Una recalificación de nada
La recalificación del suelo en Valle Tahodio multiplicó por cincuenta su valor: De 300.000 euros a 15 millones. Para ello bastó una decisión tomada desde la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz en los tiempos en los que Miguel Zerolo era alcalde y Manuel Parejo concejal del organismo autónomo.
El acuerdo, además se tomó en contra de los informes técnicos que una y otra vez dictaminaban de forma negativa al convenio que se iba a firmar con el empresario, José Ana Labajos. El resultado años después es que todos ellos están imputados en el conocido como caso Fórum que en Tenerife se llama Operación Lavandera y tiene en la recalificación de Valle Tahodio una de sus patas torcidas.
El convenio finalmente fue anulado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en el año 2010. Y lo hizo además en unos términos que dejaban poco espacio para la duda. El acuerdo era ilegal y no se justificaba esta brutal recalificación de rústicos a urbanizables bajo ningún punto de vista.
Hay que tener en cuenta que si bien Santa Cruz obtenía a cambio más de 300.000 metros cuadrados, en realidad casi todos estaban situados en laderas donde apenas se podían plantar pinos.
En el año 2002, Labajos se reunió con José Manuel Llorca representante de Fórum Filatélico actualmente en busca y captura, en un hotel del Puerto de la Cruz. Fruto de aquel encuentro fue la venta de todos los activos del futuro muelle deportivo de San Andrés, otro de los asuntos investigados, y de Valle Tahodio.
Labajos siguió apareciendo como propietario en ambos casos, aunque en realidad su papel más bien se correspondía al de un testaferro. Era el encargado de cerrar los acuerdos con el Ayuntamiento y Puertos.
Al principio estuvo acompañado del arquitecto, Julio Aumente pero pronto surgieron las desavenencias y éste último optó por apartarse del negocio. En su despacho se encontraría el documento en el que supuestamente se documentaba el pago de sobornos millonarios al Ayuntamiento y a Puertos.
Los terrenos de la urbanización situada en el Parque Rural de Anaga fueron vendidos por 1,2 millones. La recalificación convirtió por arte de magia 42 hectáreas de suelo rústico en urbanizable. Fórum Filatélico conseguiría un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados, de los que el 85% se destinarían a edificaciones de venta libre y el 15% para la construcción de residencias para la tercera edad. A este enclave se pensaba trasladar también el Colegio Hispano Inglés situado en las Ramblas.
La técnica zeroliana para justificar estos negocios estratosféricos pasaba por conseguir como fuera informes técnicos que le resultaran favorables.
Sin embargo, en este caso desde el mismo momento en el que el convenio fue aprobado por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en 2002, se encontró de frente con reparos y cuestionamientos de todo tipo. Los principales se centraban en que parte de los terrenos estaban situados en pleno parque Rural de Anaga de especial protección y bajo la supervisión del Plan Rector.
Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los de la unidad de planeamiento pidieron desde el pricipio que se estudiara la conveniencia y oportunidad de reclasificar estos terrenos, al considerar que no se daban las condiciones para ello.
Desde 2008 la Cotmac también cuestionó el acuerdo y lo anuló totalmente en 2010 cuando el Plan General de Santa Cruz intentó ser aprobado por segunda vez. El convenio no se ajustaba a la legalidad y buscaba el interés particular frente al general, se sentenció.
En realidad desde que explotó el caso Fórum a finales de 2006, el Ayuntamiento intentó desprenderse de la recalificación como si les quemara las manos.
En el sumario, Aumente explica la situación de una forma gráfica: “Cuando Llorca es acusado de blanqueo de dinero de la droga, en la Isla se encendieron todas las alarmas: desde el estudio jurídico, Labajos, la Autoridad Portuaria, Alcaldía... todos, nadie quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella. Nos pedían insistentemente explicaciones que como bien sabéis no podíamos dar”.
Años después Labajos no sólo está imputado sino que ha tenido que hacer frente a millonarias multas fiscales por la venta de los terrenos. Una por valor de 1,5 millones de euros por el impuesto de transmisiones y una sanción por fraude fiscal.
El empresario aseguró que el precio declarado de la venta era ficticio, tal y como ocurrió con la práctica totalidad de los negocios cerrados por Llorca. Labajos y Zerolo basan su defensa en los tribunales en asegurar que nunca se llegó a efectuar la recalificación, sino que ésta era una mera expectativa.
Además, la Audiencia Nacional ratificó otra sanción de medio millón de euros a Labajos por no haberse abonado en su momento el impuesto de sociedades.
