La empresa de Antonio Plasencia ofertó al Cabildo de Tenerife el edificio para oficinas sin antes saber si se autorizaría su uso como geriátrico

La empresa Carlacand, de la familia del constructor Antonio Plasencia, hizo una oferta, luego aceptada, al Instituto de Atención Social Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, para vender por 23 millones su edificio de oficinas de 13 plantas en Cabo Llanos (municipio de Santa Cruz de Tenerife) y además aportó un anteproyecto de un estudio de arquitectura para adecuarlo al uso sociosanitario por 6,1 millones más, todo ello sin que tuviera por escrito del Ayuntamiento capitalino la certeza de un cambio de uso de oficinas a sociosanitario, lo cual era y es imprescindible para el éxito de la operación.

De hecho, en octubre pasado, cuando Carlacand registró en el IASS su ofrecimiento, admitió que la compraventa quedaba “condicionada” a que el Ayuntamiento “garantice” ese cambio de uso. El IASS solicitó a la Gerencia de Urbanismo al mes siguiente esa confirmación. Según consta en el informe emitido por este organismo santacrucero, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, el IASS registró su solicitud el 26 de noviembre, y la respuesta se emitió el 10 de diciembre, es decir, 14 días naturales después.

Urbanismo, en un informe que firma la secretaria delegada, Belinda Pérez Reyes, concluye que, según los usos previstos en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 -anulado por sentencia judicial del TSJC y pendiente de que esta sea firme, tras el recurso de casación ante el Supremo del propio Ayuntamiento- “se considera viable el cambio de oficinas a equipamiento socioasistencial” .

No obstante, en el apartado de “antecedentes urbanísticos, planeamiento según el que se concedió la [primera] licencia”, la funcionaria recuerda que en el estudio detalle de esta manzana “el uso queda explícitamente predeterminado” en terciario comercial y oficinas, “y no se establecen tolerancias con otros usos (como sí ocurre con otras manzanas del polígono CEPSA-DISA)”. 

El informe de Urbanismo expone que, posteriormente, la adaptación básica del PGO incorpora las determinaciones de una modificación del Plan General aprobada definitivamente por la Cotmac en 2005, en desarrollo del convenio urbanístico suscrito entre DISA y la Gerencia de Urbanismo ese año, de modo que se cambian las alineaciones de la manzana 11, “pero señala de forma expresa que no se alteran sus condiciones de uso”. 

En el supuesto de que el PGO fuera definitivamente anulado por el Tribunal Supremo, el informe del Ayuntamiento también ve posible el cambio de uso a sociosistencial con arreglo a las normas urbanísticas anteriores que quedarían vigentes, ya que este no se encuentra prohibido en el área. En cualquier caso, se deberá cumplir con las condiciones particulares de los usos referidos en el párrafo anterior.

Más condicionantes: el Registro de la Propiedad y los financieros

Para formalizar la compraventa aún es preciso legalmente otro trámite, aparte de ese cambio de uso urbanístico. En la propuesta de acuerdo finalmente aprobada en el consejo rector del IASS del pasado 28 de diciembre (con la única abstención de Podemos), se advierte de que “actualmente consta en el expediente nota simple del Registro de Propiedad correspondiente a la parcela, estando condicionada la adquisición a que la empresa propietaria proceda al otorgamiento de la escritura de declaración de obra nueva en construcción, así como su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad”.

En un procedimiento que evolucionó a toda prisa en el último trimestre de 2018, se da la circunstancia de que el informe favorable de la Intervención delegada a tramitar esta compraventa en realidad es un sí condicionado a que se acredite de manera formal el compromiso del Cabildo de aportación de esos fondos al IASS para cubrir los 29 millones de inversión.  

En realidad, el IASS no disponía de dinero para esta operación, solo 6,4 millones de los 29 millones necesarios, si bien 23 son los que deberá pagar de una tacada por el inmueble, y los 6,1 restantes a medida que la empresa de Plasencia vaya justificando las obras de adecuación del inmueble como residencia de ancianos.

Como aparece en el expediente, el dinero preciso se completará con dos modificaciones presupuestarias del Cabildo a favor del IASS por 18,3 millones, de los que 13,5 son por suplemento de crédito y cinco créditos procedentes del convenio de cooperación firmado a finales de 2017 con el Gobierno canario para construir infraestructuras sanitarias y reformas de las ya existentes. 

Sin embargo, la premura del IASS por cerrar este negocio con Plasencia llevó a que en la propuesta de acuerdo firmada por Juana María Reyes, directora de este organismo autónomo, se aludiera a que, según un informe del servicio económico financiero, se está “a la espera de la tramitación por parte del Cabildo del otorgamiento de las citadas aportaciones par acreditar la existencia formal del compromiso de aportación”, como obliga la normativa vigente.