Una sentencia del Tribunal Supremo pone en peligro los cargos de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

“El pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que [...] impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con respecto a un caso de transfuguismo que se produjo en el Ayuntamiento de Font de la Figuera (Valencia). El fallo afecta de forma directa a la situación de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Alonso fue expulsada de Ciudadanos después de su apoyo determinante a la moción de censura que arrebató la Alcaldía a Patricia Hernández (PSOE) para dársela a José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), cuyo partido había sido desbancado del poder después de 30 años en las pasadas elecciones de mayo. En la actualidad, Alonso es segunda teniente de alcalde, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, de Promoción Económica y Medio Ambiente.

Según la sentencia del Supremo, el artículo 73.3 de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local “disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, tomando como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal”.

El PSOE alcanzó la Alcaldía después de un acuerdo con dos concejales de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano.

Lazcano renunció a su cargo como concejal de Urbanismo, días después Evelyn Alonso tomó posesión como concejala. Ese mismo viernes, firmó en una notaría con CC y el PP su apoyo a la moción de censura, que según los partidos pretendía “devolver la estabilidad a la ciudad” y evitar la “involución”. La moción fue presentada poco tiempo después de que el gobierno socialista lograra un acuerdo para recuperar gran parte del dinero malversado en el caso Las Teresitas, por el que entraron en prisión el empresario Antonio Plasencia, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife de Coalición Canaria Miguel Zerolo, así como su entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.