El senador Zerolo niega al Supremo irregularidades en la recalificación del Valle de Tahodio

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y senador de Coalición Canaria Miguel Zerolo ha declarado hoy ante el Tribunal Supremo (TS) que nunca cometió ninguna irregularidad en relación con una recalificación de parcelas en el Valle de Tahodio de la citada isla.

Zerolo, según ha explicado a los medios de comunicación su abogado defensor, ha negado cualquier delito en relación con el procedimiento investigado.

El magistrado Andrés Martínez Arrieta ha interrogado hoy a Zerolo y al empresario José Ana Pérez durante varias horas y ahora deberá decidir si debe desarrollar otras diligencias y si, en función de ellas, solicita al Supremo que pida el suplicatorio contra Zerolo en relación con un posible delito de cohecho.

Sin embargo, lo más probable es que la causa acabe pronto en manos de la Audiencia Provincial de Tenerife, debido a que Zerolo ha anunciado que abandonará el Senado el 31 de diciembre, por lo que dejará de ser aforado. Si Zerolo cumple su palabra, y en función de la reciente jurisprudencia del alto tribunal, el caso dejará de ser competencia del Supremo.

El asunto se centra en los indicios obtenidos a partir de documentos incautados hace ocho años al registrar la sede de Fórum Filatélico, que pusieron de manifiesto posibles delitos en operaciones inmobiliarias en Santa Cruz de Tenerife.

Entre estos hechos figura una recalificación de parcelas en el Valle de Tahodio en 2004, cuya naturaleza es sospechosa y en relación con la cual se investiga si Zerolo pudo recibir sobornos a cambio de autorizarla como alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

Este es el tercer caso que se abre en el Supremo contra Zerolo, senador por designación del Parlamento de Canarias, por su gestión al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (1995-2011).

También se le investiga por una malversación millonaria en la compra por parte del Consistorio de los terrenos anexos a la playa de Las Teresitas.

Además, el pasado 30 de julio fue condenado a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por adjudicación irregular de unas obras en 2003 en un edificio municipal.

Sin embargo, no ha dejado todavía el Senado en cumplimiento de la condena, porque esta cámara tiene dudas sobre si la citada pena afecta a su condición de parlamentario o solo a la de alcalde, dudas que deberá disipar el Supremo. En cualquier caso, el propio Zerolo ha asumido que el 31 de diciembre dejará su condición de parlamentario.