Las historias detrás de las personas que sufren carencias en atención por salud mental

José Carlos (60 años) no está bien. Entre enero de 2020 y febrero de 2021 estuvo de baja laboral por un trastorno de ansiedad generalizado agravado por el estrés del empleo. Trabaja para dos empresas de limpieza a tiempo parcial en dos ubicaciones diferentes en Las Palmas de Gran Canaria, desempeñando principalmente las funciones de cristalero. Y no para en toda la jornada. En enero de 2023, sufrió una nueva crisis. Una de las compañías avisó que iba a sucederse una inspección en las próximas horas, pidió celeridad en las labores y le advirtió que, si no las concluía en tiempo y forma, otra persona ocuparía su lugar. Esa noche apenas pudo dormir. Sufrió escalofríos. También mareos.

Desde entonces, vuelve a estar de baja laboral. Diferentes informes clínicos mencionan que sufre un trastorno ansioso-depresivo, agorafobia con ataques de pánico, astenia, trastorno de la memoria y algunas patologías físicas, como dificultades para respirar (disnea), escuchar (hipoacusia) e incluso lesiones de espalda. Esos análisis concluyen que el origen de las enfermedades mentales padecidas por José Carlos procede de la infancia. Que lo vivido entonces ha motivado el aislamiento relacional, la desconexión emocional o el pensamiento crónico de vacío que siente ahora. Que tiene un pobre concepto de sí mismo y es dependiente. Que actualmente presenta temores por las relaciones sociales y aprensiones sobre su futuro laboral. La respuesta hasta entonces a todos esos diagnósticos psiquiátricos ha sido un potente cóctel farmacológico con innumerables efectos secundarios.

“En el trabajo realizaba el oficio de varias personas y funciones que no le correspondían. Nunca decía que no. Luego llegaba a casa y no hacía nada. Ducharse y dormir. Pero todo eso le ha pasado factura. Tiene que decir ”no puedo más, hasta aquí llegué“. Porque él no va a heredar la empresa. Eso le he dicho”, comenta en una entrevista con Canarias Ahora su pareja, Mari. Él también está presente, pero apenas articula palabra.

El 7 de marzo de 2023, José Carlos solicitó la incapacidad permanente por los motivos mencionados. Pero fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cuatro meses más tarde “por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad para la profesión habitual de limpiador de cristales”. Este mes de octubre presentó una reclamación. En pocas semanas finaliza el tiempo máximo de duración de baja por incapacidad temporal, prorrogable 180 días más en casos excepcionales, y la angustia de volver a verse encima de una escalera de ocho peldaños limpiando lámparas o vitrinas le paraliza.

No ha mejorado en todo este tiempo porque, entre otras cosas, no ha recibido tratamiento terapéutico de forma regular. Su médica de cabecera pidió que recibiera atención especializada, pero la solicitud fue desestimada por la unidad de salud mental de su zona porque en el momento en que fue realizada, marzo de 2023, tan solo habían pasado dos meses desde la baja laboral, “por lo que hay que esperar más tiempo para ver la evolución” y, de momento, tirar con fármacos, reza la contestación que recibió. A pesar de la falta de autocuidado personal, los miedos al salir a la calle, al trabajo, las limitaciones, en general, que impiden a José Carlos disfrutar de una vida estable, aún sigue a la espera de esa dicha consulta. Y no la ve cerca.

Las desestimaciones en Salud Mental son el pan de cada día para casos como él. Fuentes consultadas del Servicio Canario de Salud (SCS) apuntan que más de la mitad de las consultas solicitadas por Atención Primaria para que pacientes sean atendidos en unidades especializadas en psicoterapia son rechazadas. La razón de ello radica sobre todo en la falta de profesionales, pero también en los criterios de derivación establecidos. El protocolo de coordinación entre los responsables de ambas áreas establece que los trastornos adaptativos, esto es, aquellos cuadros de ansiedad o depresión de carácter generalmente “leve” que son respuesta a acontecimientos estresantes, deben ser tratados en la primera línea del frente de la sanidad canaria, no más allá.

El documento detalla que la derivación de Atención Primaria a Salud Mental solo estaría justificada cuando “exista sintomatología ansioso-depresiva importante” y no hubiera respuesta positiva por parte del paciente tras seis meses de tratamiento farmacológico. Una médica de cabecera afincada en Gran Canaria que prefiere no revelar su identidad reconoce que ha visto desestimada solicitudes por el estilo porque antes “tienen que llevar conmigo tres meses con ansiolíticos o antidepresivos”. “Me dicen: súbele la dosis y entonces si no mejora…”, agrega. Admite que recomienda acudir a la sanidad privada ante las esperas interminables de la pública. Pero no todos pueden. José Carlos, por ejemplo, cobra menos de 1.000 euros al mes, Mari no trabaja y ahora, además, tiene que cuidar a su madre. Los números no cuadran para desembolsar mínimo 50 euros a la semana en un psicólogo privado.

José Luis Morales es doctor en Psicología, trabaja en Santa Cruz de Tenerife y es uno de los portavoces del colectivo de psicólogos clínicos del SCS. En una entrevista con esta redacción, confiesa que “por protocolo”, el citado anteriormente, los pacientes derivados a Salud Mental son los que exhiben cuadros de moderado a grave. Ante los “leves”, no obstante, el sistema no es lo suficientemente robusto como para dar respuesta.

A finales de 2020, Canarias contaba con apenas 127 psicólogos públicos en todo el Archipiélago. La Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria de la Comunidad Autónoma especifica que se incorporarían 20 profesionales más en 2022 y otras dos decenas en 2023. Este periódico ha pedido datos actualizados a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. Así, con las cifras mencionadas en la mano (estimación de 170 psicólogos públicos), la ratio es de un profesional de la salud mental por cada 13.000 residentes en las Islas. “La red es bastante precaria”, resume Morales.

El experto explica que hace años fue instaurado un sistema de interconsulta virtual que permite a especialistas valorar informes de pacientes y proceder o no a la atención psicoterapéutica. Esas consideraciones se hacen sin el solicitante de la cita presente. Tan solo con lo que ha redactado su médico de cabecera. Morales indica que los criterios de derivación que emplean los técnicos de las unidades son utilizados para excluir “lo que entendemos como patologías menores” y que solo lleguen los casos más graves, aunque esto sea “un poco más subjetivo”, matiza. “Una persona que se ha separado o ha tenido un divorcio puede estar los próximos seis meses bastante afectada. Pero eso corresponde a la Atención Primaria”, añade. El propio protocolo precisa que el duelo también recibe esta distinción. No así el patológico.

Esta estrategia no es la más correcta, asiente Morales. Las guías de práctica clínica recomiendan que ante cuadros “leves” se priorice la psicoterapia y el tratamiento farmacológico sea relegado a un segundo plano. Pero eso no ocurre. Y a veces da la sensación de que “la sanidad actúa matando moscas a cañonazos”. De ahí los datos de la última encuesta sanitaria de las Islas, en la que el 16,35% de los encuestados (de un total de 5.739) aseguró haber consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir en las últimas dos semanas y el 7,81% también afirmó haber ingerido antidepresivos o estimulantes. Es previsible que esos porcentajes sean aún más altos en el próximo sondeo.

“El sistema está colapsado y por eso se abusa de la medicación. La lista es tan brutal en la sanidad pública, que tardan un año en atenderte y luego no te ven ni 15 minutos”, lamenta Carmen Linares, decana del Colegio Oficial de Psicología (COP) de Santa Cruz de Tenerife. En el Archipiélago existen 34 unidades de salud mental. Morales puntualiza que el nivel de saturación en cada una de ellas puede no ser el mismo. Y que hay algunas en las que la espera “puede no llegar al mes”, con lo cual es “un lujo”. “¿Cómo debería actuarse ante un centro colapsado? Presentando reclamaciones. Porque los pacientes tienen sus derechos y obligaciones. Y así queda constancia de la escasez de personal”, recalca el especialista.

Las barreras, en todo caso, no solo aparecen en los centros comunitarios. También lo hacen en los hospitales públicos.

Carmen (nombre ficticio) tiene 69 años y padece de episodios depresivos recurrentes desde hace más de tres décadas. En el año 2008 sufrió un accidente isquémico cerebral y en los estudios de imagen realizados se apreciaron signos de infarto cerebral reciente y de infarto lacunar antiguo. Desde entonces, su trastorno ha empeorado. Los cuadros son de mayor intensidad y duración, de entre tres y cuatro meses. Sufre de humor depresivo, debilitación de los impulsos, ansiedad, disminución de la capacidad para pensar y tendencia al aislamiento. Vive sola en la capital de Gran Canaria. En el último mes y medio ha intentado suicidarse cuatro veces.

Todo comenzó en septiembre de 2023. El episodio depresivo esta vez era “más severo que los anteriores, destacando la anorexia, pérdida de unos ocho kilogramos de peso y la ideación suicida”, subraya el psiquiatra que la atiende desde 2005. El primer intento de autolisis llegó el 22 de octubre. Ese día, Carmen tomó más pastillas de las que debía porque no quería seguir viviendo. Telefoneó a su hermano para contárselo. Terminó aturdida. Su hija se presentó en el domicilio y llamó al 112 para trasladarla al Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Negrín, donde fue valorada por el psiquiatra de guardia. Al cabo de unas horas, los técnicos llamaron para que fuera a buscarla, pero esta creyó que sería más conveniente que pasara la noche en observación. Primer aviso.

El 1 de noviembre, no obstante, Carmen no dijo nada. Volvió a hacer una ingesta excesiva de medicamentos mientras estaba sola en el hogar de su hermana y luego marchó a su domicilio, sin avisar a nadie. Su hija se preocupó ante la ausencia injustificada y acudió a la casa, donde encontró a su madre más somnolienta y confundida que la última vez. Ella manifestó de nuevo su deseo de morir. Y, otra vez, a Urgencias del Negrín, donde volvió a pasar la noche. A la mañana siguiente, el médico de guardia llamó para comunicar el alta. Pero su familia mostró desacuerdo por considerar que necesitaba atención psiquiátrica urgente. La respuesta del facultativo fue proceder con lo previsto y enviar a Carmen a su vivienda en un taxi pagado por el SCS.

Lo mismo ocurrió en el tercer episodio, fechado el 12 de noviembre, jornada en la que tomó alrededor de unas 25 pastillas, se acostó sin decir nada y su hermana la encontró desorientada. Ese día recibió el alta aproximadamente tres horas después de haber ingresado. No mostró arrepentimiento de haber intentado acabar con su vida. Y el 29 de noviembre, cuando la emisión del alta médica se produjo apenas 15 minutos tras el ingreso. Luego pasó horas sentada en un pasillo del complejo hospitalario hasta que amaneciera.

Carmen pidió ayuda. Su hija ha solicitado en un escrito que sea ingresada en el hospital hasta que alcance la “estabilización psiquiátrica”, pero no ha obtenido respuesta. En diciembre, para más inri, comenzó a expresar una claro deseo de precipitarse por la ventana de la habitación. Por ese motivo, permaneció ingresada en Urgencias del Hospital Negrín en torno a 48 horas entre el 11 y el 12 de ese mismo mes en “un habitáculo que estaba separado por muros que formaban pequeñas habitaciones con varias camas”, manifestó, en lo que parece ser la unidad de internamiento breve del centro sanitario. Opina que no mejoró ahí dentro. Que la situación se ha vuelto cada vez más grave y complicada. Su familia ha vuelto a pedir el ingreso. Carmen nunca había acudido a urgencias por encontrarse así.

El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España entre los jóvenes. En 2021, la tasa en Canarias entre las personas de entre 15 y 29 años fue de 5,55 por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, los registros en adultos, en especial por encima de los 40 años, son mucho mayores. Para la población de entre 65 y 69 años, la ratio fue de 15,23 suicidios, de las más altas de todos los grupos de edad. La mayoría de esas personas no habían recibido atención especializada, según comprobó una investigación reciente. Las autoras achacaron los datos a la falta de personal. Carmen, por suerte, ha sido citada por su unidad de salud mental. Pero lo va a hacer dentro de un tiempo, el próximo 27 de marzo de 2024, casi cuatro meses después de haber querido acabar con su vida hasta cuatro veces en unas pocas semanas.