y a recoger firmas para luchar por su causa y, posteriormente, tras recibir una orden de desahucio por impago de su hipoteca, que se haría efectivo en septiembre de 2011 efectuó durante 17 días una huelga de hambre frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en la Plaza Dr. Rafael O Shanahan. Esta acción estuvo apoyada por miembros del movimiento 15M y por colectivos como Stop-desahucios, que le acompañaban durante sus jornadas de huelga. “Esos días fueron muy duros”, expresa el ganadero, que dice estar muy agradecido a las personas que le apoyaron.
Fue el Ejecutivo regional quien negoció con el banco para que paralizara el desahucio, “pero yo no tuve nada que ver” asegura Pérez, quien añade que, a pesar de que no le han echado de su casa, la deuda sigue presente y se ha vuelto cada vez más cuantiosa. Por ello, considera que “si todo comenzó por un error del Gobierno, este debe enmendar la deuda, para que mi familia y yo podamos vivir en paz”, insiste.
Un sueño frustrado
El negocio de la explotación agraria y quesería comenzó a forjarse en el año 1995, cuando recibió el apoyo del ayuntamiento de Arucas para que se pusiera en marcha con los preparativos. Pérez cuenta que se le ocurrió porque hacía unos años otra quesería de la zona que gozaba de bastante éxito dejó de funcionar. De este modo, junto a su mujer, propietaria actual del patrimonio, se puso manos a la obra para ir acondicionando su empresa.
En el año 2004 obtuvo la licencia de apertura de esta explotación ganadera. La familia ya contaba con los requisitos que se le exigían para comercializar sus quesos -de los que aún muestra orgulloso las etiquetas que se diseñaron para ellos - como, por ejemplo, una máquina pasteurizadora “que me costó más de cuatro millones de pesetas y que ahora está paralizada”, explica.
Esta no es la única maquinaria que ahora enseña entre telarañas. Máquinas que tan sólo adornan el interior de un negocio del que tan sólo quedan poco más de una veintena de cabras, algunas gallinas y las únicas tres vacas que ha mantenido “y que me da pena quitar porque las he criado yo” asegura.
Con este pequeño ganado no le llega ni para comer, cuenta Pérez, que vive prácticamente de una de sus hijas. Las dos han tenido que abandonar sus estudios para ayudar en la economía familiar. “Mi mujer y mis hijas no merecen vivir asi”, insiste y, por ello, espera que si el nuevo presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC) y el nuevo presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) se reúnen con él podrá expresarles su casusa y que se vuelvan a revisar los hechos para buscar una solución. “Ambos políticos han expresado que van a apoyar al sector primario”, recuerda el ganadero, quien añade que su si su situación mejorara podría contribuir a que este sector “tan machacado en Canarias” no decaiga y exista una quesería en el municipio norteño.
“Ni siquiera tengo coche ni forma en la que transportarme, cada día recorro cientos de metros con mi carreta para buscar comida para los animales”, afirma, “después me vuelvo a casa caminando y lo único que como es un bocadillo durante el día”, apunta.
Pérez cuenta que en el año 2006 su mujer, propietaria del patrimonio, solicitó una subvención para seguir adelante con la explotación familiar. Sin embargo, explica que las ayudas se otorgan una vez realizados los proyectos, por lo que “es muy difícil acogerse”. El Gobierno avala en un informe que la esposa del ganadero no presentó la documentación en el plazo requerido para recibir la subvención.
Tras diversas reuniones con personalidades de la política y después de que la exconsejera de Agricultura del Ejecutivo regional, Pilar Merino visitara las instalaciones, se plantea como solución que la explotación se traspase a nombre de una de las hijas de Pérez para poder pedir una subvención europea como joven ganadera. Esta cuestión finalmente la rechaza porque no le era rentable “para traer 50 novillas había que pagar más de 60.000 euros, y dar la mitad por adelantado”. Además, añade que este traspaso contradecía los requisitos que exigía la Unión Europea.
El ganadero dice estar cansado de “tocar en la puerta de todas las administraciones” y de “tratar de pedir subvenciones que luego no son rentables”. También manifiesta que se le han hecho muchas promesas que luego no se han cumplido.
Pérez confía en que con la vía del diálogo político se puedan solucionar sus problemas, la vía judicial la ha descartado pero lo que no rechaza es reanudar sus actividades de protesta o reiniciar la huelga de hambre frente a la Presidencia del Gobierno de Canarias para que su caso no se olvide.