Ángel no puede construir su casa porque el ayuntamiento tardó 16 años en suspender un plan urbanístico

Elena y su marido, Ángel, compraron en 2022 una parcela de 456 metros cuadrados en El Horno, Mogán (sur de Gran Canaria). El objetivo de la pareja es construir una vivienda en la localidad, de unos pocos cientos de habitantes, para residir en ella el tiempo que pasen en la isla. Cuando este año acudieron al Ayuntamiento para solicitar la licencia de obra, descubrieron que el plan parcial del barrio, que se ha ejecutado en casi un 90%, acababa de ser suspendido. El Consistorio, dirigido por Onalia Bueno (Juntos por Mogán-Coalición Canaria), podría haber tomado esa decisión desde finales de 2008, cuando publicó las normas subsidiarias del municipio, pero lo hizo este año, alrededor de 16 años más tarde.

“Imagínate comprar un solar y que después te vengan con esa sorpresa. Me siento estafado y robado”, exclama Ángel.

El urbanismo en Mogán está ordenado por lo que se conoce como normas subsidiarias, un instrumento que suple la ausencia de un plan general y que es muy común entre los municipios de menor tamaño. Las de Mogán resultaron aprobadas en 1987, pero no fueron publicadas hasta 2008, dos décadas más tarde. Explica el catedrático en Derecho Administrativo Andrés Avelino Blasco, de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), que este ha sido un “problema histórico” de los planes urbanísticos del siglo pasado, pues muchos son anteriores al mandato constitucional de regular la transparencia de las normas. Hasta hace no mucho, se pensaba que valía con publicar el acuerdo de gobierno y poco más. Que con un párrafo anunciando su aprobación, bastaba.

Lo anterior ha supuesto que la redacción de muchos planes urbanísticos en Mogán entre 1987 y 2008 se haya realizado “sin la debida cobertura jurídica” por la falta de publicidad de las normas subsidiarias. El Ayuntamiento se ha agarrado a esa cuestión para suspender ahora a través de una instrucción siete planes parciales (El Horno, La Verga, Anfi Tauro, Ampliación Pueblo de Tauro, Ampliación Halsodalen, Morro del Guincho y Playa de Mogán) tres lustros después de cumplir con la transparencia urbanística exigida, aunque con más de 20 años de demora. Ángel y su mujer se enteraron de la suspensión después de que el Consistorio les denegara la licencia.

“Hemos sido agredidos moral y económicamente. Gastamos una fortuna en ese solar para hacernos una casa. Esto ha sido un atraco a los propietarios de terrenos como nosotros”, sentencia Ángel.

Los municipios tienen competencias para suspender sus planes urbanísticos en aras de revisarlos y modificarlos. Es una suspensión temporal, un acto que debe ser público al igual que también lo es su aprobación. En Mogán, el Ayuntamiento entiende que todos estos instrumentos paralizados están “viciados de nulidad y no pueden considerarse válidos ni eficaces” porque fueron aprobados en un periodo en el que no hubo transparencia de las normas subsidiarias. El Tribunal Supremo ha tumbado planes urbanísticos por lo mismo en los últimos años.

La controversia en este caso viene dada no tanto por la causa de la paralización, sino por la tardanza en la actuación de la Corporación municipal mientras seguía otorgando licencias todos estos años. “Lo lógico habría sido solventar el problema en 2008. Pero esto en planeamiento es el pan de cada día”, reconoce a Canarias Ahora el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Los motivos que impulsaron al Consistorio sureño a proceder este año y no antes con la suspensión no están claros. El partido Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), que forma parte de la oposición en Mogán, preguntó a la alcaldesa esto mismo el pasado 6 de septiembre, pero Bueno se limitó a decir que el Ayuntamiento está “incentivando el urbanismo en el municipio” al suspender los planes parciales viejos, los mencionados con anterioridad, y redactar unos nuevos, entre ellos el de El Horno.

Bueno aseguró que técnicos del Gobierno regional y de su propio Ayuntamiento han entendido que esto es lo que hay que hacer para “poner en orden” el urbanismo de la localidad. Onán Cruz confirma que existen informes en el Ejecutivo regional emitidos con anterioridad a 2024 que ahondan en esa idea, que los planes parciales en cuestión “están apoyados en un instrumento [las normas subsidiarias] que no tenía valor”. También sugiere que ahora todas las licencias han quedado fuera de ordenación, es decir, son contrarias a la normativa actual a la espera de una nueva regulación.

No obstante, la cuestión sobre por qué ahora llegó la suspensión y no antes sigue sin quedar resuelta. Una fuente experta en urbanismo consultada por esta redacción considera que la actuación del Consistorio sureño de Gran Canaria es “un disparate monumental”. Cree que, si los planes parciales están incursos en causa de nulidad, lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento es iniciar un procedimiento de revisión de oficio y seguirlo por todos sus trámites, lo que implica darle trámite de audiencia a todos los interesados y elaborar una propuesta de resolución por la que se declare nula la aprobación de todos los planes urbanísticos afectados. Esa propuesta, además, tendría que ser remitida al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo.

La misma fuente agrega que un acto de aprobación de un plan parcial “goza de la presunción de legalidad” y que dejarlo sin efecto mediante una instrucción “es una aberración jurídica”. Al mismo tiempo, recuerda que las facultades de revisión de los actos en vía administrativa no pueden invocarse cuando su ejercicio resulte “contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.

“Quizá no es la forma más estética [de hacerlo]”, reconoce el catedrático en Derecho Administrativo Ángel Lobo, de la Universidad de La Laguna (ULL). El concejal de NC-BC en Mogán Juan Manuel Gabella agrega que la suspensión de los planes parciales “supone un varapalo para el desarrollo urbanístico” del municipio que “afecta a la recaudación” e “implica un agravio comparativo entre aquellos vecinos que quieran pedir licencia frente a quienes han podido edificar”.

En El Horno, la localidad donde se encuentra el solar de Elena y Ángel, el 89% de los terrenos a urbanizar están ejecutados. Tan solo un 11% está pendiente de su transformación, según el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán. “Esto supone una vulneración de la teoría de los actos propios, según los cuales, la administración no puede ir en contra de todas aquellas decisiones que ha tomado”, continúa Gabella.  

Ángel y Elena solicitaron la licencia de obra mayor para construir una vivienda unifamiliar aislada el 27 de marzo de este año, pocas semanas después de la instrucción que suspendió el plan. A pesar de que la parcela se encontraba en suelo apto para urbanizar, el Consistorio sostiene ahora que “carece de ordenación pormenorizada” y denegó la petición el 14 de junio. La pareja tenía 15 días hábiles para formular alegaciones y lo hizo el 3 de julio, solicitando una ampliación del plazo para estudiar la documentación. El Ayuntamiento respondió que, si bien la solicitud se había presentado dentro del plazo, la resolución sobre la misma “resultará extemporánea”.

La Corporación consideró que “con escasos dos días de antelación al vencimiento, la insuficiencia de recursos humanos y la excesiva carga de trabajo hicieron imposible el reparto y la valoración de la citada solicitud dentro del plazo ordinario”, cerrando el expediente y poniendo fin a la vía administrativa. “Algo tan grave no puede hacerse a la ligera”, lamenta Ángel.

La suspensión de los planes no solo afecta a esta pareja. En El Horno, el Ayuntamiento de Mogán ha proyectado la construcción de diez viviendas sociales con sus respectivas plazas de garaje en una parcela ubicada en la calle Tajinaste. La alcaldesa, Onalia Bueno, adelantó en 2023 que estarían levantadas en un periodo máximo de cuatro años. Pero ahora con el plan parcial suspendido, no está claro que así sea. “En el último pleno, la alcaldesa retiró del orden del día el deslinde de una parcela en El Horno donde se tiene proyectada la construcción de viviendas”, confirma Gabella.

Las obras para “completar la urbanización” del barrio, eso sí, han continuado después de que el Consistorio adjudicara por 1,05 millones de euros a Lopesan la construcción de nuevos viales y dotaciones el pasado mes de mayo. El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, dijo que esos trabajos “favorecerán el desarrollo urbanístico” del pueblo “dado que aumentará la disponibilidad de solares en los que construir viviendas”, casas que, de momento, no se pueden levantar por la ausencia de planeamiento.

Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Mogán, pero de momento no ha obtenido respuesta.