La prometida solución al colapso del Hospital Insular de Gran Canaria, un paso más cerca tras años de espera

La prometida solución al colapso del Hospital Insular de Gran Canaria está un paso más cerca. El consejero de Sanidad, el socialista Blas Trujillo, acaba de aprobar los pliegos para la adjudicación de las obras de demolición del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP), situado junto al edificio principal del complejo. En esta parcela de 10.000 metros cuadrados se pretende construir un edificio de cinco plantas para albergar, entre otros, el nuevo servicio de urgencias o un área de hospitalización de media estancia con 40 camas. 

El presupuesto asciende a 2.080.917,61 euros (IGIC incluido) y el plazo máximo de ejecución será de seis meses. Las empresas que aspiren a hacerse con este contrato deberán presentar sus propuestas antes del 14 de diciembre. Los pliegos bareman con 80 puntos la oferta económica y con 20 la reducción de los plazos de la obra. El proyecto estará financiado en un 85% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El Consejo de Gobierno aprobó en septiembre el gasto con recursos propios (el 15%).  

El edificio que se prevé demoler el próximo año fue construido en 1972 por el Cabildo de Gran Canaria y hasta 2017 fue utilizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para actividades docentes. Ese año las últimas dependencias se trasladaron a la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de San Cristóbal, a pocos metros, y el inmueble quedó cerrado y sin uso. Meses después, comenzó a gestarse el proyecto para convertir ese espacio en una ampliación del Hospital Insular y aliviar las históricas carencias de espacio del complejo, manifestadas en los reiterados episodios de saturación del área de urgencias. 

En abril de 2019, prácticamente el 90% de los médicos adjuntos de urgencias del complejo (23 de 26) presentaron una denuncia ante la Fiscalía (finalmente archivada) por el “inaguantable” colapso asistencial en el servicio, con pacientes hacinados en los pasillos y la imposibilidad, decía aquel escrito, de ofrecer “un trato digno” a los pacientes. El entonces presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria), además de sugerir primero que el caos era culpa de los sanitarios y del Cabildo de Gran Canaria y retractarse después, confió la solución definitiva al problema a la construcción de un nuevo edificio en la parcela del CULP. Para ello, dijo, se estaba negociando la cesión de la parcela con la institución insular.

Más de un año y medio después, la Consejería de Sanidad y el Cabildo de Gran Canaria escenificaban el acuerdo para la cesión del CULP en una comparecencia ante los medios de comunicación. Era el 4 de noviembre de 2020. En esa ocasión, Blas Trujillo no puso fecha a la inauguración del nuevo edificio, pero dijo que esperaba que estuviera concluida antes de que acabara la legislatura. Lo cierto es que ese acuerdo no se formalizó hasta abril de 2021 y que las previsiones se han ido retrasando hasta que, finalmente, el consejero de Sanidad firmó el pasado 20 de noviembre los pliegos para la primera fase, la demolición del CULP. 

Previamente, se había aprobado el proyecto de derribo, fechado el pasado mes de mayo y firmado por el arquitecto Pedro Romera García, con un presupuesto de 1.944.782,81 (sin IGIC). De esa cantidad, el 78% corresponde a la ejecución material de las obras (1.594.084,27); un 16%, a gastos generales (255.053,48), y un 6%, al beneficio industrial de la empresa que resulte adjudicataria del procedimiento abierto simplificado (95.645,06). 

El servicio de Infraestructuras del Servicio Canario de Salud dictó en agosto un informe favorable al proyecto y propuso el inicio del expediente de contratación de las obras de demolición completa del edificio y de las construcciones existentes en la parcela, esto es, de las aceras peatonales, de un gradería y de la escultura exterior. El plazo de ejecución (de un máximo de seis meses) comenzará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo de las obras y los precios no podrán ser revisados.

Tras la demolición deberá ejecutarse el plan funcional, que contempla la construcción en la parcela resultante (de 10.274 metros cuadrados) de un edificio de cinco plantas (más de 30.000 metros en total) que se conectará en todos sus niveles con el actual. En el nuevo inmueble se prevé ubicar el nuevo servicio de urgencias o una unidad de hospitalización de media estancia de 40 camas para poder ubicar a los denominados pacientes sociales, aquellos que ya han recibido el alta médica pero precisan atención sociosanitaria y no disponen de plaza en residencias o sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. 

Ese plan también prevé otros usos, como una unidad de apoyo a la investigación, el nuevo servicio de farmacia, la ampliación de las consultas externas, la cirugía mayor ambulatoria, laboratorios clínicos, el área de inmunología o un espacio de vestuarios y otro de logística. 

Entre los profesionales, sin embargo, sigue habiendo recelos sobre esa idea del CULP como la solución definitiva a los males que aquejan al hospital. “No necesitamos un servicio de urgencias más grande para poder tener más pacientes ingresados dentro, sino que tenemos que trabajar para que menos personas necesiten estar ingresadas y que quienes lo hagan tengan su necesaria cama” en las plantas de hospitalización, advertían en un manifiesto en marzo. 

En sus reiterados escritos de los últimos años, los sanitarios inciden en que las urgencias son solo “la punta del iceberg” de los problemas del complejo, el lugar donde se evidencian sus carencias, y que el colapso se origina tanto por la falta de camas en las plantas de hospitalización como por la ausencia de plazas en los centros sociosanitarios. Los pacientes no pueden ser derivados y permanecen días en los pasillos. Además, alertan de un incremento de la demanda asistencial vinculado al envejecimiento de la población. 

La saturación de las urgencias del Hospital Insular, como la del resto de los grandes hospitales del Archipiélago, ha vuelto a ser noticia estos últimos días, con casos como el que denunció Antonia Rosa Martel, el de su padre, un anciano de 88 días que permaneció cinco días en los pasillos porque no había cama a la que derivarle en planta. Según fuentes del complejo, en los últimos días la media diaria de asistencia a urgencias ronda las 250 personas, unas 40 más de lo habitual.

En el centro hay, además, 75 pacientes que han recibido el alta médica pero que permanecen ingresados porque no pueden acceder a los recursos sociosanitarios que precisan ni sus familias pueden hacerse cargo de ellos.