Noemí Santana se compromete a incorporar seis inspectores más para hacer un mejor seguimiento de la situación de los centros de mayores en Canarias

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha desvelado este martes, en los micrófonos de COPE Canarias, que “no se han visitado todavía las 25 residencias que aparecen en el informe elaborado por la Diputación del Común sobre el lamentable estado higiénico de los centros de mayores de las islas”. Además, se comprometió a incorporar a seis inspectores más, “de aquí a noviembre”, para hacer un mejor seguimiento de la situación.

El documento, correspondiente a 2019 y en el que se apunta que “resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar tal falta de salubridad”, estaba en manos del Parlamento desde noviembre y saltó a los medios de comunicación a principios de este mes.

Santana señaló que no se han realizado las correspondientes visitas por la falta de inspectores, solo cinco para atender hasta 400 centros en toda Canarias, y por los protocolos “minuciosos y exhaustivos” para poder inspeccionar las residencias. Asimismo, recuerda que esta es una herencia recibida del gobierno anterior, liderado por Coalición Canaria, “se me puso la piel de gallina al ver el nivel de deterioro y abandono al que estaba sometida esta consejería. Ni siquiera tenían un listado de las residencias que hay en el Archipiélago y dónde están ubicadas”, criticó. Tampoco olvida que esta situación se conoció la semana pasada y tacha de “error compartido” el no haberlo incluido antes en el orden del día de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento canario, sabiendo ahora que el informe data de noviembre de 2020.

Pese a todo, la consejera quiso enviar un mensaje tranquilizador, “sabemos la residencias que son y estamos haciéndole seguimiento”. “Este informe es de 2018 y 2019, desde entonces se ha dotado a algunas residencias de subvenciones para mejorar sus infraestructuras. Canarias tiene 232 centros sociosanitarios y, en la mayoría, el trabajo que se realiza y las infraestructuras son adecuadas y de calidad. En el informe - que se realizó sobre el estudio de 25 centros- se destaca que 12 residencias tenían algunas deficiencias, pero muchas de ellas eran de infraestructura, no por la presencia de ratones o cucarachas”, aclaró.

Santana aseguró que el año pasado se realizaron un total de 26 inspecciones, lo que da buena cuenta de la “minuciosidad de esta tarea” y de la sobrecarga de trabajo de los cinco inspectores de esta consejería. “Esperamos incluir a más personal, de aquí a noviembre, para ampliar la plantilla de inspectores hasta llegar a los 11, así podremos ir más rápido”, prometió.

Finalmente, recordó que durante el confinamiento se realizaron constantes visitas a las residencias, garantizando un control sobre el estado de los centros. “Solo cinco residencias no han respondido a nuestro llamado para preguntar si se ha solventado o no las deficiencias, estas están ya en el punto de mira, serán las primeras en inspeccionar. Si no se han solventado los problemas, a lo mejor cabe una sanción”, concluyó.

Lo cierto es que la presidenta de la asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, se ha reunido recientemente por videoconferencia con el Diputado del Común, Rafael Yanes, y ha remarcado que la situación de las residencias de mayores en Canarias, según el informe correspondiente de 2019, no es un tema únicamente administrativo, sino judicial. “La omisión del deber de socorro se trata por la vía penal y, en este caso, la Fiscalía no puede hacer oídos sordos”, detalló en una nota, indicando que todos son “responsables”, desde la administración pública “hasta el último trabajador que haya tenido constancia de irregularidades y no haya acudido al juzgado o a la Fiscalía”.

Por su parte, la Plataforma Tenerife de Familiares y Usuarios de Residencias aseguraron que el documento “se aleja de la terrible realidad que viven los mayores” y añaden que en algunos centros se exige a los usuarios que orinen y defequen en el pañal “porque ya se les cambiará cuando les toque”. Los parientes afirmaron que “se les da de comer con un embudo”, no hay cepillado de dientes y se les obliga a compartir la ropa entre usuarios “sin mantener su dignidad en cuanto a la forma de vestir”.