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Los que saben de urbanismo
El pasado viernes, en una foto sin precedentes, la plana mayor de la Administración de Justicia, en representación de todos los trabajadores, ofreció una rueda de prensa para defender que el futuro campus judicial se ubique en el centro administrativo de la capital tinerfeña. La unidad del colectivo sorprendió a propios y extraños, especialmente a los políticos que defienden trasladar la infraestructura al distrito Suroeste de Santa Cruz, a pesar de que hace unos meses esta posibilidad estaba descartada por el propio Gobierno de Canarias, que es el competente. En política hay dos formas de reaccionar a las críticas: o abres la boca para buscar el diálogo o lo haces para ponerte un cuchillo entre los dientes.
Tanto el consejero de Justicia del Gobierno regional, José Miguel Barragán (CC), como el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño (PP), eligieron la segunda opción. El secretario general de los nacionalistas respondió a las críticas acusando a los trabajadores de los órganos judiciales de secuestrar la legitimidad del Ejecutivo. Jueces, fiscales, procuradores, abogados y el resto de funcionarios no tienen derecho a expresar su opinión, pese a que son los principales afectados, junto a los usuarios, por el traslado de las instalaciones judiciales a la periferia.
Lo llamativo es que Barragán, que se mueve muy bien en el papel de perro guardián de los intereses de CC, fue uno de los políticos que defendió con uñas y dientes la construcción del puerto de Granadilla, algo que solo fue posible por la decisión del Gobierno de crear una norma para desbloquear una resolución judicial que impedía llevar a cabo la infraestructura por la protección de los sebadales. Un acto que, siguiendo el manual empleado por el consejero, se podría catalogar como un secuestro de la Justicia para, desde el Ejecutivo, adaptar la legislación a los intereses particulares. No parece que el político majorero sea el más adecuado para impartir lecciones de democracia.
Pero si la salida de Barragán estuvo fuera de lugar, la del concejal chicharrero no se quedó atrás. En unas declaraciones al periódico La Opinión de Tenerife, realizadas el mismo día de la rueda de prensa, Garcinuño aseguró que existen jueces que no saben “nada o casi nada” de urbanismo. El edil del PP reaccionó así a las declaraciones del presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, que delante de los medios de comunicación aseguró algo tan obvio como que detrás de la decisión del Ejecutivo existen “intereses urbanísticos”.
Hay que recordar que son urbanísticos, únicamente, los argumentos oficiales para justificar el traslado. Ahora toca averiguar a quiénes beneficia la decisión de ubicar una infraestructura de tal envergadura en la zona del Muñeco de Nieve, con la consiguiente revalorización de los terrenos colindantes. Lo que ya sabemos es que el distrito Suroeste es la bolsa de suelo privado urbanizable más importante de Tenerife. También es un hecho que su traslado justificaría otras grandes inversiones como el tranvía o la Vía Exterior, que se enfrentan a una importante contestación social y que se convertirían en irrenunciables para solucionar el problema de accesibilidad que supondría la apertura de una instalación por la que pasan, como mínimo, unas 3.000 personas al día. De igual modo, ha quedado probado que justo delante del actual Palacio de Justicia, en una parcela de Cabo Llanos que se expropió en base al interés general, el Ayuntamiento impulsa un pelotazo hotelero valorado en 30 millones de euros.
Garcinuño viene a decir que los que saben de urbanismo están en la Gerencia y no en los tribunales, donde se juzgan las tropelías que durante años han cometido los gestores políticos de la capital tinerfeña, con la imprescindible ayuda de algunos funcionarios. Y no se equivoca el concejal en una cosa. Un magistrado no tiene por qué ser un experto en cuestiones urbanísticas. Lo que debe exigirse a sus señorías es que apliquen las leyes con justicia y que conozcan al detalle la jurisprudencia. Eso sí, siempre de forma independiente. Esto no quita para que existan jueces que se hayan convertido en auténticos expertos en la materia, a raíz de las numerosas causas abiertas en los juzgados, especialmente en los ámbitos contencioso-administrativo y penal. En ese grupo entra la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a la que pertenece Landete, sobre la que recae la responsabilidad de resolver el caso Las Teresitas. Lo que no parece de recibo es que el edil pretenda que los ciudadanos se crean que son los que gestionan el dinero público los que de verdad conocen las reglas del urbanismo y los que las aplican de manera responsable. Y menos en Santa Cruz de Tenerife.
Los que saben de urbanismo son los mismos que no han ejecutado la sentencia que obliga a derribar el mamotreto de Las Teresitas. Los que saben de urbanismo se reunieron el 5 de enero de 2016, con las bolsas de los regalos de Reyes debajo de la mesa, para aprobar un Plan Especial que vuelve a caer en algunos vicios que ya cometieron los anteriores gestores municipales y que, por ejemplo, plantea pagar con el dinero de todos la urbanización de unos terrenos cuya titularidad está pendiente de un pleito civil. Hechos que el pasado jueves, el día antes de que a Garcinuño se le calentara la lengua, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción llevó a la mesa de la fiscal María Farnés Martínez. Otra que no sabe de urbanismo pese a ser capaz de reconocer cada coma de los miles de folios que componen el sumario del caso Las Teresitas.
Los que saben de urbanismo aprobaron la construcción de un edificio de aparcamientos y otros negocios en primera línea de playa. Una operación completamente ilegal por la que han sido condenados a entrar en la cárcel, a falta de que se resuelva el indulto que han solicitado, los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, así como la exarquitecta municipal Loreto Ariz. Todo por culpa de los que no saben de urbanismo, o lo que es lo mismo, la fiscal de medio ambiente, la jueza de primera instancia, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
Los que saben de urbanismo, con el exalcalde Miguel Zerolo a la cabeza, están pendientes de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dicte la esperada sentencia del caso Las Teresitas. Un procedimiento en el que ha quedado probado que la Gerencia de la capital tinerfeña pagó alrededor de 35 millones de euros de más por las once parcelas del frente de playa, en contra del criterio de una arquitecta municipal. Los que saben de urbanismo también hicieron la vista gorda cuando conocieron los indicios que apuntaban a que parte del suelo que se compró podía ser de propiedad pública. El Tribunal Supremo, donde no saben nada o casi nada de urbanismo, anuló en 2007 toda la operación.
Los que saben de urbanismo se sentarán en el banquillo de los acusados la primera semana del mes de julio. Será entonces cuando la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, donde tampoco saben nada de urbanismo pero acaban de condenar la corrupción que durante años campó a sus anchas por el municipio de Arona, juzgue la compra de la conocida como casa Siliuto. Un procedimiento que recuerda, en miniatura, lo ocurrido con Las Teresitas. El Ayuntamiento pagó más de 300.000 euros por el inmueble, por encima de la valoración que realizaron sus técnicos. De nuevo, los que saben de urbanismo, en este caso los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo, acompañados por el funcionario Víctor Reyes, se enfrentan a importantes penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular.
Los que saben de urbanismo también permitieron durante años que en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, ay si César Manrique levantara la cabeza, se celebraran fiestas ilegales sin que el dinero recaudado, a pesar de llevarse a cabo sobre un suelo público gestionado mediante concesión, repercutiera en las arcas del Ayuntamiento. A esos eventos acudían los que saben de urbanismo, pero nunca hicieron nada para evitar que un empresario se hiciera de oro gracias a la pasividad política.
Los que saben de urbanismo también impulsaron una carretera en el barranco de Santos que terminó por costar más de 100 millones de euros, muy por encima de la cantidad prevista. Son los mismos que avalaron un cambio de trazado que oportunamente invadió las propiedades de varios vecinos, entre los que se encontraban familiares de uno de los redactores de la obra. Los que no saben de urbanismo, o sea los magistrados del Tribunal Supremo, condenaron al Consistorio al pago de una indemnización millonaria a la que todavía tienen que hacer frente todos los chicharreros.
Es probable que Garcinuño sepa mucho de urbanismo, sobre todo si se tiene en cuenta su formación como arquitecto, pero no puede pretender que los ciudadanos se fíen de las intenciones de un Ayuntamiento que ha sido gestionado históricamente desde los intereses particulares. Sobre todo cuando se intenta aplastar cualquier tipo de oposición con descalificaciones en vez de abrir el diálogo. Después del calentón del fin de semana, aprovechando que para llegar a Las Teresitas hay que pasar por Valleseco, el alcalde José Manuel Bermúdez tendió la mano a los trabajadores de la Administración de Justicia para buscar el consenso. Una sutil manera de devolverle a Barragán el plantón que CC le ha hecho en los Presupuestos Generales del Estado. Aunque sea consecuencia de la guerra existente entre los nacionalistas, más vale abrir vías al entendimiento que echar un pulso para ver quién sabe más de urbanismo. Sobre todo porque hasta ahora en esos enfrentamientos siempre han perdido los mismos: los ciudadanos.
El pasado viernes, en una foto sin precedentes, la plana mayor de la Administración de Justicia, en representación de todos los trabajadores, ofreció una rueda de prensa para defender que el futuro campus judicial se ubique en el centro administrativo de la capital tinerfeña. La unidad del colectivo sorprendió a propios y extraños, especialmente a los políticos que defienden trasladar la infraestructura al distrito Suroeste de Santa Cruz, a pesar de que hace unos meses esta posibilidad estaba descartada por el propio Gobierno de Canarias, que es el competente. En política hay dos formas de reaccionar a las críticas: o abres la boca para buscar el diálogo o lo haces para ponerte un cuchillo entre los dientes.
Tanto el consejero de Justicia del Gobierno regional, José Miguel Barragán (CC), como el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño (PP), eligieron la segunda opción. El secretario general de los nacionalistas respondió a las críticas acusando a los trabajadores de los órganos judiciales de secuestrar la legitimidad del Ejecutivo. Jueces, fiscales, procuradores, abogados y el resto de funcionarios no tienen derecho a expresar su opinión, pese a que son los principales afectados, junto a los usuarios, por el traslado de las instalaciones judiciales a la periferia.