La Fiscalía frena la declaración de los testigos del caso NAP para interrogar primero a los 14 investigados

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha decidido cambiar la hoja de ruta establecida inicialmente por la jueza del caso NAP, que el pasado 21 de septiembre citó a más de 30 testigos en la causa que investiga una presunta malversación de 12 millones de euros en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) del Cabildo de Tenerife. A petición del Ministerio Público, la magistrada ha dictado una nueva providencia para dejar sin efecto el calendario de las declaraciones señaladas, que tenían que haber comenzado el pasado viernes 5 de noviembre, con el objetivo de que sean los 14 imputados los primeros interrogados durante la instrucción, según MírameTV.

La decisión de la magistrada supone retrasar la declaración de los más de 30 testigos citados, la mayoría inversores privados del NAP, para que acudan en primer lugar los investigados, entre los que figuran los expresidentes del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior y Carlos Alonso. Según la providencia dictada por la magistrada, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, todavía no hay fecha para el interrogatorio de los imputados, ya que la jueza ha decidido abrir antes las actuaciones para que pueda ser consultadas por las defensas.

Con el objetivo de asegurar las garantías legales que amparan a toda persona investigada, en cumplimiento con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la magistrada ordena dar “traslado de copia de la denuncia formulada, estando las actuaciones a disposición de las partes” en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona “para su acceso una vez se termine de escanear toda la documentación”. No será hasta que finalice este trámite cuando “se fijarán las fechas de las declaraciones de investigados y testigos”, según la providencia. 

La Fiscalía presentó el pasado 12 de julio una denuncia por la presunta comisión de delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación en la gestión de la sociedad NAP de África Occidental-Islas Canarias. Los hechos ponen en el punto de mira judicial el desvío de 12 millones de dinero público para tapar los agujeros de una empresa en números rojos y permitir que los accionistas privados, que acumulaban más del 50% de la entidad, no sacrificaran ni un céntimo. 

Una operación de rescate que se realizó desde las arcas del ITER, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar la declaración en calidad de investigados de los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública que aprobaron la absorción de la entidad, sin tener en cuenta que se encontraba en causa de disolución, y la compra de todas las acciones privadas a su valor nominal.

Además de Carlos Alonso y Ricardo Melchior, el Ministerio Público ha pedido la imputación del exvicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu (PSOE); el actual viceconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE); el exdirector-gerente del ITER, Manuel Cendagorta; el expresidente de CajaCanarias Álvaro Arvelo; la actual consejera delegada de la entidad INtech Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito; el anterior rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López García (CC) y Jesús Morales (CC); el exconcejal de Urbanismo de Granadilla Esteban González (PP); y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez.