El Cabildo advierte de que las licencias otorgadas en el casco histórico de La Laguna son nulas
La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo tinerfeño ha lanzado una seria advertencia: las licencias otorgadas durante la última década por parte del Ayuntamiento de La Laguna, en el casco de Aguere declarado Patrimonio de la Humanidad, son nulas. La razón es que los expedientes nunca fueron sometidos al dictamen previo de este organismo sino que fueron concedidas de forma directa por la Corporación local. Desde La Laguna se indica que la legislación es muy clara y apunta que cuando un núcleo dispone de Plan Especial, su Ayuntamiento puede dar estos permisos sin recabar el parecer de otras instituciones.
A finales del pasado año la Comisión abordó un dictamen jurídico en el que de forma contundente se concluía que las licencias otorgadas son contrarias a la Ley de Patrimonio Histórico. En todos los casos se obvió el requisito de tramitar las autorizaciones previas por parte de la institución insular. Las consecuencias que se derivan de este hecho no serían desde luego menores: sobre todas y cada una de las licencias otorgadas directamente por el Ayuntamiento planea la duda de su posible nulidad.
Por encargo de la Gerencia de Urbanismo y con anterioridad, un grupo de profesores universitarios que participaron en un grupo de investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna se había pronunciado sobre esta cuestión. En sus conclusiones se circunscribe el incumplimiento a las licencias de obras mayores.
Lo cual tampoco resultaría muy tranquilizador, dado que estas últimas suponen un grupo mucho mayor que las menores. El encargo fue realizado después de que durante varios años hubiesen surgido diferencias en la interpretación y de aplicación en las normas.
Pero más allá de tratarse de un problema teórico, los miembros de la Comisión Insular consideran que se está incurriendo en un “incumplimiento sistemático” por parte del Ayuntamiento y que, ademas, lejos de ser casual se llevaría a cabo “en gran medida de forma voluntaria”. El Cabildo recoge que en su artículo 222 el Plan Especial de Aguere deja clara la obligación de contar con esta autorización insular para los inmuebles catalogados como bienes de interés cultural, entre otros supuestos. De lo contrario se podrían ver afectados los valores que dieron lugar a su protección.
“Es decir, que sin entrar en la diferente naturaleza de las figuras y su régimen jurídico o de cuando es necesaria la obtención de una o de otra, el hecho cierto es que multitud de actuaciones permitidas por ese Ayuntamiento han sido llevadas a cabo sin obtener ni autorización ni previa conformidad, con lo que inevitablemente en muchas intervenciones que han variado la fisonomía del Conjunto Histórico de La Laguna no ha existido control alguno por parte del Cabildo”.
El acta de la Comisión de Patrimonio recogía que ya habían sido varias las ocasiones en las que se había advertido al Ayuntamiento sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría de las licencias fueron otogardas durante el tiempo en el que actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ejercía como alcalde de La Laguna.
La opinión de los miembros de la Comisión es relevante en cuanto que está formada por historiadores, técnicos y arquitectos especializados en cuestiones de Patrimonio Histórico. Todos ellos acordaron instar a la Gerencia de Urbanimos para que informe sobre cada una de las licencias otorgadas a lo largo de la última década que no cumplieron con el supuesto trámite de informar previamente al Cabildo. A partir de ahí se podría llevar a cabo su revisión de oficio, o lo que es lo mismo, su anulación. Un hecho con pocos precedentes en la historia de los núcleos declarados Patrimonio de la Humanidad de todo el mundo.
La respuesta del Ayuntamiento a los requirimientos del Cabildo ha sido dar la callada por respuesta y remitirse al informe elaborado por los profesores universitarios pese a que en parte dan la razón al propio Cabildo. “Por lo que parece que o bien no ha reparado en las consecuencias” de lo ocurrido, “o bien lo ha hecho pero entiende que ello no le obliga a actuar”. El Ayuntamiento, como mucho, llega a aceptar la necesidad de contar con un permiso previo pero niega que su contenido sea vinculante. Desde Aguere se considera que el papel del Cabildo se circunscribe a ejercer una mera tutela y considera que en este tipo de procedimientos, la institución insular “no aporta nada nuevo”.
No es del mismo parecer el dirigente de Sí se puede, Pedro Arcila, para quien “podríamos estar ante uno de los mayores y más silenciados atentados a nuestro patrimonio histórico canario”. Arcila considera que gran parte de las licencias otorgadas han infringido el Plan Especial en aspectos como incumplimientos de niveles de protección.
“Por ejemplo, en algunos casos se consintieron obras que significaron la demolición casi total de inmuebles con grado de protección integral o protección ambiental; en otros se autorizó la destrucción de elementos protegidos de determinados inmuebles o del Conjunto Histórico, y también se concedieron licencias que autorizaban la ocupación privativa espacios libres públicos”.
Por todo ello, el abogado sentencia: “Estamos asistiendo al descubrimiento del mayor caso de destrucción programada de los valores de un conjunto histórico excepcional como consecuencia de un irresponsable modelo de gestión que pivotaba entre los caprichos de una multinacional del sector y la incompetencia y el clientelismo de los responsables políticos municipales”.
