La oposición reclama al alcalde lagunero que reparta el personal eventual según el acuerdo plenario de la semana pasada

Los portavoces de los cuatro partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio (Unidos Se Puede), Antonio Alarcó (PP), Santiago Pérez (XTF-NC) y Teresa Berástegui (Ciudadanos), han presentado un escrito por registro en el que se requiere al alcalde, José Alberto Díaz (CC), para que ejecute de inmediato el acuerdo plenario que lo obliga a “adscribir a cada grupo político, con carácter proporcional al de los concejales que lo integren, un número adecuado de personal eventual para la realización de las tareas de apoyo y asesoramiento indispensables, las que corresponden a los grupos como órganos del Ayuntamiento, tal y como prevé el artículo 55.4 del Reglamento Orgánico municipal”.

Además, el mismo escrito advierte al alcalde de las consecuencias legales del incumplimiento de su obligación de ejecutar el acuerdo del pleno del Ayuntamiento lagunero de la semana pasada.

Los portavoces de la oposición recuerdan en su escrito que en la sesión ordinaria del pleno celebrada el día 12, en el punto nº 5 del orden del día, se rechazó por mayoría absoluta (14 votos contra 10) el dictamen de la comisión de Presidencia y Planificación (había sido aprobado con el voto de calidad de Mónica Martín, presidenta de la comisión) sobre el recurso de reposición presentado por Santiago Pérez acerca de la adscripción de personal eventual a los grupos políticos.

“El rechazo del pleno al dictamen de la Comisión supone la estimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del pleno de 12 de abril, punto nº 31, y por lo tanto de la solicitud formulada en dicho recurso, que es la siguiente:

- Primero, adscribir a cada grupo político, con carácter proporcional al número de miembros que lo integren y dentro de los límites establecidos en el art. 104, bis 1.f), de la LRBRL, un número adecuado de personal eventual, nombrado por la Alcaldía a propuesta del grupo respectivo, para la realización de las tareas de apoyo y asesoramiento indispensables para el ejercicio de sus funciones corporativas que corresponden a los grupos como órganos del Ayuntamiento. Todo ello en cumplimiento del artículo 55.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y en garantía de los derechos fundamentales a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y de participación política en condiciones de igualdad (art. 23.1 y 2 CE), es decir sin discriminaciones injustificadas.

- Segundo, instar a la Alcaldía, en cumplimiento del artículo 21.1.r de la LRBRL, a ejecutar este acuerdo con carácter inmediato“.

Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede, asegura que es inédito en la etapa democrática reciente que el equipo de Gobierno acapare el 100% del personal eventual, un equipo de solo nueve concejales con 27 personas adscritas y un coste para las arcas municipales de cerca de un millón de euros.

Ascanio afirma que José Alberto Díaz ha usado “informes a la carta para justificar que el Gobierno controle a ese personal, e incrementó las asignaciones previstas a los grupos municipales de forma injustificable”.

Estas asignaciones incrementaron el coste político del Ayuntamiento lagunero, con la modificación presupuestaria nº 27/2016, que detraía unas cantidades destinadas a las obras de San Luis Gonzaga y un incremento inicial de 43.750 euros para los seis grupos políticos. Estos acordaron un incremento de esas partidas de 210.000 euros, 35.000 euros anuales para cada uno de los grupos, aunque Unidos Se Puede y XTF las rechazaron al entender que era ilegal su uso para contratación directa de personal.

“Hemos pedido en varias ocasiones en el pleno que se produzca una reducción del gasto político municipal, acabando con el incremento de asignaciones acordado y adaptando los salarios políticos y de eventuales a la realidad social y económica del municipio, un ahorro que se podría cuantificar en cerca de 500.000 euros anuales”, explica Ascanio.

El gobierno de CC-PSOE, según el portavoz de la formación lagunera, “está haciendo un acaparamiento de este personal que no se corresponde a lo que sucede en otros municipios, donde se aplica la Ley de Grandes Ciudades, lo que no deja de ser indicativo del nivel político que tenemos en este momento en La Laguna, aparte de su coste para la ciudadanía”.