Polémica por una campaña sobre tabaquismo con La Graciosa como protagonista
Un anuncio publicitario ha desatado la polémica en torno a la isla de La Graciosa. La multinacional Philip Morris ha aprovechado la imagen de la más pequeña de las islas de Canarias para publicitar un cigarrillo electrónico, bajo la campaña La Graciosa sin humo. La relación insana del tabaquismo y de la isla ha encendido las alarmas en muchos, que no han dudado en manifestar su descontento.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha expresado este miércoles su rechazo a la campaña, que han escrito una misiva al Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, del que depende administrativamente la isla de La Graciosa, para que retire su apoyo a esa campaña de la multinacional tabaquera, porque la considera parte de una “estrategia que pretende reducir la percepción de riesgo de sus productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos, desviando la atención de la capacidad adictiva y la toxicidad, intentando presentarlos como atractivos, para así favorecer su consumo”.
A su juicio, las industrias tabaqueras están repitiendo con los cigarrillos electrónicos “viejas estrategias, conocidas a través de sus documentos internos, desclasificados y publicados en 1994, que sacaron a la luz las tácticas engañosas utilizadas por las mismas para mantener a los fumadores en el consumo de cigarrillos”.
Por otro lado, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) también se ha puesto en contacto con el Consistorio para retirar de inmediato dicha campaña al considerar que la tabaquera pretende favorecer el vapeo y el consumo de dispositivos que calientan tabaco (IQOS) que, según los neumólogos, también perjudican la salud pulmonar y son tan adictivos como los cigarrillos normales.
En una carta enviada al alcalde del municipio, la SEPAR le advierte de que la colaboración entre el consistorio de Teguise y Philip Morris International contraviene el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, firmado y ratificado por el Gobierno de España en el año 2003.
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