El sindicato ANPE Canarias pide reunirse con el nuevo consejero de Educación para trasladarle las “necesidades” del sector

El sindicato ANPE Canarias ha solicitado por escrito una reunión con el nuevo consejero regional de Educación, Poli Suárez, para trasladarle los desafíos de la educación pública de Canarias, que sigue sin destinar al menos el 5% del PIB a la educación no universitaria, porcentaje exigido por la propia Ley Canaria de Educación.

Como ha destacado en un comunicado el presidente del sindicato a nivel autonómico, Pedro Crespo, en los últimos cuatro años se han dado pasos para mejorar la educación pública de las islas, como el aumento de plantilla, disminución de ratios, mejora de la normativa y de la financiación, pero, a su juicio, “son insuficientes”.

Para continuar avanzando, ANPE valora como “positiva” la iniciativa del nuevo presidente, Fernando Clavijo, que durante el debate de investidura propuso firmar un nuevo pacto educativo en Canarias y ha exigido que se tengan en cuenta sus reivindicaciones de cara a firmar ese acuerdo.

El principal problema, ha señalado ANPE Canarias, es el “déficit crónico de financiación que ha padecido durante años”, porque en la actualidad, a pesar de que se ha aumentado el presupuesto educativo de forma “significativa”, Canarias sigue sin destinar al menos el 5% del PIB a la educación no universitaria, tal como marca la ley canaria. La central sindical ha denunciado que esta falta de recursos persistente “hipoteca las políticas que se pueden llevar a cabo”.

De cara a los próximos cuatro años, ANPE ha propuesto que el nuevo consejero acuerde con las centrales sindicales un calendario de negociaciones que permita ir atendiendo las distintas realidades a las que se enfrentan los docentes, como ha explicado en la nota, apuntando que en esa negociación deben acordarse “nuevas bajadas de ratios alumnado-docente”.

El sindicato ve “perentorio” negociar un calendario plurianual de reducción de ratios que llegue a todos los niveles y que mejore la atención a la diversidad porque se han logrado “reducciones puntuales”, pero es necesario que esas mejoras “se amplíen y extiendan”, ha señalado Crespo.

Asimismo, ANPE echa en falta un “verdadero plan de infraestructuras educativas que permita contar con una red digna, adecuada y suficiente de centros”, porque hay instalaciones “obsoletas y otras que se han quedado pequeñas”, y “no se han eliminado todos los barracones ni las cubiertas de amianto y es urgente seguir techando patios y mejorando la accesibilidad”.

Por otro lado, el profesorado continúa teniendo un “grave problema con la burocratización de la enseñanza, que lejos de reducirse ha ido a más en los últimos años”, por lo que la organización insiste en que “es indispensable poner en marcha medidas de simplificación administrativa”.

Una de las causas de esta sobrecarga de los equipos docentes es la “escasa dotación de personal administrativo en los centros educativos públicos de Canarias”.

Este problema “no es nuevo”, y desde ANPE se ha constatado que “durante el curso pasado se han multiplicado las quejas por parte de los equipos directivos, que insisten en las complicaciones que se viven en los centros educativos por la falta de estos trabajadores”.

Crespo ha indicado que a estos problemas se suma que las plantillas “también están mermadas en los servicios centrales de la consejería y que los aplicativos que se utilizan para acometer todos los procedimientos están obsoletos”, lo que incide “de forma negativa” en la relación entre el docente y la Administración.

Con respecto al personal interino, ANPE ha advertido del “enorme reto” que tiene la Administración sobre la mesa y reclama que el actual proceso de estabilización sea “lo más justo posible para los profesionales que están trabajando en Canarias y pide transparencia en los datos”.

Por otro lado, en relación a los nuevos docentes que se incorporan al sistema educativo, ANPE recuerda que existe un “alarmante déficit de plazas en el máster del profesorado que ofertan las universidades públicas del archipiélago”, una queja repetida que “no ha sido atendida y supone, en la práctica, que los futuros docentes deben abonar tasas altísimas por cursar esta formación obligatoria para ejercer”.

Estos, junto a otros como la mejora del proceso de implantación de la LOMLOE, la posibilidad de realizar online las actividades de periodicidad no fija, la actualización del precio del kilometraje para el profesorado itinerante o la aprobación de un protocolo eficaz de atención a docentes agredidos, son algunos de los retos que debe atender la Administración, ha apuntado el dirigente sindical.