¿Publicidad institucional o propaganda política personalizada?

Podemos mirar hacia otro lado con la resignación de lo inevitable o luchar para cambiar las cosas y que sean como deben ser. Aquí optamos por la segunda alternativa.

En campaña preelectoral se acentúa al máximo la presión de los poderes públicos sobre los medios de comunicación, con intención de utilizarlos como megáfono de su discurso promocional. Podría ser hasta legítimo si determinada línea editorial coincidiese con la ideología de tal partido o que un político, a nivel individual y por afinidades personales, tuviese acceso a un espacio de comunicación específico y lo sufragase de su propio peculio.

La perversión del sistema está en la utilización del dinero público para pagar a algunos medios, afines o propensos a dejarse querer, por manipular a la opinión pública con contenidos falaces e interesados en forma de falsas promesas electorales, a sabiendas de que no se cumplirán, o el discurso autocomplaciente de lo muy bien que ha hecho todo, soslayando la mayor parte de incumplimientos en una o dos legislaturas anteriores, y que a partir de ahora se ejecutarán… “porque ya conocemos el tema en profundidad y podemos resolverlo”.

Se me puede engañar la primera vez; mentirme una segunda por ceder otra oportunidad desde la buena fe; pero si me dejo embaucar la tercera, será culpa exclusivamente mía. No se me pueden contar milongas, por ejemplo, sobre múltiples asignaturas pendientes en cuestión de Patrimonio Histórico y Cultural cuando llevamos una década de inoperancia al respecto.

Con sucesivos y recalcitrantes fracasos como el de abrir la ciudad al mar -uno de los proyectos prioritarios en la primera, segunda, y también lo será en la tercera campaña electoral-. El fallido kilométrico carril bici. La sempiterna playa de Valleseco. Penoso tratamiento asistencial a la exclusión social y a la pobreza extrema que han ido empeorando con los años, cuando hay más gente que nunca durmiendo en la calle.

La contumaz suciedad de nuestra magnífica capital, cuyo esplendor se ha ido al garete en ocho años de desidia porque “había que sanear las arcas municipales”, a cambio de no hacer nada; incluso devolver partidas sin ejecutar, cuando los caudales municipales no sirven para nada guardados en el banco. Una venta de humo envasado al vacío con el evidente objetivo prioritario de mantenerse en la poltrona.

Con un poco más de espacio, convendría atender y analizar todas las áreas de responsabilidad municipal para comprobar sus frustrantes resultados:

a) Consumo, b) Cultura, c) Deportes, d) Educación, e) Empleo, f) Juventud, g) Medio ambiente, h) Urbanismo, i) Patrimonio histórico, j) Igualdad de género, k) Protección civil y seguridad ciudadana, l) Sanidad y servicios sociales, m) Transporte, n) Turismo, ñ) Vivienda, o) Actividades clasificadas y espectáculos públicos.

Quede claro que desde aquí podemos apreciar a la persona y ponderar sus valores en el plano individual como personaje honrado, afable y trabajador; pero como ciudadanos de a pie, y en nombre de la renombrada (solo de oídas) participación ciudadana, nos vemos en la necesidad y obligación de manifestar nuestras discrepancias con la gestión que afecta al municipio; e intentar, con este granito de arena, contrarrestar la presión electoralista sobre la ciudadanía. Sin más interés que el inspirado por el gran amor a una preciosa ciudad que, bien manejada, podría ser un ejemplo a seguir para el resto del mundo.

Habida cuenta que mientras no se resuelva el gran escándalo medioambiental, ecológico y de salud pública, provocado por el desastre de los vertidos fecales masivos y descontrolados en todo el litoral, pero especialmente en la capital, el resto de propuestas, proyectos y promesas, no tienen sentido ni viabilidad ante la catástrofe que se vislumbra si no se ataja esto con carácter de urgencia.

Pero la cuestión más grave a tratar aquí, no es solo la presunta aportación de dinero público a periódicos o emisoras para publicitar una candidatura con medias verdades y falacias enteras, sino también y más importante, para supuestamente “amordazar” posibles críticas adversas.

Así reconocido en algún medio, justificando la felonía en que como “empresa privada puedo venderme o alquilarme, según proceda”. La gravedad del asunto radica en lo que supone de atentado contra la deontología periodística y el espíritu de la comunicación basado en la veracidad, pública o privada, cuyo acceso es un derecho constitucional incuestionable para la opinión pública.

Parece que nos hallamos ante un caso de censura, por haberse borrado espacios, secuestrado programas y vetado personas, sin otro motivo aparente que la inconveniencia de una crítica normal pero no aceptada. Inasumible en un Estado de derecho.