La Red en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales critica la “perversa desmantelación” de la dependencia en Canarias

La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) ha calificado este martes de “vergüenza” el uso “perverso” que a su juicio realiza el Gobierno canario (CC-PP) de los reclamos históricos en materia de dependencia para “adelgazar y desmantelar” el sistema público de servicios sociales.

Redesscan critica al Ejecutivo autonómico por el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

“Evidentemente queremos la agilización y reducción de los plazos de acceso a las prestaciones, pero no de cualquier manera”, advierte la entidad, que asevera que “retorcer y desenfocar el cumplimiento de un derecho fundamental es lo que a nuestro juicio está en el trasfondo de este decreto del Gobierno de Canarias”.

Desde la aparición de la Ley de Dependencia en 2006 el Gobierno de Canarias “ha incumplido, de forma reincidente” los plazos para la puesta en marcha de los distintos procedimientos que en ella se contienen, añade Redesscan.

En su opinión, se ha estado dando vueltas alrededor de una realidad, la de la situación de los Servicios Sociales en general y la de Dependencia en particular, que desde distintos ámbitos se ha planteado “como absolutamente deficitaria, ineficaz y con consecuencias muy negativas” para la población canaria, en especial para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Así, explica, se generan propuestas que, en pro de una supuesta y mal llamada eficacia, desenfoca y desvirtúa el papel de una profesión que es referente en los Servicios Sociales y elimina un instrumento como el Informe Social, con todo lo que ello conlleva de intervención global e integradora.

Y las soluciones que ahora propone el Ejecutivo “suelen estar conectadas con diversos intereses, empresariales y políticos”, con la externalización y la privatización de los servicios públicos, en opinión de Redesscan.

Por ello reivindica un procedimiento garantista de los derechos reconocidos a las personas en situación de dependencia y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta área y un aumento real en la financiación para que pueda contarse con los recursos humanos, de infraestructura, tecnológicos y materiales, necesarios.

Al respecto, puntualiza que en Canarias hay un profesional de Trabajo Social por 5.645 habitantes cuando la media estatal es de uno por 1.764 habitantes, y reitera que la atención no pasa “por el modelo anquilosado y antiguo” centrado en prestaciones económicas y de subsistencia que encadena a las personas al simple sobrevivir y sin deseos de alcanzar una vida plena.

Redesscan hace además un llamamiento a la movilización y reivindicación de derechos “en estos tiempos de nuevos recortes”.