Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde (Gran Canaria) a un hombre, de 33 años y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra el patrimonio, ya que contrataba a personas extranjeras, que no tenían permiso laboral y no les pagaba los salarios pactados.
En la investigación realizada por la Policía Nacional, los agentes localizaron a varias víctimas que habían sido contratadas por la empresa del ahora detenido y comprobaron que se trataba de ciudadanos extranjeros en situación irregular con grandes necesidades económicas y con cargas familiares.
El detenido, que es el máximo responsable de la empresa, se aprovechó de la situación de vulnerabilidad y necesidad de los trabajadores para engañarles y “no” pagarles por el trabajo realizado, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
En concreto, no les daba de alta en la Seguridad Social y cuando lo hacía “siempre” era con retraso o con una duración menor a la trabajada, causándole un “gran perjuicio” a los trabajadores.
El ahora arrestado era contratado en pequeñas obras o reformas en viviendas unifamiliares, que no duraban más de un mes, y así conseguía que los trabajadores acabasen la obra y posteriormente no les abonaba los correspondientes salarios, “a pesar de que en la mayoría de los casos cobraba los trabajos por anticipado”.
Por ello, en ocasiones los trabajadores al no recibir el salario, abandonaban las obras, quedando las reformas sin finalizar, a pesar de que los propietarios habían pagado gran parte del trabajo por adelantado.
En la investigación los agentes también comprobaron que la empresa carecía de cualquier tipo de material de seguridad para la prevención de riesgos laborales de los empleados, tales como arneses o cascos, entre otros, lo que suponía un riesgo para la integridad de los trabajadores.
Asimismo se conoció que el arrestado se quedaba con herramientas propiedad de los empleados. Por todo ello, el responsable fue detenido por un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra el patrimonio.
Actualmente la investigación policial continúa abierta, ya que no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas.