El Ayuntamiento recula y habla con los promotores de Miraflores para estudiar opciones y salvar las fachadas históricas
Un viraje en toda regla. De negar cualquier esperanza de salvación para inmuebles históricos a negociar con los promotores que se salven las fachadas. Es el sorprendente giro que ha dado el Gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) desde hace pocos días, tras estar enfrentado abiertamente al Cabildo (CC-PSOE) por seis inmuebles que para el Servicio Insular de Patrimonio Histórico, desde 2006, merecen conservarse. De ellos, tres ya han sido demolidos y otros tres quedan en pie, en el antiguo barrio de Miraflores.
Esta reivindicación la ha abanderado la asociación Nuestro Patrimonio (de la que se han hecho eco varios grupos de la oposición municipal) y cuya petición al Cabildo desencadenó que se paralizara de forma cautelar en diciembre pasado un derribo, si bien la demolición se llevó a cabo (junto a otros dos inmuebles) con un informe encargado a posteriori por el Ayuntamiento al CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), fundación internacional con sede en La Laguna que le dio un polémico aval para dar la puntilla a los inmuebles.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), acompañado de la primera teniente de alcalde, Zaida González (PP); del octavo teniente de alcalde, Juan José Martínez (CC), y del concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), recibieron este viernes en el Ayuntamiento a propietarios de los inmuebles situados en el entorno de la calle Miraflores para valorar conjuntamente la búsqueda de una solución que conjugue la conservación y la necesaria regeneración urbanística de esa zona céntrica de la capital.
El Gobierno municipal informa de que, “desde el reconocimiento de los derechos que asisten a los propietarios de los inmuebles de solicitar la correspondiente licencia de obra y su consiguiente puesta en marcha, Bermúdez abogó por el cauce del diálogo con los propietarios como fórmula para analizar conjuntamente posibles alternativas que compatibilicen las distintas posturas”.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, comunicó la posibilidad de estudiar la elaboración de un programa de actuación sobre el medio urbano (PAMU), en el que tendría cabida la recuperación de fachadas de los inmuebles, siempre y cuando los propietarios lo compartan y estén de acuerdo.
En el encuentro, de carácter preliminar, se acordó por ambas partes mantener una nueva reunión en septiembre para concretar las diferentes alternativas.
Los informes de los funcionarios de Patrimonio Histórico del Cabildo son concluyentes, y datan de 2006 y 2007, y 2010, cuando ya propusieron al Ayuntamiento proteger 550 inmuebles, de los cuales los redactores de la anterior revisión del Plan General de Ordenación (Palerm, Tabares de Nava y Senante) solo dieron un grado de protección a una veintena, lo que ha permitido que se hayan derribado ya varias decenas, a pesar de que, para salir del trance, admitieron que eran “susceptibles de futura catalogación”.
Eran los tiempos de Miguel Zerolo como alcalde, y este millar de edificios valorados por el Cabildo permaneció en el olvido hasta que el año pasado la asociación Nuestro Patrimonio aireó este asunto, pues los técnicos del Cabildo no han cambiado de parecer y el Ayuntamiento carece aún de justificación técnica que contradiga a los funcionarios insulares (en el caso de los inmuebles de Miraflores, hay que recordar que el Gobierno municipal ha tenido que encargar informes externos a expertos en patrimonio, con los trabajos de la urbanización ya en marcha).
Lo que aún pueden salvarse son tres edificios. Uno de ellos es la Casa Clavijo, en la calle de Miraflores, de estilo modernista y obra del arquitecto Antonio Pintor en 1927, sobre la que los técnicos del Cabildo han dicho que, “de forma taxativa, debiera estar catalogado, por su magnífica fachada”.
Otro es una construcción de tres plantas en la calle Juan Padrón esquina con Carmen Monteverde, obra también del arquitecto citado anteriormente, construida en 1908. El promotor de este inmueble fue Enrique Pérez Soto, “una destacada personalidad santacrucera que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de esta gran vivienda para que fuera la primera oficina de CajaCanarias, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910. También proponen catalogar un edificio situado entre las calles Juan Padrón y Miraflores, proyectado en 1951 por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada.
Será casualidad o no, pero el día en que el portavoz municipal de Sí Se Puede y abogado experto en derecho urbanístico y medioambiental, Pedro Fernández Arcila, advirtió al Gobierno municipal de que podían cometer un delito si autorizan esas demoliciones, el alcalde anunció su intención de negociar con los promotores para salvar las fachadas en cuestión.
Este viernes ha comenzado esa negociación, para alegría de los defensores del patrimonio histórico, que cada día son más en la capital tinerfeña, como se puede observar en las redes sociales.
