Intervención detectó una docena de irregularidades en los pagos a la empresa que recalificó la finca familiar de Ana Oramas

La Intervención del Ayuntamiento de La Laguna formuló entre 2006 y 2010 al menos una docena de reparos relacionados con los pagos a la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S. L., encargada del Plan Especial de Protección (PEP) del casco histórico. La corporación municipal, presidida entonces por Coalición Canaria, levantó estos reparos y autorizó las facturas que, en total, sumaban casi un millón de euros pese a las advertencias de irregularidad. El documento, redactado y aplicado por esta entidad, permitió recalificar una histórica finca familiar de la entonces alcaldesa Ana Oramas, actual diputada de CC en el Congreso, a pesar de que no fuera el fin último de este texto. A partir de ese momento, la parcela tuvo uso comercial y no residencial público, tal y como publicó Canarias Ahora.

Una de las facturas sobre las que la Intervención formuló un reparo data de 2010, durante la etapa en la Alcaldía del expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Esta transferencia asciende a  547.200 euros y se efectuó por la “prórroga del contrato de asistencia técnica para la gestión del ámbito ordenado por el PEP.” La Intervención advirtió de que la prórroga no se ejercitó antes de que finalizara el contrato y que no se acreditó un informe razonado de esta entidad que expusiera la necesidad de la prestación objeto del contrato. Clavijo levantó el reparo justificando que se cometió “un error material” en la redacción de la fecha de inicio de la prestación del servicio y que la solicitud de prórroga fue presentada en “tiempo y forma” por la empresa adjudicataria.

Otros reparos formulados advertían de irregularidades en pagos de 22.800 euros, 42.666 euros o 17.000 euros. El 27% del dinero se transfirió durante la alcaldía de Oramas. El resto, con Fernando Clavijo al frente del Ayuntamiento. Este periódico ha preguntado a Coalición Canaria acerca de las advertencias de la Intervención sobre estos pagos. El partido se ha remitido a las declaraciones que ofreció Ana Oramas el pasado 26 de febrero en una rueda de prensa convocada para “defender la honorabilidad de su familia” y de los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna. Además, insistió en que Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S. L. “no recalificó la finca”, sino que la decisión fue tomada en el pleno de la corporación municipal. 

La elaboración del PEP fue encargada en 2005 a Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., empresa de la que forma parte María Luisa Cerrillos, que también ocupaba el puesto de directora de la Oficina de Gestión del Plan en el Ayuntamiento. Este documento, que tenía como fin proteger el casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, incluyó como espacios protegidos algunas zonas de la ciudad que sobrepasan el ámbito declarado Bien de Interés Cultural. Entre estos espacios estaba la finca del abuelo de la diputada, Leoncio Oramas, ubicada entre la calle Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega y que funcionaba como cochera de guaguas de la empresa Transportes de Tenerife. 

En la actualidad, este solar alberga las obras para crear un nuevo supermercado de la cadena Mercadona. Antes de pertenecer a Mercadona, pasó por distintos propietarios. Entre ellos, el influyente empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa. El valor de esta parcela de 3.957 metros cuadrados ascendía a 4.580.000 euros. El abuelo de Oramas decidió cederla a la sociedad de Transportes de Tenerife. Según unos documentos ofrecidos por la propia diputada, su familia tenía el 11,1% de esta empresa. “La parte que mi padre recibió por la venta de sus acciones hace doce años fue de 101.750 euros. Mi padre murió hace tres y ninguno de sus diez hijos recibimos nada de eso, porque el dinero se destinó a costear sus cuidados en sus últimos años de vida”, asegura. 

En la comparecencia de la diputada ante los medios de comunicación ofrecida tras las informaciones publicadas por Canarias Ahora sobre el PEP Oramas justificó que la finca de su familia pasa a ser de uso comercial para compensar las dos carencias que tenía el Ayuntamiento: más espacio municipal para oficinas y la falta de un centro ciudadano requerido por la Asociación de Vecinos del casco. “La finca de las antiguas cocheras de guaguas, en el PEP, pasa de ser destinada a viviendas y aparcamientos a que se pueda usar también como comercial por una razón: en el casco histórico no hay edificios ni oportunidad de construir nada”. 

Otro de los objetivos, según la exalcaldesa, fue dotar al Ayuntamiento de espacio y aparcamientos públicos. En este punto intervino Fernando Clavijo, entonces concejal de Urbanismo. Para tratar de cumplir con este objetivo de conseguir equipamiento público, el expresidente acordó la cesión al Ayuntamiento de 18 plazas de garaje en esta parcela a través de un pacto firmado en 2008 con el empresario Antonio Curbelo Robayna, de Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L. Una empresa fundada en Lanzarote en 2004 cuyo administrador único era Bodegas Stratvs - propiedad de Juan Francisco Rosa- y que tenía el pleno dominio de la parcela desde 2007.