Un plan de infraestructuras enquistado, falta de personal y de un modelo de futuro: las carencias en las residencias de mayores canarias

El segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias tenía previstas casi 5.000 nuevas plazas que estarían disponibles en 2021. Sin embargo, han pasado los años y de esas previsiones solo se han construido 566. El actual Gobierno canario asegura que en los últimos tiempos varios cabildos han impulsado la ejecución de dichas plazas, pero aún están lejos de esas previsiones iniciales. Mientras tanto, la población canaria envejece, se acumulan las solicitudes de ayuda a la dependencia y no se trabaja en un modelo alternativo. Así lo advierte la plataforma Residencias Dignas, que pide “garantizar el bienestar y el trato digno que se merece cualquier persona en situación de vulnerabilidad y dependencia”.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, ha explicado a este periódico que hay islas que en los últimos años han estado en “ejecución cero” en este plan de infraestructuras y que este es el caso de Lanzarote, Tenerife y El Hierro. Hay otras islas que sí han ido ejecutando como La Palma, La Gomera o Fuerteventura. En el caso de Gran Canaria explica que en el último año ha dado un “buen impulso”. Así mismo, incide en que se han puesto en marcha convenios con los cabildos para inyectar más recursos con fondos europeos, por lo que se espera que con esos fondos se construyan 683 plazas en dos años. 

Cabe recordar que ese plan de infraestructuras fue aprobado en la anterior legislatura de Fernando Clavijo, con Cristina Valido como consejera de Servicios Sociales. Un informe de fiscalización sobre el ejercicio 2021 recoge que “no consta” (al menos conforme a la normativa) la elaboración de un plan previo a los convenios que se firmaron en 2017 entre el Ejecutivo de Coalición Canaria y los cabildos para construir 4.460 plazas residenciales en un periodo de tres años. Dicho informe de fiscalización apunta que las cifras sobre el bajo nivel de ejecución evidencian que en el momento de la suscripción de los convenios “no se desarrolló una adecuada planificación de las actuaciones a realizar y la programación de anualidades presupuestarias asociadas a la financiación de las mismas”. 

El actual viceconsejero de Bienestar Social señala que ya se ha puesto sobre la mesa la necesidad por parte de algunos cabildos de ejecutar o de poner en marcha un nuevo plan sociosanitario de infraestructura, “pero es verdad que primero habrá que hacer una evaluación y una valoración de cuáles son los problemas que ha tenido este plan y sacar algún aprendizaje para poder mejorar la gestión y ser más eficiente en la ejecución, porque además somos conscientes de que hay necesidad de cara al futuro y vamos a tener que seguir trabajando en la creación de más recursos”, resume.

Las carencias en el modelo

Ofelia Aguilar y Asunción Cívicos son portavoces de la plataforma Residencias Dignas y señalan a este periódico que “no se han creado unas plazas sociosanitarias que inicialmente se prometieron” y lamentan que esto no tenga consecuencias. “Me sorprende que no haya repercusiones, que no se pierdan responsabilidades a las administraciones públicas por no ejecutar”, destaca Cívicos. Se trata de una cifra que denuncian que contrasta con el hecho de que según los responsables de la Consejería y Viceconsejería de Bienestar Social, hay 566 personas ocupando una cama hospitalaria, “con todo lo que implica y el coste y el sobrecoste”.

“Del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, sólo se ha creado el 11% de las infraestructuras previstas. Hay islas como Tenerife, El Hierro y Lanzarote que no han creado ni una sola plaza pública más y han tenido que devolver el presupuesto que se iba a destinar a esas funciones. Así que todo va con bastante retraso. A las personas que solicitan la ley de la Dependencia las desalienta efectivamente el que no haya suficientes residencias públicas pero sobre todo las desalienta todo el tiempo que tienen que esperar para que se resuelva su expediente. Muchas personas mueren sin haber sido ni siquiera valoradas y otras muchas mueren esperando un recurso, entre ellos una residencia. Esto es una auténtica tragedia en Canarias porque se trata de personas vulnerables, no son números. También es un drama para sus cuidadoras, familiares, que terminan enfermando también. A eso haya que añadir la enorme cantidad de papeles que hay que presentar, la burocracia. Esto es lo que principalmente hace que cierta cantidad de personas se echen para atrás y no presenten la solicitud del grado de dependencia”, detalla Ofelia Aguilar. 

Ambas portavoces recuerdan que no se ha desarrollado el Catálogo de Servicios de la Ley de Dependencia y no se han adaptado a la normativa de acreditación de centros. “Los centros tienen que tener unos requisitos, además de personal, de formación de personal, estar organizados conforme a unos módulos donde no estén más de 15 residentes, que se parezcan más a un hogar, bueno, mucho más de lo que ahora ahora son macrocentros, donde, en fin, se atiende de la manera, mejor dicho, se desatiende de la manera que se desatiende”, incide Cívicos. 

La plataforma asegura que recibe cada día quejas de familiares de personas que están en residencias y expone ejemplos como que en ocasiones no se cumplen con las horas de fisioterapia o que en algunos casos les llegan a contar que hay carencias en el higiene de los usuarios, que no son duchados con asiduidad o se dan quejas con las comidas.  Explica que hay familias que tienen miedo de presentar quejas por miedo a represalias. 

Otra de las quejas del modelo es la falta de personal que detectan en muchas residencias. Hablan de un caso en el que una profesional tiene que atender 30 usuarios. “Se abusa de contrataciones precarias, temporales, salarios precarios y contratación, por ejemplo, de auxiliares geriátricos, en lugar de contratar a personal sanitario…” 

Entre las propuestas de la plataforma se encuentran “humanizar el trato y respetar los derechos humanos”, “construir mini residencias y en el ámbito municipal de los solicitantes de plaza residencial”, mejorar las ratios de personal, “con formación suficiente, actualizada y salarios dignos” o recuerdan la normativa de acreditación de centros acordada en junio de 2022 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, que daba nueve meses a las comunidades autónomas para adaptarse y que se cumplan los requisitos en cuanto a infraestructuras, organización, personal etc. Sin embargo, este es un aspecto que “no se ha regulado”. 

La plataforma señala que en ocasiones se da publicidad engañosa y falsa: “Infraestructuras de ”lujo“, pero atención personal y humana mucho más ”pobre“. Se detecta escasez de personal, de formación suficiente y de ”humanidad en el trato y en la actitud de algunos profesionales“, apuntan. Insisten además en que el modelo de gestión debería estar centrado en la persona; pero en la práctica está centrado ”en el servicio“ y en el ”interés prioritario en cubrir plazas y obtener beneficios económicos“. Así mismo, afean la ”vulneración reiterada de derechos y libertades (restricción grave de la movilidad. Sentimiento de secuestro en algunos residentes sin deterioro cognitivo ni dificultades de movilidad)“ o la ausencia de participación en la gestión de los centros. También hablan de negligencias que han documentado estos años por atragantamientos, incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros. Además, exigen ”la garantía del derecho a la intimidad y la privacidad de las personas residentes“. ”No al edadismo y a la infantilización de trato hacia las personas mayores“, indican desde el colectivo. 

Hacia un modelo de futuro

En 2021, el anterior Gobierno de Canarias con la consejera de Podemos Noemí Santana al frente de Derechos Sociales presentó el proyecto Canarias te cuida, donde se hablaba de financiar con fondos europeos un nuevo modelo basado en viviendas compartidas, pisos intergeneracionales, residencias más pequeñas o hasta 12.000 viviendas en las que la domótica hará más accesible la vida a personas dependientes.

Por su parte, el actual viceconsejero de Bienestar Social destaca que hay que mejorar en todo lo que sea caminar hacia la desinstitucionalización, es decir, medidas alternativas a la creación de plazas sociosanitarias. “Vamos a seguir mejorando la financiación de todo el tema de ayuda domiciliaria para mejorar que la gente pueda, en la medida de lo posible, envejecer en su vivienda”, apunta Candil, que destaca que también se va a incorporar la teleasistencia avanzada. “Hay todo un sistema ya de tecnología súper avanzada, y vamos a hacer una inversión de veinticinco millones de euros este año y el que viene para comprar tecnología y empezar a sumar más usuarios de teleasistencia en Canarias, donde actualmente estamos en el entorno de los tres mil”.