La secretaria del pleno da la razón a XTF y Unidos Se Puede en la adscripción de personal eventual a los grupos

Un informe de la nueva secretaria general del pleno en el Ayuntamiento de La Laguna, Ana Merino, habilitada nacional, da la razón a los grupos de la oposición de izquierdas, Unidos Se Puede y XTF-NC, en dos asuntos fundamentales que se vienen discutiendo durante todo el mandato: que la Ley de Bases prohíbe literal y taxativamente dedicar las asignaciones de los grupos políticos al pago de remuneraciones de personal y que no hay obstáculo legal alguno que impida adscribir personal eventual a los grupos de la oposición.

Los portavoces de ambas formaciones, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, recordaron este viernes en una nota de prensa conjunta que el alcalde José Alberto Díaz “se sirvió a principios de mandato de un informe sesgado, encargado verbalmente a una funcionaria de los servicios jurídicos, para imponer su decisión de monopolizar todo el personal eventual, despojando a los grupos de la oposición del derecho que les reconoce la legislación vigente”, se recoge en un comunicado.

Ahora, la Secretaría confirma que, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Bases y el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), “no existe impedimento legal para adscribir personal eventual a los grupos políticos”. Ante esto, la oposición estudia presentar una querella contra el alcalde por prevaricación, por su decisión de acaparar todo el personal eventual para el Gobierno local y por la violación del derecho fundamental a la participación en condiciones de igualdad de los cargos públicos establecido en las leyes.

Pérez afirmó que “en el anterior informe, como decimos encargado verbalmente y a posteriori, con la decisión de despojar a la oposición de sus derechos ya consumada, señalaba en sus conclusiones que todo el personal eventual correspondía al Gobierno municipal”. Y también que los grupos políticos de la oposición podían “contratar en régimen de derecho civil o laboral con cargo a su dotación económica (y por tanto violando el art. 73.3 de la Ley de Bases) al personal de apoyo necesario, ya que 'no existe obstáculo legal' para que el grupo político, en ejercicio de su autonomía y con cargo a la dotación económica que le sea asignada, formalice los contratos privados que considere convenientes con profesionales externos (por ejemplo de asesoramiento), así como las contrataciones laborales oportunas, respondiendo solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de ellas”.

El portavoz de XTF aclaró que esta actuación se hizo “para quedarse con todo el personal eventual, por lo que impusieron a los concejales y grupos políticos de la oposición un doble régimen jurídico ilegal y discriminatorio”. El alcalde “quería obligar a los grupos y concejales de la oposición a violar la legalidad y a asumir responsabilidad jurídica y patrimonial (”respondiendo solidariamente respecto a todos los aspectos derivados de ellas“) por la contratación del personal de apoyo y asesoramiento que necesitan para el ejercicio de su cargo representativo”.

En la misma línea, Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede, cree que con aquel informe, el de la nueva secretaria, “queda en evidencia una alcaldada que hemos sufrido desde el minuto uno y nos colocaba como el único municipio de similar población de Canarias en el que los grupos de la oposición no podían disponer de personal de apoyo para el desempeño de sus funciones, algo que no ocurría en La Laguna al menos desde 1999”.