El muro que se derrumbó en el Paseo de Chil es propiedad de la inmobiliaria del Santander, que quiere expulsar a los vecinos
A las 16 viviendas ubicadas en la calle Ladera del Cuyás se llega gracias a casi medio centenar de escalones que la conectan con el Paseo de Chil de la capital grancanaria, separadas por un talud que esta semana sufrió un derrumbamiento que ha afectado a las cinco primeras casas. Según el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el muro es propiedad de Altamira Santander Real Estate S.A., una sociedad inmobiliaria propiedad del Grupo Santander que pretende la expulsión de los residentes, a pesar de que son familias que han habitado esas viviendas durante generaciones, algunas más de un siglo.
En el escrito de demanda interpuesta por Altamira y admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, la inmobiliaria califica a los vecinos de “ignorados ocupantes de las viviendas” y sostiene que es “titular de la finca”. Pero, es más, para justificar su desconocimiento, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios del Grupo Santander asegura que alguno de sus representantes se personó un día en la calle y no pudo acceder al interior de las viviendas porque las cerraduras habían sido cambiadas por personas que se habían introducido a la fuerza. La inmobiliaria llega incluso a afirmar que los vecinos ocupan ilegalmente las casas.
Lo cierto es que desde la inigualable panorámica que tienen las 16 viviendas, los antepasados de los actuales habitantes -y los más longevos- podían observar las plataneras que ocupaban toda la zona de la calle Tomás Morales antes del crecimiento de la ciudad capitalina. En los años 70 del siglo XX, los propietarios de la zona, una de las familias más pudientes de la capital grancanaria, venden la parcela donde se ubican las 16 viviendas a Promociones Turísticas de Canarias (Protucasa).
Protucasa era una inmobiliaria propiedad de la entonces Caja Insular de Ahorros (actualmente Bankia), que pretendía hacer una promoción, desalojando a los habitantes de las viviendas y dándoles a cambio un inmueble en propiedad en otra zona. Así lo había hecho con la Ladera de Viera, ubicada al lado de la Ladera del Cuyás, donde la entidad construyó casas y ubicó a los antiguos residentes de la zona en el recién inaugurado Polígono de San Cristóbal.
Pero Protucasa quebró antes de poder llevar a cabo la misma actuación con los habitantes de la Ladera del Cuyás y la zona la adquirió la Caja Insular de Ahorros como dación en pago debido a la deuda que había contraído la inmobiliaria. Transcurren los años y los vecinos, lejos de quedarse de brazos cruzados, tratan de lograr que se les reconozca como propietarios, pero les cierran todas las puertas, sin darles información alguna. Y la calle volvió a cambiar de manos.
En la década de los años noventa Tirba S.L., una empresa de construcciones de Fuerteventura, adquiere un lote a la Caja Insular de Ahorros en el que está incluida la parcela, pero tampoco acometió ninguna actuación ni envió información alguna a los habitantes de las 16 viviendas. En la actualidad es la sociedad inmobiliaria del Grupo Santander quien defiende ser la propietaria, según el escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, este periódico se ha puesto en contacto con Altamira para recabar su versión de los hechos, pero desde la empresa se han limitado a afirmar que no les “consta” que en la calle Ladera de Cuyás existieran unas viviendas de su propiedad.
El alcalde asegura que los costes del derrumbe los asumirá Altamira
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informó este viernes que la estructura que se derrumbó a las 2 de la madrugada del pasado 11 de abril está compuesta de un “gunitado de hormigón” y será Altamira quien tenga que “asumir finalmente los costes de estos trabajos que ahora está realizando el Consistorio capitalino”, afirmó el alcalde Augusto Hidalgo, quien explicó que el corrimiento de tierras se produjo por las lluvias caídas en los últimos días.
Los vecinos afectados, que la administración pública cifró por en torno a la veintena, fueron desalojados y a varios de ellos se les realojó en un hotel de la capital grancanaria, siendo el Ayuntamiento quien se comprometió a hacerse cargo de los gastos. Se espera que la mayoría retorne de forma progresiva a sus viviendas, exceptuando a los habitantes de las cinco primeras casas de la Ladera del Cuyás, pues Hidalgo explicó que esta actuación será “más complicada”.
