La Plataforma por el 5% del PIB para Educación propone un plan plurianual para mejorar la inversión educativa

La Plataforma por el 5% del PIB para la Educación propone un plan plurianual para mejorar la inversión educativa y cumplir así con la ley canaria. El colectivo plantea que “la propuesta, dado al retraso sufrido, nace de la firme convicción de que los objetivos marcados por la Ley son imprescindibles para continuar en la senda de mejora ya iniciada, reducir considerablemente la brecha que nos separa de las medias de España en los principales indicadores y colocar nuestra educación al servicio de un progreso económico y social más justo, más sostenible y menos desigual”.

Plantea fijar una senda de manera que en 2022 se destine el 4,29 del PIB; al año siguiente, el 4,53; en 2024, el 4,76 y en 2025 el ansiado 5%. La Ley educativa de Canarias mandaba a destinar este porcentaje del PIB a Educación este año, algo que no se ha cumplido.

Para cumplir con este mandato, la plataforma cree que es necesario utilizar como marco los escenarios de crecimiento económico contenidos en el informe Previsiones económicas de Canarias. Escenarios del impacto del Covid-19 y de la situación en Ucrania (30 de marzo de 2022) publicado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias , y actualizarlo, proyectando los escenarios hasta 2025, y actualizando en base a las nuevas previsiones macroeconómicas.

¿Cómo puede lograrse este objetivo?

Los expertos y personas sensibilizadas con la educación que componen la plataforma señalan en la propuesta que es necesario “cuantificar el gasto” y así “cruzar los índices de la senda con los escenarios del PIB por ejercicio para obtener los escenarios presupuestarios”. Del mismo modo, inciden en la necesidad de determinar las fuentes estructurales de ingresos para financiar los incrementos presupuestarios de Educación (ingresos fiscales y reducciones de gastos de otras áreas -exceptuando sanidad y protección social).

La plataforma defiende que es muy importante identificar las actuaciones y programas financiables, determinar sus costes y la distribución de los recursos proporcionados por los incrementos anuales. Así, con los recursos derivados de los incrementos anuales, plantean destinarlos a triplicar la creación de plazas de 0-3 años para equipararnos con el resto de España en el plazo más corto posible (Extremadura lo hizo en 3 años), equiparar las plantillas docentes con las de Extremadura, para lo que se requerirían alrededor de 5.000 docentes más o reforzar los recursos materiales y humanos dedicados a impulsar las políticas de atención a la diversidad.

Estos objetivos requieren de un “seguimiento y evaluación” y también reclaman un “mecanismo de amortiguación” una vez alcanzado el 5% del PIB para Educación. Es decir, plantea fijar los umbrales que activarían el mecanismo (por ejemplo: +- 1 punto de la variación media del PIB en la última década).

Se trata de una propuesta que se está presentando a las instituciones y organizaciones sociales y políticas implicadas y se reclama que los plazos y compromisos financieros acordados queden reflejados en el Plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2023-2025 que el Gobierno de Canarias deberá aprobar próximamente y una Proposición No de Ley (PNL) consensuada, que refleje el compromiso y el respaldo mayoritario del Parlamento de Canarias con el mismo. 

Años de lucha por alcanzar el objetivo

La plataforma por el 5% del PIB en Educación se constituyó durante el mandato de Coalición Canaria ante el temor de que no se cumpliera con el objetivo que marcaba la ley educativa que se aprobó cuando José Miguel Pérez (PSOE) era consejero. Durante la etapa de la anterior consejera, Soledad Monzón, ya colectivos de docentes y personas sensibilizadas con Educación pedía al menos que se destinase un “4% del PIB ya”. En 2019, último año de gobierno de CC, el presupuesto llegó a ser inferior al del año 2009; dedicando entonces un 3,6% del PIB, con una cantidad de 1.713 millones de euros. Fueron constantes las quejas del colectivo y la reivindicación para lograr más presupuesto, pero nunca se consiguió acercarse al objetivo.

Los miembros de la plataforma han mostrado varias veces su preocupación en este sentido ya que precisamente uno de los compromisos del llamado Pacto de las flores (gobierno de PSOE, NC, Unidas Podemos y ASG en las Islas) era el de apostar por alcanzar este objetivo en el año 2022. Durante la pandemia, pese a la mayor inversión realizada en el área, desdibujó este objetivo al cambiar las previsiones económicas. Por ello, ahora la plataforma propone este plan que permita ir aumentando esta inversión progresivamente.